Un momento de educación cívica (que pasó inadvertido), un momento de participación ciudadana (que recién se anunció), la presentación ante el Congreso de un proyecto para establecer mecanismos de reemplazo constitucional (2017), y un momento de decisión –también del Congreso– respecto del mecanismo que se utilizará para hacer el cambio (2018), son los cuatro hitos que, según el cientista político Claudio Fuentes, marcan el itinerario del proceso constituyente que impulsa la Presidenta Michelle Bachelet, luego de escuchar las recomendaciones de la comisión Engel, de la que Fuentes formó parte.
El académico de la UDP sostiene en una columna publicada por El Mostrador que “aún no estamos debatiendo lo que serán los contornos de la nueva Constitución. Lo único que se hará es una consulta no vinculante para recoger la opinión ciudadana respecto de los temas que debiesen considerase al elaborar un nuevo texto”.
Enseguida se pregunta por qué realizar este ejercicio cívico no vinculante. “La razón es simple: como en la coalición de gobierno existe una división profunda respecto del mecanismo para establecer una Nueva Constitución (cambio desde el Congreso versus Asamblea Constituyente), a la autoridad presidencial no le quedó otro camino que intentar abrir el debate hacia la ciudadanía”.
Fuentes asegura que a si Bachelet hubiese optado por proponer una reforma constitucional para permitir llamar a plebiscito, “muy probablemente no hubiese contado con los votos en el Congreso”. Ello obligó a elegir el camino más pedregoso: incluir a la ciudadanía en la discusión.
No obstante, según el académico, la decisión ha provocado varios efectos: “Primero, las fuerzas políticas e intelectuales comenzaron rápidamente a elaborar borradores de textos constitucionales para delimitar los márgenes de la discusión; segundo, los empresarios marcaron rápidamente sus banderas de preocupaciones (propiedad privada, subsidiariedad, libertad de emprender); tercero, el tenor de la discusión ha ido evolucionando desde la necesidad de establecer una nueva Constitución hacia un debate sobre las condiciones en que se dará tal transformación. La propuesta del Ejecutivo está provocando paulatinamente un momento constitucional”, explica.
Consejo de Observadores Ciudadanos
Respecto al Consejo de Observadores creado por la Jefa de Estado con la idea de aterrizar el debate del proceso constituyente a nivel de la población, que incluyó la representación de sensibilidades de izquierda, centro y derecha, Fuentes piensa que ese gestó fue clave al sumar a la derecha en este esfuerzo. “Aunque pocos consejeros son militantes de partidos, ellos reflejan y proyectan afinidades ideológicas muy nítidas”, afirma.
“Pero además, al transcurrir las semanas, en este Consejo comenzaron a discutirse y delimitarse los contornos del debate constitucional: ¿debe intervenir el Gobierno?, ¿deben participar facilitadores que son militantes?, ¿debe discutirse sobre “valores” en los cabildos?, ¿debe discutirse sobre el mecanismo?, ¿quién escribirá la síntesis de las deliberaciones ciudadanas?, se pregunta el cientista político. “Los Consejeros no solo quisieron “observar” sino además incidir en las definiciones centrales del proceso”, agrega.
“Entonces, los encuentros autoconvocados locales no deben ser evaluados como espacios con ‘representatividad’ o que deben ser considerados como vinculantes, porque ese no es su objetivo. Lo que se busca es animar un debate, abrir puertas para que se formulen preguntas sobre la Constitución que queremos. Dinamizar oportunidades para la acción colectiva”.
“Este ciclo de participación ciudadana contiene la secreta esperanza de que la gente salga de sus casas y se anime a discutir. Se dará un modesto paso que busca provocar condiciones para un debate amplio y plural sobre la Constitución. Políticamente, la coalición gobernante no tuvo espacio para mucho más”.
Según el analista de la UDP se trata de un proceso formal, “conducido desde arriba, que seguramente será limitado en términos de la cantidad de personas que al final participarán”.
Fuentes se pregunta si el proceso constituyente “generará oportunidades para que partidos, movimientos sociales, agrupaciones locales y la ciudadanía en general lleguen a plantear sus demandas”. Dice que “dependerá de los participantes levantar la mano y sugerir discutir el mecanismo mediante el cual se podría establecer una nueva Constitución”
Sin embargo, el académico extraña una pregunta clave: “¿Qué mecanismo le gustaría o considera más relevante para establecer una nueva Constitución?”. Lo que seguramente pasará es que un grupo de actores levantará la mano y sugerirá discutir el tema del mecanismo en aquellos cabildos”.
“El proceso –concluye el análisis del ex miembro de la comisión Engel– contiene una cuota de incertidumbre. Seguramente los cabildos reproducirán las disputadas ideológicas y políticas presentes en la sociedad en relación con el Estado, el mercado, el reconocimiento de pueblos originarios, los recursos naturales, la propiedad, la forma o mecanismo para definir la Constitución, etc. etc. En definitiva, independientemente de la representatividad que alcancen estos cabildos, ellos establecerán un hecho, una realidad política. La pregunta es quién o quiénes aprovecharán ese espacio para plasmar sus intereses. Porque cuando hablamos de Constitución, hablamos de intereses y poder”.