Mediante la resolución 28/2016 del Ministerio de Energía, comandando por Juan José Aranguren (ex CEO de Shell), se elevó el precio del gas del punto de ingreso al sistema de transporte y determinó su traslado total a las tarifas. Para ello, se citaron las leyes 17.319 y la Ley de Ministerios como justificativo. Sin embargo, ninguna de las dos leyes avalan el fuerte tarifazo.
Además, demostrando un inusual apuro, no se siguieron los procedimientos que se acostumbran en este tipo de medidas. Lo mismo ocurrió en los años 2008/2009, cuando el gobierno de Cristina Kirchner quiso impulsar una suba en el servicio y fue frenada mediante cautelares ya que no se cumplían con los pasos previos. Hasta la Corte Suprema de Justicia se había declarado a favor de los usuarios.
Cabe destacar que el caso del gobierno de Macri es aún peor, ya que denuncian que todos los funcionarios involucrados en el fuerte aumento en las tarifas, beneficiaron a las empresas donde trabajaron hasta el año pasado con dicho tarifazo.
Tal como denuncia El Destape, Aranguren y el resto de los involucrados en la ejecución y control del aumento brusco en el precio del gas, poseen intereses del otro lado del mostrador: el empresarial. Aranguren trabajó en Shell hasta junio de 2015 y aún posee $ 13.000.000 en acciones de la casa matriz de la petrolera, que además fue beneficiaria de siete de ocho barcos de gas contratados para proveer a la Ciudad en invierno.
Dicho accionar viola la ley de ética pública, ya que para tomar medidas de este tipo y que beneficien a empresas donde un funcionario formó parte, tienen que pasar al menos tres años desde su última participación activa. Sin embargo, el caso de Aranguren no es el único.
José Luis Sureda fue directivo de Pan American Energy hasta su asunción como secretario de Recursos Hidrocarburíferos. David Tezanos era director de ventas de gas natural de YPF y presidente del directorio de Metrogas hasta antes de asumir como interventor del Enargas. Y por último, el subinterventor del Enargas, Daniel Perrone, fue directivo de Transportadora de Gas del Sur, la principal transportista de gas por gasoductos del país.
¿Se podrán retrotraer los aumentos?