Con molestia reaccionó el centro de memoria “Londres 38” ante la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de rebajar las condenas previamente dictaminadas en contra del ex oficial Miguel Krassnoff y el ex cabo Basclay Zapata en el caso de la desaparición forzada de José Ramírez Rosales, militante del MIR detenido en julio de 1974 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
La Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino, integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, María Rosa Kittsteiner y Tomás Gray, redujo el cumplimiento de la pena de ambos agentes de la DINA a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, por el secuestro calificado del mirista.
En el proceso se acreditó que José Ramírez, artesano de 22 años de edad, fue llevado al inmueble de calle Londres número 38, el cual era usado como centro de torturas y exterminio por la Agrupación Caupolicán de la DINA bajo el mando del entonces mayor Marcelo Moren Brito. Uno de los agentes que participó en su detención fue Osvaldo Romo, civil que integraba el aparato represor.
El recinto ubicado en el centro de Santiago fue el último lugar donde se le vio con vida y hasta el momento no hay señales de su paradero. La misma situación se repite con el resto de los detenidos desaparecidos cuyos cuerpos no han sido encontrados.
Por esta razón, comentó la coordinadora del espacio de memoria «Londres 38» a El Ciudadano, la rebaja de condenas para Krassnoff y Zapata – y la disminución de indemnizaciones para la familia del revolucionario de izquierda – representa un tropiezo en la búsqueda de verdad y justicia que se extiende además a los otros “1.200 casos de los cuales no se sabe qué pasó”.
“Dicen que en el caso de José Ramírez no es posible comprobar que la condición de detenido desaparecido se siga cumpliendo, pero tampoco se ha avanzado en saber cuál fue el destino final de los detenidos. Hay una deuda respecto a ese tema. A la fecha sólo se conoce un 8%”, dijo María José Pérez, socióloga de la Universidad de Chile.
La organización de DDHH teme, además, que se establezca una jurisprudencia que afecte a otros casos futuros. “Nos parece que son señales políticas peligrosas”, agrega Pérez, “y lo que muestran es que la impunidad sigue avanzando en Chile, a pesar de que existe un discurso oficial de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, inamnistiables y no indultables, pero en la práctica se aplica este criterio”.
Junto con afirmar que las personas que están cumpliendo condena efectiva en la actualidad “son una parte mínima de lo que era toda la estructura de la DINA”, la coordinadora del centro de memorias «Londres 38» indicó que tanto Krassnoff como Zapata “son personas que están claramente comprometidas con el proyecto político e ideológico” que materializó a sangre y fuego la policía secreta de Manuel Contreras, a la cual definió como “una organización criminal que funcionaba con lógicas de mafia”.
“Efectivamente ellos mantienen un acuerdo y un pacto de silencio (sobre el destino final de los detenidos desaparecidos). Es importante que la investigación avance y que logre ver a toda la organización, a toda la estructura que permitió que se asesinaran a más de 3 mil personas y se hicieran desaparecer cuerpos”, sostuvo.
La Operación Retiro de Televisores, que consistió en retirar cadáveres de fosas para ocultar su paradero, fue uno de los casos citados por María José Pérez para ejemplificar la protección que han tenido represores involucrados en la desaparición forzada de personas en Chile. En ese caso, afirmó, se utilizó “toda la estructura del Ejército” para ocultar la verdad.
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