El debate sobre qué energía es a la que debe apostar el país aún no asoma luego del espectáculo mediático que mostró a un par de miles de personas protestando por una termoeléctrica que amenaza el ecosistema de Punta de Choros y al Presidente Piñera que decidió “savarlo”. El tema, según ambientalistas, es que esta forma de proveer energía es altamente contaminante, no importa donde se instale.
Sebastián Piñera aseguró que es necesario duplicar las fuentes de energía al 2020, por lo que impulsará un proyecto “muy ambicioso” de desarrollo de energías limpias no convencionales. Pero corresponderán al 20% de la que se use en el país, el resto será en base a las convencionales, es decir, termoeléctricas a carbón, e hidroeléctricas, con la fuerza de los ríos.
Juan Pablo Orrego de la ONG Ecosistemas cree que es una “locura” aumentar la producción energética cuando existe una urgencia en cambiar el paradigma del consumo excesivo de energía frente a una “crisis eco-social enorme”. Entonces, además de usar las energías renovables no convencionales propone apuntar a la eficiencia y ahorro.
Más del 30% de la energía es consumida por la minería, luego las industrias y el comercio, por ello, es necesaria la oferta energética y así surgen “como hongos” los inversionistas mineros, por ejemplo, agrega Orrego.
AUMENTAR AL DOBLE LA PRODUCCIÓN ENERGETICA
El Plan de Obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE) indica que están en construcción o se proyectan levantar para los próximos años diez centrales termoeléctricas a carbón sólo en la zona norte del país.
Uno es el complejo “Central Termoeléctrica Castilla” que ocupará 600 hectáreas en el sector costero de Punta Cachos, a 80 kilómetros de Copiapó. Serán seis centrales termoeléctricas a carbón, una planta desalinizadora, un puerto y dos plantas a petróleo diesel que servirán de respaldo; por su capacidad de producción energética sólo es superado por Hidroaysén y se encuentra en proceso de evaluación por la Corema de Atacama.
La empresa MPX Energía Chile, ligada al multimillonario brasileño Eike Batista, con una inversión de US$ 4.400 millones, pretende levantar las centrales donde hay diversidad de flora y fauna marina; y el fenómeno de desierto florido, único en el mundo, se vería afectado por el paso de líneas de alta tensión.
Las termoeléctricas necesitan calentar agua y producir vapor a presión que hace funcionar turbinas que generan electricidad, en este caso usan el carbón como combustible y extraen agua del mar devolviéndola con cloro y un aumento, en promedio, de cuatro grados de temperatura. El carbón que se utiliza tiene altos contenidos de metales pesados, como azufre, y una serie de componentes químicos que producen altos niveles de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, y generan miles de toneladas de ceniza al año.
Recientemente se aprobó la termoeléctrica Campiche, de la empresa nacional AES Gener en el sector de Puchuncaví. La zona había sido declarada como medio ambiente saturado, precisamente, a consecuencia de las actividades de la termoeléctrica Ventanas, de Codelco, la Central Termoeléctrica Quintero y la Termoeléctrica de Con Con, las que operan en un radio que no supera los 40 kilómetros.
En Santiago, en el sector de Alto Maipo, avanzan dos Centrales Hidroeléctricas que aportarán energía el sistema interconectado Central (SIC) de electricidad, para alimentar la minería del norte y vender luz para Argentina, mediante un sistema que acopia los afluentes de El Volcán, El Yeso y El Colorado. El principal problema del proyecto Alto Maipo es que arriesga el suministro de agua para la Provincia Cordillera que es alimentada por el Río Maipo. En contra del proyecto se movilizaron más de quinientas personas y ciento cincuenta arrieros quienes bajaron de la cordillera.
“EL NEGOCIO NO ES PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, SINO VENDERLO”
La aprobación de proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos contaminantes entró a cuestionar el funcionamiento de la institucionalidad en materia medio ambiental. Paradójico es el caso de Pamela Pizarro, ex funcionaria de la Conama quien llamó “hippies de mierda” a los ambientalistas que presentaban argumentos en contra de Barrancones (Punta de Choros) el día de la votación.
Al defender la decisión de Sebastián Piñera de reubicar la termoeléctrica Barrancones, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, afirma la existencia de fallas institucionales.
“Muchas veces los Presidentes de la República tienen que actuar por el interés del país cuando hay deficiencias institucionales… es la responsabilidad del Presidente intervenir, y este fue un caso, y lo hizo respetando a toda la institucionalidad”.
Juan Pablo Orrego, coordinador nacional e internacional de la Ecosistemas cree que la decisión de “Piñera delata que la institucionalidad ambiental es un chiste, donde la politiquería prima, y quien sabe si más adelante interviene en favor de los empresarios”. Y añade que las decisiones de las comisiones medioambientales son interferidas por tráfico de influencias, corrupción y cooptadas por los empresarios.
El senador del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, acusó que personas que antes promovían proyectos, hoy día son los que los resuelven y aseguró que la ley que regula la construcción de centrales energéticas es ilegítima, porque permite que se aprueben proyectos contaminantes.
Entra en la discusión la competencia de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien fue consultora para Hidroaysén y afirmó con insistencia que “si el proyecto Barrancones fue aprobado es porque cumple con la normativa medioambiental vigente”, sin cuestionar el daño medioambiental que generaría.
La senadora por la Democracia Cristiana (DC), Soledad Alvear, pidió a la Contraloría General de la República que investigue el conflicto de interés que enfrentaría la Ministra de Medio Ambiente y otros funcionarios públicos como el jefe del Departamento de Recursos Naturales, Lionel Sierralta, el jefe del departamento de Evaluación y Seguimiento Ambiental, Ignacio Toro y el integrante del Consejo Consultivo de la Conama, Ricardo Katz.
Por su parte, Juan Pablo Orrego, agrega que la política energética chilena está hecha con base en “un sistema neoliberal implacable” en donde la opción ciudadana no es tomada en cuenta y “el negocio no es proteger al medio ambiente, sino venderlo”. Ante ello, propone que las comisiones nacionales medioambientales sean órganos técnicos autónomos y no funcionarios dependientes del Ejecutivo.
Por Katherine Lorca Donoso
El Ciudadano N°87, primera quincena septiembre 2010
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