Arabia Saudita lanzó una severa amenaza contra el gobierno de EEUU ante la posibilidad de que una porción del informe investigativo oficial de los ataques del 11-S sea desclasificado, ya que las páginas implicarían directamente al régimen saudí.
Según The New York Times, el gobierno de Barack Obama ha presionado en las últimas semanas a legisladores de ambos sectores políticos para impedir que un libelo sobre la materia se apruebe. Funcionarios del Departamento de Estado y el Pentágono estarían discutido intensamente con representantes de la Congreso, haciéndoles ver el perjuicio económico que traería la desclasificación.
El temor nace del mensaje entregado por el ministro de Relaciones Exteriores saudí, Abel al-Jubeir, durante su visita a Washington en marzo, donde aseguró que su país vendería 750 mil millones de dólares en activos que posee en EEUU si la iniciativa se convierte en ley.
El periódico indica que hay varios economistas que son escépticos de que los saudíes cumplan su palabra. Sin embargo, la extorsión representa en sí misma una señal importante de las tensiones actuales entre Obama y Arabia Saudita.
Mientras el gobierno de EEUU argumenta que la legislación pondrá en riesgo a ciudadanos norteamericanos en el extranjero, familiares de las víctimas del 11-S cuestionan el apoyo entregado por el presidente al régimen saudí, ya que imposibilita que se conozca la verdad sobre el papel que jugaron altos funcionarios de ese régimen en el atentado.
“Sorprende pensar que nuestro gobierno pudiese apoyar más a los saudíes, que a sus propios ciudadanos”, dijo Mindy Kleinberg, cuyo esposo murió en las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001.
The New York Post señala que en total se mantienen en secreto 28 páginas: todo lo relativo al “apoyo extranjero” que recibieron los secuestradores a partir de evidencias recopiladas por agentes de la CIA y el FBI. Según el medio, el capítulo revela que al menos dos secuestradores de San Diego fueron ayudados por el gobierno saudí.
Párrafos filtrados del informe hablan de numerosos llamados telefónicos entre los secuestradores y agentes de control de la inteligencia saudí con base en la embajada de Arabia Saudita en EEUU. Además, la transferencia de 130 mil dólares realizada por la familia del Príncipe Bandar (en ese entonces jefe de la legación diplomática), a otro agente de control en San Diego, hechos que habrían estado en conocimiento del ex presidente George W. Bush.
“El embajador saudí financió a dos de los secuestradores del 11-S a través de un tercero”, dijo John Guadolo, ex agente del FBI que trabajaba en Washington e intervino en varias investigaciones relacionadas con Al Qaeda y el atentado.
“Él debería ser tratado como un sospechoso de terrorismo, de la misma forma que otros miembros de la clase elitista saudí que el gobierno de EEUU sabe que financian el jihadismo global”, enfatizó.
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