Javier Castillo, también dirigente de sindicato de la compañía Minera San Esteban, dueña de la mina San José, reiteró que las autoridades de Gobierno estaban en conocimiento de los riesgos de funcionamiento del yacimiento previo al accidente del 5 de agosto.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Copiapó, Javier Castillo, aseguró hoy que el Gobierno sabía de los riesgos existentes en el yacimiento San José, donde estuvieron atrapados los 33 mineros.
Sus declaraciones surgen dos días después que la ministra del Trabajo, Camila Merino, asegurara desconocer la situación de inseguridad del yacimiento, rectificando sus dichos previos, que sugerían todo lo contrario.
«Tuvimos una reunión con la ministra del Trabajo (Camila) Merino, ocasión en la que se habló de los riesgos que habían en esa mina y que pese a la cantidad de accidentes, muertes y derrumbes de cerro siempre se ponía en la balanza el hecho de mantener los empleos a costa de la vida de las obreros», dijo el dirigente.
«Eso fue conversado con la ministra Merino. Sí se puso en conocimiento de las autoridades del Gobierno el riesgo de ese yacimiento antes del primer accidente», recalcó el dirigente a Radio Cooperativa.
Según relató Castillo, la situación de inseguridad del pique fue dada a conocer a la secretaria de Estado el pasado 1 de julio, en el marco del conflicto existente con la minera Coemin.
Asimismo, aseguró que se informó al ministro de Minería, Laurence Golborne (en la foto), de las irregularidades existentes y que el 5 de julio, tras el accidente de Gino Cortés, que perdió una pierna en esa veta, intentaron conversar nuevamente con el funcionario, pero no los recibió.
Según recordó Castillo, en esa ocasión fueron interceptados por la secretaria de la jefa de gabinete del Ministro, quien tomó nota de sus demandas.
«A ella le entregamos detalles de que había habido un accidente (el de Cortés), y que era urgente y necesario que se tomaran las medidas en la empresa Minera San Esteban, dueña del yacimiento San José, ya que se estaban empezando a repetir ciclos de peligro», aseguró.
Castillo indicó que todos estos antecedentes ya fueron entregados a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga las causas y las responsabilidades del accidente que dejó a atrapados a 33 mineros durante más de dos meses.
El pasado jueves, el abogado Edgardo Reinoso, informó que los 33 obreros se querellarán contra los dueños de la mina siniestrada y entidades públicas involucradas en la reapertura del yacimiento en el año 2008, pese a que no contaba con todos los estándares de seguridad.
El abogado explicó que la iniciativa se basa fundamentalmente en las declaraciones de la ministra del Trabajo, Camila Merino, quien señaló que el Gobierno tenía antecedentes «de que la mina no debería haber estado abierta», lo cual fue rectificado con posterioridad.
Fuente: www.cambio21.cl
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