Aprueban comisión investigadora sobre terrenos del Ejército

Instancia de fiscalización fue respaldada hoy por la unanimidad de la sala, su tarea es Se indagar a la institución por ventas presuntamente irregulares de predios fiscales.

Aprueban comisión investigadora sobre terrenos del Ejército

Autor: Jose Robredo

 

Ejército

La comisión investigadora fue impulsada por el diputado PPD Joaquín Tuma fue aprobada ayer por la unanimidad de la sala de la Cámara. Buscara investigar la venta un terreno fiscal de casi 6 hectáreas en la comuna de Victoria, en La Araucanía, a través de una licitación por cerca de $791 millones. La venta fue publicada por el Comando de Ingenieros en el diario Austral de Temuco, pese a que el predio estaba destinado exclusivamente para el uso de un batallón del Ejército y a que, con anterioridad, la municipalidad de Victoria había solicitado una pequeña franja para la construcción de un barrio cívico.

Este hecho fue desautorizado por la Contraloría General de la República, junto con la venta de otros terrenos.

En el documento que fundamentaba la petición de esta instancia fiscalizadora se menciona el dictamen del órgano contralor, que obliga al Ministerio de Bienes Nacionales a fiscalizar el destino de los terrenos del Ejército, los que deben usarse para el uso en que originalmente se solicitó al Fisco. “Si por cualquier motivo dejare de utilizarse en dicho fin, debe ponerlo de inmediato a disposición de la mencionada Secretaría de Estado para su debida Administración”, menciona el escrito presentado por el diputado Tuma, recordando la resolución de Contraloría, que impidió la venta y que se produjo tras un requerimiento del senador PPD Eugenio Tuma, hermano del diputado.

Por lo mismo, los objetivos señalados por la comisión investigadora son variados. “Fiscalizar el cumplimiento del objeto de las destinaciones de inmuebles fiscales efectuadas por el Ministerio de Bienes Nacionales a las Ramas de la Defensa Nacional  e instituciones  de Orden y Seguridad, establecer si la administración de dichos bienes se ajusta a los objetivos de las destinación y conocer los procesos de enajenación que las referidas  instituciones  han efectuado de bienes fiscales y establecer si dichas ventas se han ajustado a las legislación vigente”, dice el documento.

 


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