Ejército dice desconocer caso de fiscal militar cercano a Fuente-Alba que chocó ebrio en 2011

El hijo de un general amigo del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, que estuvo involucrado en el desentierro y vertimiento al mar de los cuerpos de detenidos desaparecidos bajo la Operación Retiro de Televisores, fue condenado en una causa por manejo en estado de ebriedad hace algunos años, pero nada de ello aparece registrado hoy en su Hoja de Vida.

Una madrugada de agosto de 2011, el entonces oficial a cargo de la Primera Fiscalía Militar, capitán Miguel Trincado Caviedes, primogénito del general del mismo nombre que ejerció labores de inteligencia en La Serena, acompañando al ahora cuestionado Fuente-Alba en período dictatorial, colisionó su Mercedes Benz con otro vehículo mientras se desplazaba por Avenida Vitacura en la comuna de Las Condes.

El funcionario huyó del lugar y fue seguido por el afectado Jorge Saavedra Loebel hasta la intersección de las calles San Sebastián y Tajamar.

Una vez en el sitio, carabineros de la 17º Comisaría de Las Condes verificaron, debido a su hálito, rostro congestionado, inestabilidad para caminar e incoherencia para hablar, que el dueño del Mercedes había chocado bajo los efectos del alcohol arrojando una muestra de 2.64 gramos por mil de licor en la sangre.

Trincado hijo fue puesto a disposición del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y, tras una investigación realizada por la Fiscalía Local de Las Condes y el reconocimiento de los hechos por parte del imputado, recibió una condena de 10 días de prisión con pena remitida y obligación de pagar una multa de 2 UTM.

Lo extraño es que nada de lo ocurrido fue registrado en la Hoja de Vida institucional de Trincado Caviedes, algo que debió suceder en cumplimiento de los instructivos de la Fiscalía Nacional que exigen la remisión de antecedentes de funcionarios públicos condenados a sus respectivas instituciones, a fin de que se tomen medidas disciplinarias cuando se está frente a un delito.

A mediados del año pasado, el abogado de derechos humanos Cristian Cruz elevó una solicitud por Ley de Transparencia al Ejército de Chile para saber si el oficial “fue objeto de investigación sumaria, indagación, procedimiento policial o institucional por manejar un vehículo aparentemente bajo los efectos del alcohol o símil (aparentemente tras una actividad institucional en la comuna de La Reina), como también si el Ejército fue informado o tuvo noticias o información sobre ese hecho”.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Miguel Muñoz Farías, contestó que “revisadas las Hojas de Vida y de Calificaciones del referido Oficial, el Comando de Personal ha informado no registrar ni aparecer antecedentes relacionados o que se refieran a la situación que UD describe”.

El jurista consultó además por eventuales conflictos de intereses en la designación de Trincado Caviedes como fiscal del Primer Juzgado Militar, considerando que su padre, Trincado Araneda, se desempeñó cuatro años antes como juez del Segundo Juzgado Militar, y que el capitán Fernando Fuente-Alba Pinochet, hijo del ex comandante en Jefe investigado por eventual enriquecimiento ilícito, llegó a ostentar el mismo cargo sin mediar concurso público.

En respuesta a este punto, la institución respondió que los nombramientos se ajustaron a derecho y fueron realizados “en ejercicio de las funciones privativas y de la potestad administrativa del Presidente de la República”.

Cabe señalar que la condena por manejo en estado de ebriedad contra el oficial Miguel Trincado Caviedes ocurrió justamente bajo la gestión de Fuente-Alba, en la cual se realizaron millonarios gastos por US$4 millones en licores.

PROTECCIÓN A TRINCADO PADRE

Una limpieza de antecedentes, pero esta vez en favor del general (r) Miguel Trincado Araneda, padre del oficial que fue condenado en 2011, denunció el detective de la PDI adscrito a la Brigada de Derechos Humanos, Abel Lizama, en una declaración judicial del año 2007 adosada al proceso que instruía la ministra en visita Rosa María Pinto por la remoción de los cuerpos de 26 ejecutados políticos de Calama, víctimas de la Caravana de la Muerte.

Según reportó CIPER, Lizaba aseguró haber recibido presiones de parte de Claudio Preller, jefe de gabinete del entonces director de Investigaciones, Arturo Herrera Verdugo, tendiente a alterar un informe policial que implicaba a Trincado en la Operación Retiro de Televisores.

El conflicto se agudizó cuando el acusador policía y otros colegas fueron amenazados a través de un correo electrónico que rezaba: “Los funcionarios de la Policía de Investigaciones están observando a los traidores Rafael Castillo, Sandro Gaete, Abel Lizama y Mario Zelada«.

Los detectives denunciaron formalmente las amenazas recibidas, pero la investigación no tuvo resultados.