¿Se viene el estallido 2016?

Foto: Radio U Chile

Llegó marzo para el movimiento estudiantil: se estrena la gratuidad prometida en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría y se esperan los contenidos que tendrá una reforma educativa. Al interior de las universidades se inician las discusiones levantadas sobre la noción de la educación como un derecho, y se piensa la democratización de los espacios educativos y la participación triestamental. Las clases recién comienzan.

El panorama educativo sigue siendo el mismo en Chile: sólo el 17% del presupuesto de las universidades del CRUCH proviene del Estado, acusaba un pormenorizado informe de la OCDE en 2009. Un 34% del financiamiento es por los aranceles cobrados a los estudiantes y un 49% son recursos autogenerados por las universidades a través de ventas de conocimiento y consultorías. Esto quizás explique que la biblioteca de Economía de la Universidad de Chile lleve el nombre de Andrónico Luksic o que la acidificación del suelo producto del monocultivo de pinos para la industria forestal no tenga “evidencia científica” producida en Chile. Tampoco se funda una universidad pública hace décadas en el país, convirtiendo en una jugosa mercancía el aumento del ingreso de jóvenes a la educación superior, fenómeno similar en varios países de Latinoamérica. Si hasta Gutenberg Martínez es dueño de una universidad.

El panorama de la educación técnica es más desolador. Desde que en dictadura se privatizó Inacap y el Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC) surgido en la UC al calor de las luchas de fines de la década del ’60, la formación de técnicos está en manos de empresarios que inventan carreras como Ingeniería en Eco-Marketing o cobran 170 mil pesos mensuales en carreras como  Diseño de Modas o Técnico Superior de Turismo de Aventura.

UNA GRATUIDAD CON LETRA CHICA

Para sortear la oposición de la derecha, la Nueva Mayoría en vez de discutir una reforma sustantiva y total a la educación superior, optó por separar en diferentes proyectos de ley las demandas que los estudiantes instalaron en 2011. Un primer proyecto de ley fue sobre la gratuidad en educación superior, que pese a la gran resistencia de la derecha logró aprobar a fines del año pasado. Se calcula que su entrada en vigencia este año beneficiaría a 178 mil universitarios.

El beneficio es extensivo para los estudiantes pertenecientes a los primeros cinco deciles de menores ingresos (un ingreso familiar bajo $155 mil per cápita) que ingresen a las 25 universidades del Consejo de Rectores y cinco privadas que cumplen con el requisito de cuatro años de acreditación y no depender de sociedades con fines de lucro. Según una información difundida por Mineduc en enero de 2016, se calcula en un 37,3% el total de estudiantes universitarios, tanto de planteles públicos como privados, que accederían al beneficio.

Daniel Gedda, presidente de la FEUC, opina que “si bien la gratuidad es un alivio para miles de familias, no es una forma definitiva de superar el problema de financiamiento de la educación superior. Además, no viene acompañada de cambios en el paradigma educativo, o sea, abandonar el financiamiento vía voucher o financiamiento a la persona y conseguir el financiamiento basal a las instituciones”.

Víctor Orellana, en un estudio reciente presentado por la Fundación Nodo XXI, concluye que se trata de un sistema de becas de baja cobertura, un subsidio focalizado y que no llegaría a más del 17% de todos los estudiantes de la educación superior. Al resto de los estudiantes les queda recurrir al Crédito con Aval del Estado.

Marta Matamala, presidenta de la Feusach, sostiene que “cuando hablas sólo de la gratuidad reduces el debate. La discusión que queremos plantear, en vez de lucas más o lucas menos, es qué tiene de malo la educación que no nos permite dar el salto que queremos dar. Queremos discutir qué profesionales se necesitan para que despegue la innovación en Chile, la investigación, las artes, la cultura, para que exista mayor desarrollo regional. O sea, son discusiones más allá del presupuesto. Por eso planteamos que la reforma tiene que ser estructural”.

Gedda agrega que “esta glosa no sirve de nada mientras no se haga una reforma estructural a la educación superior que cuestione el acceso, la democratización al interior de los planteles, las condiciones laborales de las mismas y el fin del lucro. Mientras esto no esté resuelto no se transforma el modelo educativo”.

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Parece que al igual que en 2006 cuando Bachelet cambió la LOCE de la dictadura por la LGE, se trata apenas de un cambio cosmético. Otra vez el principio de focalización en vez de una política de derechos sociales. La gratuidad tiene forma de bono, un voucher, para comprar una carrera en un mercado educativo. No importa que se estafe a estudiantes con carreras con poca empleabilidad y con aranceles altísimos. De esta forma, se redujo el acceso a la educación superior a una beca focalizada. No se modificó en absoluto la condición de tener que pagar por estudiar, sino que el Estado paga ya no a través de los bancos (como fue el CAE), sino que directamente a las universidades aranceles millonarios de carreras que en Chile son más caras que en universidades europeas. La gratuidad de Bachelet no altera en absoluta la hegemonía neoliberal en educación.

¿CICLOS O PROCESOS?

Los estudiantes ya le han dado dos años a la presidenta sin grandes movilizaciones. Si el movimiento social respondiera mecánicamente a ciclos, este año cumplimos media década desde el estallido de 2011, similar periodo de tiempo que el movimiento estudiantil se guardó desde la revuelta anterior de 2006.

La distancia temporal y la maduración de la experiencia otorgan una mejor comprensión de los ciclos históricos. Felipe Ramírez, quien fuera secretario general de la FECH en 2010, cree que “lo que estamos viviendo es un proceso. El ciclo actual de movilizaciones viene saliendo de un reflujo marcado por los esfuerzos de la Nueva Mayoría por ordenar al movimiento social detrás de su programa y de la izquierda por configurarse como una alternativa política. Este proceso tiene sus raíces en las movilizaciones secundarias del 2001 con la primera ACES y fue acumulando fuerzas hasta los estallidos del 2006 y 2011, donde confluye con otros sectores sociales que protestan por diferentes problemáticas ligadas al desgaste del consenso neoliberal”.

El sociólogo de la Usach, Alberto Mayol, comenta que “la tesis de que se trata de ciclos mecánicos ha sido sostenida en el movimiento. No es racional, pero es interesante. De ser así, este año sería muy intenso, pero no se ve el grado de organicidad para un despliegue equivalente a 2011. El movimiento seguramente aparecerá este año, pero la capacidad estructuradora del debate y la fractura del sistema político es improbable”.

Daniel Gedda, espera que “este año debe ser de ofensiva para el movimiento estudiantil. No sé si hay un ciclo que cumplir, pero los estudiantes no pueden seguir esperando la falta de respuestas. Vamos a tener que salir a construir esa reforma, ese movimiento social que el 2011 nos hizo llegar tan lejos”.

Camila Rojas, presidenta de la FECH, apuesta porque “este año el movimiento estudiantil tome la ofensiva, logremos afianzar la educación pública y la expulsión del mercado de la educación. Nuestros esfuerzos van a estar puestos en eso. El 2006 y el 2011 son hitos que se forjaron dentro del movimiento estudiantil, pero lo primordial para este año es avanzar y que efectivamente hayan transformaciones”. A juicio de la dirigenta hay una gran convergencia para conseguir esto.

PROPUESTAS SOBRE LA MESA

Una característica del movimiento estudiantil chileno ha sido su capacidad de generar propuestas. Matamala explica que “la discusión la hemos centrado en la articulación de un sistema educativo público de la manera más completa posible. Nosotros no demandamos solamente gratuidad o financiamiento, también hablamos de marcos normativos de existencia de instituciones de educación superior, de criterios de financiamiento, articulación regional, la orientación y objetivos de la educación pública, la democratización al interior de los planteles, la regulación del mundo privado. Es un entramado de cosas que el mundo estudiantil está levantando. Tenemos claro lo que queremos lograr con una reforma que sea estructural”.

Bastián Castro, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta, espera que “la reforma cambie el paradigma en educación, perfilando el rol público de ésta, lo que implica a su vez fijar un proyecto país de desarrollo y al servicio de la comunidad. De esta forma dejaría de ser un negocio más en un mercado. Eso no se ve en el espíritu de la reforma, no se hacen los cambios respecto del sentido de la enseñanza en las instituciones superiores y tampoco el fin del  lucro”. El dirigente nortino destaca que esto requiere un marco regulador fuerte, que se financie a las instituciones de educación superior y que éstas obedezcan a un plan de desarrollo país.

La dirigenta de la Feusach se pregunta “¿qué pasa si esta reforma no democratiza los CFT o IP. ¿Van a esperar un edicto del gobierno para que efectivamente la democracia funcione? No, las mismas comunidades van a tener que tensionar a los que administran, a sus rectores para que den los pasos hacia la democratización. Creo que la movilización va a dar parte de la discusión y la experiencia específica de cada institución permite llevar a la práctica lo que tenemos, si no son ideas locas ni utopias. Ya hay ejemplos. Se pueden realizar en cuanto hay intención política de avanzar en esa vía, se puede lograr el control comunitario, la democratización, cambiar el currículum nacional, comunidades educativas empoderadas, que los apoderados participen del proceso educativo”.

ALIANZAS POSIBLES Y PROCESO CONSTITUYENTE

Los caminos del movimiento estudiantil se cruzan con los del país. La historia nos recuerda que la misma generación que concretó la Reforma Universitaria de 1967 (un año antes del mayo parisino), fue protagonista del proceso de la Unidad Popular. Décadas después, cuando todos pensaban que con la llegada de Piñera al gobierno se abría un ciclo de gobiernos de derecha que iban a dar las últimas vueltas de tuerca del modelo neoliberal, emerge un movimiento estudiantil que da vuelta el tablero del Chile del libre mercado y termina instalando el no al lucro como forma sensata y eficiente de un buen gobierno. En un reportaje que publicamos a fines de 2011 intentando evaluar el año que culminaba, un dirigente de los funcionarios del Mineduc, Marcos Cuevas, destacaba que “¿Acaso no es una gran derrota para este sistema que quienes crecieron bajo el neoliberalismo salieron a la calle a gritar que ‘Chile está cansado de las leyes de mercado’?”.

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El movimiento estudiantil dejó perplejos a la casta política, mediática y empresarial. La falta de argumentos para defender un sistema educativo cimentado en el lucro empujó el fin de la carrera política de Joaquín Lavín, nos dejó un momento de furia de Sergio Bitar defendiendo un crédito para estudiar que ha engordado a los bancos frente a un dirigente estudiantil y la reacomodación de todo el orden de prioridades de los chilenos. Por primera vez en años, la delincuencia (instalada a golpes de portonazos y tíos Emilio por los medios masivos), dejó de ser la principal preocupación de los chilenos. La educación gratuita, el acceso a la salud y pensiones justas comenzaron a ser exigidas en las encuestas.

Los casos de corrupción que en el último año han desnudado los reales compromisos de gran parte de la casta política chilena y las colusiones del empresariado hasta ahora detectadas, profundizan la crisis del ‘modelo social de mercado’. Pero la politización popular no logra aún pasar de las grietas abiertas al derrumbe del modelo neoliberal. Alberto Mayol comenta que “la fractura entre lo social y lo político se traduce en una fractura entre participación y representación. La juventud sintetiza el malestar contemporáneo y juega ambivalente entre anomia e integración. No es un sujeto histórico consolidado, pero es el más importante del momento”.

Como los estudiantes han sido el actor más dinámico y efectivo en desnudar la lógica de lucro instalada en Chile, en su camino deberán sumar fuerzas junto a otros actores sociales para constituir una  alternativa política viable para superar la economía de libre mercado. Están de alguna manera obligados. Su demanda por convertir la educación en un derecho y no una mercancía, pese a su consistencia y apoyo social, chocan con que la reorganización del campo educativo sobre nuevas bases no sobreviven siendo una isla en un Estado subsidiario. Por ello, los estudiantes están obligados a ir más allá de sus agendas y contribuir a repolitizar la sociedad y ser capaces junto a otros actores sociales de aunar un programa común de transformaciones.

¿El malestar generalizado es capaz de transformarse en movimiento político? Para el sociólogo  Mayol, “el malestar es hoy ante todo evasión y morosidad, es decir, no cumplir los requerimientos de la élite que desea una ciudadanía que ‘paga sus deudas y cuentas’. El malestar aún no ha adquirido expresión política luego del declive del movimiento estudiantil”.

El predominio de colectivos de izquierda en las federaciones estudiantiles repite el cuadro de 2011.  Sólo en Santiago, las tres principales organizaciones universitarias están dirigidas por organizaciones a la izquierda del Partido Comunista.

Matamala considera que “la discusión al interior del movimiento estudiantil es más avanzada que en otros sectores sociales, pero al mismo tiempo creo que nos ha faltado a los colectivos de izquierda la reflexión de que sólo en la unidad se puede avanzar”.

Ramírez cree que “hay un genuino interés por articular alternativas políticas nuevas, que estén libres de las taras de los partidos políticos tradicionales, de sus dinámicas de camarilla, y de sus intereses económicos que los ligan con el gran empresariado nacional. Al final, lo que hemos visto en estos últimos años es un desafío activo a los consensos acordados para dar un cierre a la dictadura militar asegurando la permanencia del modelo neoliberal, y si bien las movilizaciones han decaído –no es posible mantener un estado permanente de agitación social- ello no significa que se haya dado respuesta a esa búsqueda por una alternativa, la izquierda está al debe en ese sentido y por ahí creo que toman sentido las nuevas  fuerzas de izquierda que están articulándose hoy en día”.

Para el dirigente de la FEUC, Daniel Gedda, “las demandas van más allá de la educación para los estudiantes. Esta demanda es sostenida por las familias chilenas y gran parte de la población”. Para ello considera que “la articulación es fundamental, con sectores de los trabajadores para la consecución de demandas que aseguren derechos sociales, como en este caso la educación, pero el día de mañana pueden ser otras”.

Un proceso constituyente realmente democrático está ineludiblemente en el horizonte del movimiento estudiantil. La presidenta de la FECH comenta que “más allá del mundo estudiantil hay temas que son importantes, como el proceso constituyente. Siempre lo hemos tenido presente porque la concepción misma de la educación está definida por la constitución heredada de la dictadura. También apoyamos la demanda de No + AFP y a los colectivos feministas. Hay varias luchas que son importantes”.

En algunos territorios las alianzas llevan varios años. Para el 2011 los trabajadores portuarios del Bio Bio paralizaron algunos días sus faenas para apoyar el movimiento estudiantil. Años después los estudiantes del norte apoyarían con fuerza la lucha de los portuarios frente al grupo Von Appen. Matías Gazmuri Kruberg, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, cuenta que “como estudiantes aspiramos a una gran alianza del mundo social”. En Valparaíso las federaciones trabajan unidas en el Zonal Vª y a través de esa instancia participan de la mesa social de Valparaíso, junto a la ANEF, el Colegio de Profesores, las coordinadoras No+AFP y No al TPP. El dirigente de la FEUPLA comenta que “representantes de distintos mundos sociales   confluimos apuntando a una colaboración continua para así poder reconstruir el tejido social en pos de los cambios profundos que necesita el país”.

En el norte de Chile, Bastián Castro cuenta que ya han construido relaciones y trabajos en conjunto con pobladores de campamentos y con la Unión Portuaria de Antofagasta. El dirigente cuenta que “nos hemos reunido, nos hemos acompañado en marchas y discutido puntos sobre lo educativo y lo laboral. Hoy está en génesis un frente en común con los mineros. En eso estamos para el 2016. Nos falta organizarnos con los pescadores artesanales aún, pero se trata de hacer alianzas con todos estos sectores, porque la educación no es el único frente de batalla para cambiar un modelo estructural que está en la Constitución y para eso necesitamos el apoyo de todas y todos”.

Se trata de imaginar y poner en práctica convivencias que derrumben las fronteras políticas, económicas y sociales del sistema socio-económico que organiza nuestras vidas. Los momentos de movilización tienen la capacidad de suspender el tiempo delimitado por las rutinas modeladas en  dictadura. Dichos momentos son fecundos como clínicas de la subjetividad, proceso en el cual se madura, aprende y dejamos de ser nosotros mismos.  El 2011 se inició con la protesta contra Hidroaysén y acabó con la agenda país asaltada por el No al Lucro en la educación. A fines de ese año, cuando se bajaban las tomas de los colegios tras un año de movilización y 250 mil estudiantes perdían el año escolar, muchos se preguntaban sobre el sentido de dicha lucha. Algunos pocos quizás lograron percibir que desde entonces Chile nunca más fue el mismo.