El robo de los fondos reservados del cobre en el Ejército, caso conocido como “Milicogate”, suma nuevas aristas cada día. La revelación del abultado patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, la eventual participación de sus hijos en lavado de dinero y la asesoría comunicacional del ex ministro Enrique Correa para enfrentar la crisis que impacta al general, son las últimas olas del terremoto.
Con sus polémicas declaraciones entregadas a The Clinic a fines del año pasado, que apuntaron al gasto de fondos públicos en “casinos, propiedades, caballos y fiestas”, el coronel Clovis Montero, ex tesorero del Ejército y uno de los oficiales indagados en el proceso, orientó las sospechas al generalato cuando narró la existencia de órdenes explícitas para que ningún organismo de la institución castrense fiscalizara la Ley del Cobre.
Otro punto que captó la atención, y que el periodista Mauricio Weibel expuso como una arista importante en una entrevista realizada por El Ciudadano TV en 2015, fue el posible desvío de fondos para la compra de propiedades en favor de las familias de ex agentes de la CNI.
El Ciudadano revisó una grabación dada a conocer el año pasado, que consiste en un diálogo entre Montero y el general Jozo Santic Palomino, oficial que fue involucrado por el ex cabo Heriberto Cortés, procesado por la Justicia Militar, en la defraudación de otros $374 millones derivados de compras truchas de tóner a la empresa Tecnodata.
“Te metiste con un cabo, y cada vez que los cabos se meten en está huevá, la huevá revienta”, aleccionaba Santic en la cinta, hablando del también detenido cabo Juan Carlos Cruz, el mismo que gastó más de 2 mil millones de pesos en el Monticello e intervino en la tramitación de las facturas falsas de proveedores que llegaban al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF).
En el registro de Clovis Montero, el general Santic hacía implícita referencia a otro caso de corrupción que afectó al Ejército años atrás, con similares elementos de intriga, denuncias de ex funcionarios militares y maniobras de los altos mandos para encubrir las irregulares andanzas de oficiales.
“Con el González tuvimos que ir una vez a El Mercurio a hablar con el huevón jefe de El Mercurio, por una cagá que se venía por el Sutherland. Yo era contralor general y él era coronel, jefe comunicacional, cuando Emilio Sutherland tenía un programa que iba a hacer mierda al Ejército”, explica Santic en la grabación.
Como bien apuntó “Informe Especial” en su primer reportaje sobre el ‘Milicogate’, Santic probablemente invocaba gestiones realizadas por el entonces jefe de comunicaciones del Ejército ante los máximos editores de Canal 13 para detener la emisión de un capítulo de ‘Contacto’ que expondría graves faltas a la probidad de autoridades uniformadas.
En el audio, el mismo Santic se encargaba de relatar a Montero las peripecias registradas por el “Tío Emilio”, entre “los autos comando que salían con la señora (de generales)”, “el cabo huevón del Regimiento Logístico que acusaba a medio mundo”, “huevones que estaban filmando los edificios de los generales y “cómo andaban los mayordomos paseando perros”.
La situación se asemeja bastante a lo denunciado por Cristian Opazo Otarola, ex cabo segundo del Regimiento Logístico que hizo llegar documentos al periodista Emilio Sutherland dando cuenta de serias anomalías en las adquisiciones de la guarnición.
Opazo, que estaba a cargo de la elaboración de estadísticas sobre la flota de camiones y vehículos comando, fue víctima de hostigamientos, malos tratos y acosos que le provocaron estrés y motivaron posteriormente su irregular baja de la institución.
A mediados de abril de este año, la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó los hechos de una demanda por maltrato laboral presentada por el ex suboficial ante el 29º Juzgado Civil de Santiago, aumentando de 35 a 50 millones de pesos la indemnización por concepto de daño moral en favor del uniformado.
En junio de 2011, el cabo Opazo y otro ex funcionario de la institución, el antiguo teniente del Regimiento de Lanceros de Puerto Natales, José Ignacio Avello Ortiz, acusaron a Canal 13 de haber “tapado graves denuncias en contra de generales y coroneles”, ya que el programa en cuestión no se emitió.
Por un lado, aseguraron haber compartido con el equipo periodístico de ‘Contacto’ lo que ocurría en el Regimiento Logístico, consistente en la compra de repuestos para vehículos fiscales a precios inflados, y por otro, la supuesta falsificación de documentos públicos del Ejército a la Contraloría General de la República, relacionados con un accidente sufrido en la Región de Magallanes por el ex teniente Avello Ortiz.
El audio que fue dado a conocer en el marco del caso ‘Milicogate’ ratificaría la existencia de manos oscuras del Ejército para influir sobre la línea editorial de Canal 13 y coartar el ejercicio libre del periodismo.
En agosto de 2010, una publicación de El Mostrador sostuvo que la antigua estación católica había “bajado” otra investigación relativa al “sistema de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena)”, afirmando que “lo que habría motivado la cancelación del reportaje realizado por el periodista Emilio Sutherland es que se comprobaron prácticas irregulares por parte de un oficial de alto rango del Ejército que usaba infraestructura de la institución para negocios privados”.
Se mencionaba que no era la primera ocasión en que Contacto debía “guardar uno de sus reportajes, citando el caso de un capítulo censurado que daba cuenta de prácticas irregulares por parte de algunos parlamentarios
“Claro que esta vez quedó la duda sobre si la cancelación del programa fue una prerrogativa de la administración que dejará el canal o corresponde a la política del nuevo accionista mayoritario, el empresario Andrónico Luksic”, puntualizaba el medio.
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