El miedo, el que obliga a callar, el que genera silencio, el que erradica de las mentes la esperanza de cambiar la sociedad que habitamos, es la mejor política para defender un sistema como el que institucionaliza esta democracia, que pretende hacernos creer que todo está hecho, que el mundo es como es y no hay que desgastarse en tratar de cambiarlo.
Esa es la lógica del Estado dominante, infundiendo el mismo miedo que instauró la dictadura y que consolidó la Concertación durante sus veinte años. El miedo, el argumento de los fantasmas que podían regresar y que no permitieron actuar en concordancia con la ética, con el deber ser, con lo que se debía hacer sino sólo “en la medida de lo posible”. Y lo posible se mantuvo en un rango reducido, cada vez más reducido: No ha habido Justicia, casi no ha habido castigo para los culpables, y hoy la impunidad se instala en desfachateces como la de Carabineros, que mantiene trabajando en la institución a Walter Ramírez Inostroza, el cabo asesino de Matías Catrileo mientras se sigue persiguiendo al pueblo Mapuche o a cualquiera que se permita cuestionar lo establecido. ¿No da para sospechas? ¿O por lo menos para dudas?
El miedo se vuelve silencio, como arma de represión que impone una mirada de desconfianza en contra de quien alce su voz, y mucho más sus acciones en contra de las injusticias que nos parecen cada día más normales o, por lo menos, parte de una realidad que hay que aceptar, casi con resignación, porque “siempre ha sido así”.
Es lo mismo que el Estado hace con los anarquistas, que en su mayoría han actuado generando espacios de discusión y pensamiento, recuperando lugares abandonados (casas okupas), y ahora son criminalizados también en un espectáculo que raya en el absurdo. Porque ya han sido condenados aunque hasta ahora no ha habido pruebas que lo demuestre, sólo un programa de televisión que usa el material videográfico de la misma policía, que muestra personas conversando. Gran acto de sedición la conversación, porque se torna peligrosa para un Estado represivo como el que nos gobierna, porque genera pensamiento, porque hace que las personas se contagien de esperanza y se vuelquen a espacios de encuentro que permiten imaginar un mundo distinto e invita a actuar en colectivo.
Y los medios de comunicación, haciendo el juego al argumento policíaco antes de que la “Justicia” haga su trabajo. Los acusados son culpables a menos que prueben lo contrario y no al revés, como sucede en un ‘estado de derecho’, el mismo al que aluden cuando piden silencio: “Una huelga de hambre no es válida en un estado de derecho”, decía el Presidente de este Chile aséptico.
Cualquiera que se atreva a cuestionar, cualquiera que parezca distinto y que logre hacer que su voz se escuche, se convierte en un enemigo de este ‘gran hermano’ que todo lo vigila desde el panóptico, al modo de la “seguridad democrática” de Uribe en Colombia, que es el referente para la derecha chilena.
Se busca al enemigo interno o si no se le construye para justificar la expansión global del Acta Patriótica post 11 de septiembre estadounidense, le toca a Saif Khan, el pakistaní de nuestra portada, condenado por el ministro Hinzpeter, otra vez, antes de que la Justicia haga su trabajo, hablando como el todopoderoso, sin respetar la separación de poderes del Estado, y sin siquiera permitirle el beneficio de la duda a un ser humano con derechos. Pero eso no es cuestionado. Eso es lo normal. Imponer el miedo, valerse de él, jugar con el rigor y la clemencia como expone El Zohar (“Biblia” de los cabalistas), hacer que los ciudadanos y ciudadanas agachen la cabeza, o la volteen, sumándose por omisión, casi de manera cómplice, a la instauración de un sistema que discrimina a quienes se atreven a cuestionarlo.
Al cierre de esta edición ya han sido rescatados la totalidad de los mineros en medio de un reality show que sirvió de cortina de humo para pasar desapercibida la modificación legislativa al Royalty minero: invariabilidad tributaria a la explotación de recursos no renovables, hasta el año 2023.
No se confunda, nuestro país se perpetúa como un paraíso fiscal. Definitivamente algunos no están trabajando para Chile.
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Por Equipo Editorial
El Ciudadano N°89, octubre 2010
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