Partido Poder y Chile Movilizado presentan denuncia en Corte Interamericana por Control Preventivo de Identidad

Duras críticas está recibiendo el proyecto de ley denominada «Agenda Corta Antidelincuencia», que ya se tramita hace más de un año en el parlamento y que ha encontrado un fuerte rechazo en las indicaciones denominadas como la «Ley Mordaza» y el «Control Preventivo de Identidad», por parte de organizaciones ciudadanas, políticas, el Instituto de Derechos Humanos y por parte del mismo parlamento donde se discute este proyecto ya que según las distintas voces sociales estas indicaciones atentan gravemente contra la libertad de expresión y el derecho a la presunción de inocencia garantizado por la Constitución chilena.

Esta vez le tocó el turno al recientemente conformado partido Poder Ciudadano quien en una rueda de prensa, anunció la presentación de una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), específicamente por el llamado «Control Preventivo de Identidad», también conocido como la «Nueva Detención por Sospecha», y que a través de su presidenta, Karina Oliva, señaló: «Estamos presentando un reclamo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en función de la indicación respecto al Control Preventivo de Identidad en la llamada agenda corta Antidelincuencia. Nos parece que es un abuso completo del Estado Chileno a las libertades del pueblo de Chile, considerando que esto ocurre cuando nuestra casta política está acusada de corrupción, cohecho y financiamiento ilegal de la política. Esta casta corrupta pretende dejar a la ciudadanía en una confrontación con carabineros, pasando por una vulneración del derecho de nuestros niños, ya que puede un menor de edad ser detenido y retenido por carabineros en base a su criterio. En definitiva se acaba con el debido proceso, la presunción de inocencia y se establece la presunción de culpabilidad y nos parece un despropósito y un abuso de poder de parte de las autoridades», indicó la presidenta de Poder Ciudadano.

A su vez, el abogado de derechos humanos, Alfredo Calvo, apuntó que es vergonzoso que nuevamente Chile sea sancionado por organismos internacionales por temas de libertades garantizadas: «Llevaremos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que un organismo internacional nos diga que el Estado está actuando por sobre la legalidad, por sobre las normas y tratados internacionales y que lo obligue a cambiar de legislación».

También apuntó a la justificación por parte del gobierno de que esta ley servirá para detener a más de 60 mil personas con órdenes de detención: «No puede ser justificación el hecho de que existan 60 mil personas con orden de detención o prófugos, porque eso implicaría que las policías que están dotados de amplios recursos, no están realizando bien su labor, es más factible crear una oficina especializada en capturar a estas personas que someter a 17 millones de chilenos a los abusos de los que estamos habituados por parte de las policías», indicó Calvo.

También, Juan Pablo Sanhueza, coordinador de la fundación Chile Movilizado señaló que esta ley está hecha para los pobres: «Esta agenda Corta Antidelincuencia quiere poner en manos de pocos la libertad de muchos, porque esto atenta contra los principios básicos de la democracia. En principio seríamos todos los chilenos sujetos imputables y probables formalizados, mientras la casta política se está blindando así misma. «Quien nada hace debe temer mucho», esta ley esta hecha para los pobres, los morenos, los indígenas, es un proyecto de ley homofóbico, etnofóbico y clasista», recalcó Sanhueza.

Consultado por El Ciudadano, el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, sobre la legalidad de estas indicaciones, en primera instancia señaló que aún es tiempo para que el Congreso ocupe su criterio y modifique o elimine estas: «Obviamente la forma en como se ha planteado el control de identidad, atenta contra los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanos. En este sentido hay que dejar muy en claro de que el control de identidad hoy día existe en la legislación chilena y puede ser ejercido por las policías cuando existe algún indicio respecto a que una persona va a cometer o se ha prestado a cometer un delito, o que tenga información para aclarar un delito, por lo tanto esa facultad existe. Lo que se pretende hacer por el Congreso, es ampliar esta facultad para que pueda ser ejercida sin ningún indicio y sin ningún control efectivo, y eso claramente genera un escenario que puede dar pie para abusos sin que venga asociado ningún tipo de beneficio concreto en la persecución criminal. Por lo mismo esperamos que se pueda corregir en la Cámara de Diputados, lo que ya está aprobado en el Senado», argumentó Daza.

Finalmente, aprovechando que el Juez Roberto Caldas, presidente de la CIDH, que se encuentra de visita en Chile para reunirse con la presidenta Bachelet, el partido Poder Ciudadano buscará las instancias para entregar en mano la demanda contra el Estado Chileno.