FAO no da respuestas sobre el desastre ambiental de la riqueza pesquera del país

Pablo Fernando González

» Si no somos capaces de comprender esto último quiere decir que la culpa no es de los corruptos sino de los que nos dejamos abusar por la corrupción. »

Hace unos días en las oficinas de FAO en reunión a la que fui invitado con funcionarios de ese organismo y que estudian recomendaciones a la ley de Pesca me tocó compartir varias reflexiones sobre lo difícil que debe resultar  este encargo a este organismo experto en alimentación de Naciones Unidas, atendiendo que las autoridades del Estado de Chile a cargo de la institución del sector como es Subpesca confiesa que bajo su administración se ha llevado al colapso el 70% de las pesquerías del país y devastado gran parte de la riqueza pesquera del país.

El Estado de Situación del Estado de las Pesquerías 2015 entregado por el Subsecretario Sr. Sunico pareciera una tomadura de pelo a un país completo, ya que da cuenta de cómo esa institución se a encargado de hacer justo lo contrario que le exige la ley. La culpabilidad en estos hechos de Subpesca como institución solo puede tener dos lecturas o es un grupo de ineptos o los funcionarios de la misma han participado de un negocio formidable de cohecho para convertir en multimillonarios a los que se han beneficiado con  la sobreexplotación y que ha terminado en el 70% de las pesquerías colapsadas y que ingenuamente se asume que ha sido consecuencia de una administración descuidada de Subpesca. Si no somos capaces de comprender esto último quiere decir que la culpa no es de los corruptos sino de los que nos dejamos abusar por la corrupción.

Difícil entender para FAO porqué las autoridades de Subpesca que tenían y tienen como mandato» el inciso 1º del artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República que establece como deber del Estado la tutela de la preservación de la naturaleza. «, no lo hicieron, es más, cual es la razón que no hayan recurrido a la justicia para acusar a los funcionarios públicos culpables de autorizar y permitir desde Subpesca este desastre ambiental que se le ha ocasionado al país.

1.- Los funcionarios de FAO viven en medio de Santiago juntos a sus familias, y  al igual que la mayoría de los chilenos no tienen acceso al consumo de las principales pesquerías de nuestro país , es decir, de anchoas, sardinas o jurel. Aunque está comprobado que tienen un altísimo valor proteico y de Omega 3 marino que las convierte en estratégicas para la alimentación saludable de las personas y por lo mismo muy apetecidos y consumidos por todas las poblaciones de los países que las capturan, en nuestro país no tenemos acceso a consumirlas porque se venden solo para convertirlas en harina de pescado.

Los funcionarios FAO están conscientes del grave problema que enfrenta la población mundial por la pandemia de la mal nutrición. El que en Chile el Estado no tenga políticas para asegurar el  acceso al consumo de pescado de las familias chilenas les debe resultar incomprensible. Chile tiene dos índices que resultan vergonzosos para un país como el nuestro que posee una de las principales riquezas pesqueras del planeta: a)el primero es que el consumo de pescado de los chilenos no alcanza los 7 kg per cápita, que es la mitad de la media mundial. A modo de ejemplo vale decir que si FAO tuviera su sede en Perú donde el consumo de pescados triplica al nuestro sus funcionarios se beneficiarían del derecho al acceso a la alimentación saludable que tienen los ciudadanos de ese país; y b) aunque existe conciencia entre expertos y senadores que la  JUNAEB  es un sistema que alimenta desde el Estado la mal nutrición masiva de nuestros jóvenes y estudiantes , la alimentación escolar a cargo del Estado por más de 1.000 millones de dólares anuales sigue siendo licitada y se insiste en perder la oportunidad para que con fondos públicos se incorpore y eduque en el consumo de pescado a nuestra población más vulnerable.

Aunque con la ley Longueira se decidía el destino de la riqueza de proteínas y omega 3 marino contenida en nuestra riqueza pesquera para el bienestar de los chilenos, lo anterior resultó indiferente para el proyecto de ley de pesca despachado por  el gobierno de Piñera al Congreso y el mismo trato tuvo entre Diputados y Senadores. En la actualidad estamos enfrentados al mismo peligro ya que desde Subpesca el Subsecretario de Pesca Raúl Súnico pretende replicar el mismo modelo demagógico de Longueira acusando que el problema principal es la sustentabilidad pesquera y no la falta de acceso al consumo de pescado de los chilenos.

2.- Los funcionarios FAO que residen en Santiago han podido comprobar que durante la discusión de la ley Longueira la preocupación principal de nuestros legisladores – Senadores y Diputados- , fue como resguardar que los grandes grupos empresariales pudieran apropiarse de la riqueza pesquera país para encadenarla a su maquinaria exportadora, justificando que ello lo hacían para proteger el empleo de miles de chilenos. La discusión en el Congreso por muchos pasajes se pareció a las reuniones de los Directorios de los grupos económicos que controlan el sector pesquero, lo que puede comprobarse al leer la historia de la ley Longueira, ya que el problema central que los convocaba era como resguardar  de mejor forma los intereses de los accionistas – que terminó en el regalo del Congreso de nuestra riqueza pesquera – y nunca estuvo presente para diputados y senadores como asegurar y proteger el consumo de pescado para las familias chilenas.

3.- Desde hace más de una década los funcionarios de FAO con sede en Santiago son testigos de un hecho incomprensible para un país que se rige bajo un estado de derecho: SUBPESCA que es la institución del Estado de Chile a cargo de la administración de las pesquerías se autodenuncia cada año a través del » Informe Estado de las Pesquerías » que ha intensificado la sobreexplotación , devastación y colapso de las pesquerías que tiene a su cargo. Los ex Subsecretarios de Pesca, en su calidad de funcionarios públicos tenían y tienen como mandato constitucional » el inciso 1º del artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República que establece como deber del Estado la tutela de la preservación de la naturaleza. «, hasta ahora ni el Ministerio Público, ni la Contraloría ni el Consejo de Defensa del Estado han decidido llevarlos a la justicia o sumariarlos por el delito de falta de servicio establecido en nuestra legislación. Se ha vuelto parte de la normalidad que las autoridades de Subpesca cada año se acusen de sus logros en la sobreexplotación cada vez más dramática de las pesquerías afectando a miles de empleos entre la pesca artesanal y Pymes, peor aún a esas autoridades desde el gobierno se las premia confirmándolas en sus cargos por el anterior logro. Esta autodenuncia sufriría del mismo problema que las boletas ideológicamente falsas que hasta hace poco las considerábamos dentro de la ley hasta que el Ministerio Público sancionó que eran un delito y ahora los autores de ella están siendo llevados a la justicia.

Lo anterior seguro que debe resultar  algo incomprensible para los funcionarios de FAO, también el que un gobierno y un país que dispone de todo para priorizar la alimentación saludable de sus ciudadanos no haya hecho nada por décadas para revertir el bajísimo consumo de pescados ricos en proteínas y Omega 3 marino que tiene en abundancia, lo que demostraría que nuestro Sector Público – Ministerio de Salud,  Educación y Economía- Subpesca – o posee una clase política a cargo de él en exceso ignorante para resolver este tipo de problemas o que la misma está capturada por otros intereses que no son los de todos los chilenos ni del país.

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