El juez Casanello indagó ayer a cuatro de los 28 imputados por el fallecimiento de los cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, que se llevó a cabo en el Complejo Costa Salguero el pasado 16 de abril. Entre los 28 imputados, se encuentran los 18 efectivos de la Prefectura Naval que fueron contratados como «policía adicional» por la organización de la fiesta. Dos de ellos prestaron declaración ayer, junto con el apoderado de Dell Producciones y el responsable del plan de evacuaciones.
De acuerdo a la resolución dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, la investigación apunta a una serie de irregularidades por parte tanto de las fuerzas de seguridad estatales, la seguridad privada, el control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la productora de la fiesta, que propició un ambiente en el cual se ofrecían drogas (keta, LCD, éxtasis, cocaína y superman). Además, la capacidad de las personas que deberían haber entrado en la fiesta fue ampliamente superada, y a eso se le sumaron otras circunstancias como el corte de agua corriente a la madrugada, que generaron un ambiente de descuido hacia los participantes de Time Warp.
Según el diario Página/12, el juez Casanello definió la fiesta como un “ámbito de exclusión de toda protección estatal” donde los asistentes -entre ellos, menores de edad-, quedaron frente a una situación de «vulnerabilidad y desamparo».
Por otro lado, según consigna la investigación judicial, la Prefectura Naval Nacional funcionó como «policía adicional», y «como mínimo, no ejercieron los controles prevencionales propios de su función y actuaron en forma coordinada con el personal de la seguridad privada que estaba dentro del predio». Cabe destacar que las muertes fueron avisadas horas después de que sucedieron, lo cual indica que se puede haber utilizado ese tiempo para «limpiar» el lugar.