Chantal Sébire, profesora de 52 años, solicitó al Tribunal Supremo de Francia y al presidente Nicolás Sarkozy, la autorización para morir con dignidad. Padecía de estesioblastoma, un tumor maligno y evolutivo que tenía alojado en su cavidad nasal desde hace ocho años, sin que ningún tratamiento quimioterapeútico pudiera extirparlo. La enfermedad le desfiguró el rostro, le quitó el gusto, olfato y vista, además de provocarle intensos dolores.
Los tribunales rechazaron la petición, ofreciéndole sólo anestesiarla hasta inducirle un coma profundo, esperando hasta que falleciera de forma natural; opción que ella se negó a aceptar ya que quería tener un mayor control de su muerte. Sarkozy le envió a su consejero de sanidad para explicarle otras alternativas al suicidio asistido, ya que la ley francesa aprobada en 2005 sobre este tema, permite a las familias solicitar la desconexión de los equipos de apoyo vital en caso de enfermos terminales, pero no se acoge a este caso.
El 19 de marzo Chantal tomó una dosis alta de barbitúricos. Su cuerpo fue hallado en su vivienda de Plombières-les- Dijon.
El caso es similar al de Ramón Sanpedro, marino español que tras 30 años postrado por una tetraplejia y 25 solicitando su derecho a la eutanasia, en 1998 preparó su suicidio con cianuro, dejando un video casero en el que pedía la exculpación de quienes lo ayudaron. Vincent Humbert en el 2002 hizo lo mismo en Francia. A los 18 años sufrió un accidente que lo dejó tetrapléjico, mudo y casi ciego. Comunicándose con su madre por medio de la presión de su dedo pulgar escribió el libro Pido el derecho a morir. El día de la publicación, su madre introdujo un producto tóxico en la sonda gástrica que lo alimentaba. Tras un fuerte debate mediático y un largo proceso judicial, la madre fue sobreseída del cargo de homicidio.
¿DE QUIÉN ES EL CUERPO?
La palabra Eutanasia es de origen griego (eu, Bien; thánatos, muerte) y significa ‘buen morir’. En la práctica se considera la acción de dar muerte a una persona con su consentimiento para evitar un sufrimiento.
Jurídicamente se distinguen la Eutanasia Pasiva, que es cuando un paciente con una enfermedad terminal se opone a prolongar su existencia por medio de una operación o tratamiento intensivo, y Activa, que es cuando una persona pone término a la vida de un paciente terminal por medio de una inyección letal o medicamento.
La práctica está legalizada en Holanda, Bélgica, Suiza y el estado de Oregon en Estados Unidos. Aunque con restricciones específicas, estos países se han centrado en la petición formal y explícita del paciente.
En Holanda, la ley del 2002 penaliza la actuación de terceros en la muerte de quien lo solicita, permitiendo sólo que un médico tras cumplir con todos los requisitos de cuidados del paciente solicitados por la Ley de Comprobación de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del Auxilio al Suicidio, indica que la enfermedad es terminal, insoportable y sin ninguna repercusión, por lo que puede proceder a asistir un suicidio.
En Oregon, se autoriza a los médicos a realizar un suicidio asistido. Desde 1994, cuando los ciudadanos aprobaron la Ley de Muerte Digna de Oregon, se han realizado 292 muertes.
Quienes se manifiestan a favor de la eutanasia argumentan que el hombre es dueño de su propia vida y que tiene el derecho de ponerle fin, especialmente si esa vida consiste únicamente en dolor y sufrimiento sin posibilidad de mejora. Se arguye que sólo adelanta un final inevitable y que además de terminar con una larga agonía, se da un alivio a la familia que sufre junto con el enfermo y debe pagar los costosos tratamientos médicos que lo mantienen con vida.
DIGNIDAD EN LA MUERTE
César Caballero, coordinador internacional de DMD, Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, en conversación con El Ciudadano cuenta que la situación legal en España es muy explícita frente a la eutanasia, sin embargo en cuanto al suicidio asistido es un terreno de sombra que aún no ha sido especificado por la justicia. “No sabemos si el suministro de sustancias por otra persona es un acto directo de crimen y por tanto castigado. No hay un solo caso en los tribunales, a pesar de que se admiten que al menos mil personas en España mueren al año por eutanasia directa, que haya sido requerido por asistir a un enfermo. La actitud de las autoridades es un tanto hipócrita, ya que por un lado mantienen el castigo pero por otro son reacias a perseguirlo”.
Sostiene que para apoyar a una persona que solicita la eutanasia debe contar con ciertos requisitos; su voluntad expresa, reiterada y reflexionada; que su enfermedad sea grave e irreversible y/o terminal y que produzca en el enfermo un gran sufrimiento. Es en este último punto donde centra su postura, ya que argumenta que “vivir con sufrimiento físico es más que un castigo, es una condición irreconciliable con la vida. Éticamente respetar la decisión de enfermo es garantizar su propia autonomía. Cuando una persona está enferma el grado de autonomía disminuye, por este motivo hay que ofrecer las garantías para que esta persona pueda elegir libremente lo que quiera”.
Uno de los momentos cruciales de la historia de la DMD fue el apoyo que le brindaron a Ramón Sanpedro en su lucha contra los tribunales y lograr la autorización para que las personas que lo asistieran en su muerte no fueran castigadas por la justicia. “Nosotros junto con apoyarlo, le ofrecimos asesoría jurídica. Ramón establece un antes y un después en la lucha por la dignidad en el proceso final de la vida”.
EL PROYECTO CHILENO
En el año 2006, los diputados socialistas Fulvio Rossi y Juan Bustos presentaron un proyecto de ley que regula la aplicación de la eutanasia en Chile. El texto establece definiciones claras de esta práctica en sus variantes activa y pasiva, la regulación de los requisitos de procedencia, así como la posibilidad de un testamento vital por parte del paciente. El proyecto duerme en el parlamento, generando un fuerte rechazo de la derecha, la DC y hasta en el PS.
En Chile no hay pacientes que hayan solicitado la eutanasia, sin embargo, a juicio de los parlamentarios, es necesario regular la situación de los enfermos terminales que deseen poner fin a su agonía y por sobretodo, velar por sus derechos tanto a la vida como a la muerte.
El año 2007, en la ciudad de Los Andes, dos enfermeras fueron acusadas de suministrar una dosis letal a una mujer de 84 años que padecía de diabetes mellitus y que ya había sufrido la amputación de una pierna. Tras pasar un mes del fallecimiento de la mujer, se inició un sumario administrativo en el hospital y posteriormente fueron llevadas a juicio por la familia. Luego de varios meses de investigación, la Fiscalía decidió levantar los cargos, ya que de acuerdo a los informes toxicológicos del Instituto Médico Legal se determinó que no había relación entre la administración del fármaco con la muerte de la paciente.
Paulina Villagrán, de la Fundación Chile Unido, argumenta que “una muerte digna no es lo mismo que eutanasia, ya que esta práctica consiste en realizar actos que van directos a producir la muerte de una persona. Muy distintos son las acciones encaminadas a disminuir el dolor y el sufrimiento, y que ayuden a que la muerte natural se produzca dignamente y con el menor sufrimiento posible”.
Villagrán agrega que “en Chile hace falta hablar sobre el dolor y sufrimiento como un factor que forma parte de la vida humana y que tratamos de evitarlo por todos los medios, incluso en la infancia; de esta manera estamos negando la vida. Un sufrimiento no necesariamente mata; puede hacer crecer a la persona. La muerte es algo natural y en ese sentido tenemos que profundizar lo que significa vivir en todos los aspectos, incluido el dolor como elemento de vida”.
El psiquiatra norteamericano Tomás Szasz llama a cuestionar los límites de la discusión, problematizando el concepto del ‘digno derecho a morir’ y dejar esto en manos médicas, “como si morir sin dolor fuese un obsequio. Es falaz esa servidumbre inevitable a personas resueltas a impedirnos la muerte”. Szasz se pregunta: ¿Cómo puede considerarse un derecho el inevitable destino biológico de todos los seres vivos? “La locución ‘derecho a morir’ es emblemática, no sólo de nuestra frivolidad respecto al suicidio y nuestro anhelo de médicos buenos que nos maten en el momento oportuno y del modo correcto, sino -más fundamentalmente- del repudio de nuestra autopropiedad corporal y las responsabilidades que la acompañan”.
Por Claudia Pedreros
El Ciudadano
+ INFO:
www.eutanasia.ws