Este martes 3 de mayo el gobierno decidió quitarle la urgencia que le había puesto el 13 de abril -con carácter de inmediata- al proyecto de agenda corta antidelincuencia que se tramita en el parlamento, y cambiarla por urgencia simple. Esto significa que la iniciativa -que hoy será revisada por una comisión mixta de diputados y senadores- tendrá un plazo de 30 días para ser discutida y votada.
Esto ocurre luego de que el pasado 19 de abril la Cámara de Diputados rechazara los dos puntos más polémicos y cuestionados del proyecto, como son el control preventivo de identidad y la norma que ampliaba las sanciones por filtraciones de informaciones reservadas de una investigación judicial, más conocida como «Ley antifiltraciones».
La idea entonces es negociar y buscar apoyo al interior de los parlamentarios de la coalición de gobierno, tarea que están llevando a cabo los ministerios del Interior, de Justicia y de la Secretaría General de la Presidencia, encabezados por Jorge Burgos, Javiera Blanco y Nicolás Eyzaguirre, respectivamente.
Entre los cambios que podrían realizarse al proyecto está la exclusión de los menores de edad del control preventivo de identidad y que éste se realice mediante un dispositivo biométrico, lo que permitiría que se haga en la calle, sin necesidad de tener que trasladar a una persona a un cuartel, salvo que ésta se niegue al control. Además, se evalúa eliminar la criticada disposición que establece que no es necesario que existan señales de una supuesta agresión a un funcionario de carabineros para procesar a un acusado por ese hecho.