En el siguiente artículo, entregaré algunos antecedentes que no he escuchado ni leído cuando se intenta explicar la insuficiente apropiación de los contenidos curriculares en la educación municipal y subvencionada: especialmente cuando se teoriza al ver los pésimos e inequitativos resultados que entregan los instrumentos que miden la calidad de la educación en Chile. Sondearemos la flexibilización del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, cuerpo legal que “promueve la promoción” y que da espacios para “recomendaciones” de la Provincial de Educación: bastan algunas “observaciones” para establecer una especie de norma consuetudinaria, que a juzgar por la práctica, ha de ser la realidad funcional de la mayoría de los establecimientos municipales y subvencionados del país.
Es frecuente, por ejemplo, que alumnos con asistencias irregulares al establecimiento educacional – a excepción de aquellos que presentan problemas de salud (lógicamente justificable)- sean promovidos a pesar de las lagunas manifiestas durante el año escolar. Reconocemos, eso sí, la necesidad de que el reglamento sea aún más flexible, especialmente cuando el educando atraviesa problemas familiares y/o personales para los cuales no existe ningún tipo de certificado médico. No obstante, es injustificable que los niños dejen de ir al colegio por el solo hecho de no querer ir, dejando en evidencia la ilegalidad, irresponsabilidad, falta de autoridad y criterio de los padres que permiten tal situación, y lo que es peor, el respaldo tras esto que otorga la Provincial de Educación, relativizando el Decreto Supremo de Educación nº 40, articulo 10, que contempla una inminente reprobación en caso de una asistencia inferior al 85%, que malamente se cumple.
Una segunda variable, no considerada por los teóricos que intentan explicar la mediocre apropiación de contenidos mínimos obligatorios establecidos por el Ministerio de Educación, es el caso de estudiantes que aún teniendo calificaciones insuficientes en Lenguaje y Matemáticas -no por falta de capacidad intelectual precisamente- son favorecidos con la promoción de curso por sus “buenas” calificaciones en asignaturas de menor exigencia intelectual, como son las asignaturas del área artística y deportiva: en cuanto al Reglamento Promoción y Evaluación el artículo 11, inciso 1, letra B) y C), establece lo siguiente: “Serán promovidos alumnos de 2º, 3º 4º hasta 8º básico que no hubiesen aprobado un subsector , asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 45 o superior, incluyendo el no aprobado” ; peor aún, establece que “Igualmente serán promovidos los alumnos de los mismos cursos que no hubiesen aprobado dos subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 50 o superior, incluyendo los no aprobados”.
Además, es muy común que los profesores nos enfrentemos con la siguiente situación a fin de año: un alumno posee un promedio aritmético final de 38,5, por lo tanto se sugiere “aproximarlo” a 39 y 39 para el Ministerio de Educación es automáticamente un suficiente 4,0 y con 4,0 se aprueba la asignatura. La única explicación que recibimos los docentes al demostrar desacato: “No se saca nada con hacer caso omiso a esta disposición ya que la Provincial de Educación interfiere y al final el alumno es promovido”. Así, irrisoriamente, el Decreto de Promoción, más que eso, se transforma en un catálogo de magia, en donde se señala a las autoridades de un colegio como entrenar a los docentes a seguir tal manual al pie de la letra que hace desaparecer los tres y que mágicamente los reemplaza por un reluciente 40. Señor docente, si usted “se equivocó” siendo consecuente con sus valores de justicia, no se preocupe, no hay nada que el corrector no pueda enmendar “ ya que el 38,5, es 39 y el 39 es un 40”.
Así, cada fin de año, se hace felices a muchos niños, cuya principal virtud no es precisamente el esfuerzo, y a muchos apoderados ausentes, que aparentan profunda preocupación al solicitar consideración de los profesores con sus hijos, rogando por trabajos especiales para “subir la nota”, calculando hasta la ultima milésima para que el niño (a) “no quede pegado (a)”. Pero lejos del alumno perezoso y la madre dispuesta a apelar hasta las ultimas consecuencias por una causa indefendible, el más satisfecho con todo esto, lejos es el gobierno, que por comodidad y convencionalismo insiste en perpetuar una de las tantas irregularidades relacionadas con educación en “beneficio de la economía nacional” (consideremos que un niño reprobado significa “más gasto” para el Estado por concepto de subvención) y en desmedro de mejorar la calidad educacional.
Esta serie de situaciones escandalosamente permisivas, avalados en decretos señalados en la Ley Orgánica de Educación (LOCE), se olvidan que las personas, que es lo que estamos formando, necesitan desenvolverse en un mundo que exige competencias, por lo que, personalmente, siento mucha impotencia en observar como año tras año se promueve a alumnos de esta manera, y los colegios no poseen ninguna facultad para pasar por alto esta normativa, ya que la Provincial de Educación hace la observación, en términos de exigencia a los directores de los establecimientos, que estos alumnos deben ser pasados de curso, aun cuando sea “ a la arrastra”.
¿No será que muchos tienen miedo de que se vean truncados sus privilegios? Nos olvidamos de un punto clave: la educación es el único medio de movilidad social, mediante el cual la persona se hace consciente de sus derechos y por lo tanto posee armas- en términos de argumentos bien fundamentados- para defenderse de los abusos del sistema hacia ellos. Según lo anterior, todo indica que ha venido sucediendo la siguiente situación: Chile cumple, cumple con las estadísticas: nuestro país posee uno de los porcentajes de analfabetismo más insignificantes de nuestro continente y proyecta la sensación de que cumplimos con el deber de entregar escolaridad a nuestros ciudadanos. Sobre eso no hay nada que decir. La pregunta que surge es la siguiente: ¿se cumple realmente con entregar una educación formal de calidad que garantice la movilidad social y la constitución de ciudadanos conscientes y activos en la esfera política pública? ¿Se constituye la educación formal en sí misma en una oportunidad real que propenda a la igualdad social desde la cuna?. Sobre lo último hay mucho que decir. No obstante, tenemos la sensación de que quieren dejar todo como está, así se puede gobernar mejor (poca democracia genera gobernabilidad). Sigamos entregando mano de obra rápida y barata al mercado. Para qué “crear problemas”.
Paulina Fernández Bravo.
Profesora.
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