Comunidad mapuche exige revocación de permiso ambiental para central en el río Puelo

Este martes los ministros del Tribunal Ambiental de Valdivia escucharon los alegatos por la reclamación que planea dejar nula la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Central de Pasada Mediterráneo, en Cochamó, en la región de Los Lagos.

La decisión sobre revocar la RCA para el polémico proyecto que busca instalarse en el río Puello la deberá tomar el Tribunal, considerando también la ratificación que hizo el Comité de Ministros en enero de este año, hecho que también llevó consigo una reclamación de José Cayún Quiroz, representado por su abogado Sergio Millamán.

Los reclamantes con argumentos exigieron poner especial atención a los impactos en la fauna, flora y medio humano, además en la actividad turística, que se ven altamente afectados por las acciones de Mediterraneo S.A, empresa controlada por José Cox, socio y amigo del ex presidente Sebastián Piñera y Ricardo Bachelet, primo de la mandataria y también conocido por trabajar con el ex mandatario.

En base a los argumentos, Millamán explicó que la importancia de los argumentos recae en profundizar en que Cayún Quiroz, siempre señaló que él y su comunidad fueron excluidos de las consultas indígenas que, en las distintas oportunidades a lo largo del proceso de evaluación ambiental, debieran haber ocurrido, esto considerando que las respuestas en relación a lo anterior fueron nulas. La autoridad ambiental que debió hacerse cargo de aquello, prefirió no manifestarse y dejar en incógnito la observación ciudadana.

Las falencias metodológicas de las que carecen las argumentaciones del comité acusado son aún más evidentes cuando sus representantes no se hacen cargo y tampoco entregan ningún tipo de información para señalar la contraparte de las reclamaciones, de hecho, prefieren guardar silencio y mantener un status quo terrible sin considerar lo que afecta directamente a la comunidad Domingo Cayún Panicheo.

El estándar de la respuesta, afirmó el abogado, debe ser frente a la falta susceptibilidad de afectación, no ante el estándar definido de aceptación directa, que claramente denuncia las falencias que fueron enunciadas en la relación y por las cuales tampoco se hicieron cargo, al igual que en la observación ciudadana, en donde nunca hay un pronunciamiento expreso en donde el observante diga si algo procede o no.

Entonces, la no pronunciación frente a la reclamación indígena es una de las más importantes escrituras que presentaron los abogados defensores de la comunidad mapuche de la zona. Sobre este escenario, la abogada también reclamante, Macarena Soler, habló sobre el nivel de impacto que podría existir en el lugar posterior a la concretación del proyecto.

“Se está asumiendo que esos 300 trabajadores van a dejar una actividad rentable por una transitoria, que durará lo que la realización del proyecto, porque después que termina quedarán 12 personas”. Este impacto social, describe, es muy importante, porque se transforma un sector, un destino y formas de vida que después se verán abandonadas y sin nadie que se haga cargo de una transformación de ese calibre.

El tercer abogado defensor, Diego Lillo, también responsabilizó a la empresa Mediterráneo S.A de mantener sólo vinculaciones con los informes técnicos para la evaluación ambiental, pasando por alto la observación ciudadana. “Teniendo también una indebida falta de información esencial como si la participación ciudadana se tratara de un mecanismo de segunda clase dentro de la evaluación ambiental”.

Finalmente, José Horacio Cayún, manifestó que a pesar de estar conforme con todo lo que expusieron sus defensores, sigue firmemente creyendo que la zona no debiese tener ninguna intervención.