Por segunda vez fue retrasado el envío al Congreso del proyecto de Ley de Migraciones por parte del gobierno. Como ocurrió en diciembre de 2015, este 31 de marzo venció nuevamente el plazo del ejecutivo para ingresar la iniciativa al Senado, sin fijarse una fecha para que esto ocurra.
La razón es que el gobierno estaría revisando el proyecto que reemplazará la ley creada en 1975. Según ha trascendido, habría dudas sobre algunos aspectos permisivos en normas de ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
El senador PPD Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, ha manifestado su interés en que el proyecto se envíe a la brevedad al Congreso. «Si el gobierno no lo hace, vamos a tomar todos los aspectos de la iniciativa que no necesitan patrocinio del Ejecutivo y los vamos a presentar nosotros, porque Chile necesita un instrumento para abordar los complejos desafíos de la migración», ha señalado a la prensa.
Las críticas al proyecto
Para un reportaje incluido en nuestra última edición, El Ciudadano conversó con dirigentes de las comunidades de inmigrantes, quienes coinciden en su rechazo a la Ley de Migraciones.
Para el abogado peruano y secretario general de la Coordinadora Nacional al Migrante, Rodolfo Noriega, el espíritu de esta iniciativa es “incongruente”, porque la plantearon como una ley que tenía que tener un enfoque de derechos humanos y, en cambio, su línea está basada en la seguridad. Noriega compara la legislación actual, creada en dictadura, con la propuesta del Gobierno. El binomio seguridad de Estado “se repite en más ocasiones que en el texto de Ley de Extranjería vigente”, señala. De acuerdo a esta observación, la futura Ley de Migraciones sería más represiva que la instaurada por el dictador.
El jurista destaca que las facultades que tiene la policía en la ley que se viene son más amplias porque pueden “juzgar si sales o no del país, la aplicación o no de la ley y considerar informes de las policías vecinas para decidir si tienes derecho o no a ingresar”. Además, critica que “van haber centros de retención o detención de extranjeros, es decir, cárceles con otro nombre, expulsiones en frontera, expulsiones express y un registro nacional de inmigrantes, al que solo tendrá acceso la policía, que tendría carácter secreto y reservado”.
Denuncia también que “existirá el arraigo nacional por deudas, decretado no por un juez, sino por la administración pública, y que el interés superior de un niño lo definirá una secretaria que va a poder decidir si puede salir con la mamá del país, o tiene que vivir con su tío”. En definitiva, Noriega explica que el actuar del Estado que hoy es declarado ilegal por los tribunales en base a la ley vigente de Extranjería, con este proyecto pasaría a ser legal.
Una lógica que iría absolutamente en contra del anhelo de las comunidades extranjeras en Chile, las que -en cambio- reclaman una nueva Amnistía Migratoria. “Demandamos que en la nueva ley sean acogidos todos los inmigrantes de todas las nacionalidades que están de manera irregular. Que Chile les de la oportunidad de desarrollarse de una manera digna, legal, que ellos puedan regularizar su situación migratoria y lograr sus sueños”, sostiene el presidente de la comunidad de República Dominicana en Chile, Óscar Canelo, quien además es miembro de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que agrupa a Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, República Dominicana y Venezuela, y en la que Haití está en camino de ingresar.