La exposición llamada Pascua Lama ¿Oro o vida? de Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoameriano de Conflictos Ambientales (Olca), mostró nuevamente la supremacía de los intereses privados de empresas mineras transnacionales frente a los derechos de la ciudadanía. Mediados por leyes hechas a la medida y el tráfico de influencias.
El escaso público que llegó al salón Victor Jara en la Universidad de Santiago de Chile (Usach) el día viernes 5 del presente mes al espacio “Almorzando con la Usach”, refleja quizá el cerco medial en torno al conocimiento y debate de este tema. Tal vez, un desinterés ciudadano por materias que consideran ajenas a su diario vivir. Lo que podría ser peor aun es una asimilación de la injusticia que viven estas comunidades bajo el imperativo mental que “nada se puede hacer al respecto”. Los asistentes fueron 20 personas, universitarios y académicos.
Participaron del encuentro, Jorge Lavandero, abogado y ex senador de la República, Alejandro Sule, quien preside el Programa de Seguimiento Legislativo en Energía y Minería Sustentables, y Protección de Recursos Naturales, Atilio Barrios, Economista, Gerente administrativo de Codelco en el período 1971–1976 y Director de Socios Estratégicos en la misma empresa entre 1995–1998, además de Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoameriano de Conflictos Ambientales.
Para comenzar la discusión, Lucio Cuencia, amplio conocedor y divulgador de las irregularidades cometidas por Barrick Gold en Chile, elaboró una narración histórica con los hitos que marcan la aprobación del proyecto minero Pascua Lama. He aquí una síntesis para que comprenda por qué parece “intocable” el proyecto minero:
1993 – 1994: Barrick Gold compra acciones en Alto Norte, empresa minera en manos de inversionistas chilenos. El mismo año el Gobierno chileno crea la Ley de Bases del Medioambiente (Ley 19.300). Quienes participaron en su elaboración, fueron Rodrigo Rivas y José Antonio Urrutia. Hoy, el primero de ellos es Gerente de Asuntos Corporativos y el segundo es abogado defensor de Barrick Gold Chile.
29 diciembre de 1997: Firma del Tratado de Complementación e Integración Minera entre Chile y Argentina. Los Presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle fueron los responsables. Este tratado crea un marco jurídico que permite suspender la legislación ambiental en materia de restricciones a las inversiones mineras.
6 octubre de 1999: En la presentación del informe de la Comisión Unida de la Cámara de Diputados, el entonces abogado de Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cristian Letelier Aguilar, afirma “este tratado presenta características de tal peculiaridad, que constituye la única obra de Derecho Internacional Público que contiene normas de aplicación enteramente de interés empresarial y privado”.
Un informe de Joaquín Vial, director de Presupuesto del Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, sostenía que el acuerdo derivaría en pérdidas para Chile de varios cientos de millones de dólares, como resultado de la previsible sobreproducción.
8 agosto de 2000: Aprobación que amplía el proyecto minero Alto Norte
29 agosto de 2000: 13 senadores presentan un requerimiento ante el Tribunal Constitucional a dos horas de ser aprobado el inicio de faenas.
Mayo de 2001: Aprobación del Plan de Manejo de glaciares.
9 febrero de 2003: Publicación del Decreto Supremo Nº116 del Ministerio de Minería. Mediante esta disposición y otras se permite que Barrick, y otras trasnacionales mineras que se acojan el Tratado, paguen directamente a las instituciones involucradas en fiscalizarlas; a saber, Carabineros, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Aduanas entre otras.
Este último Decreto es para Julián Alcayaga, economista, inconstitucional, pues infringe el numeral 20 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que establece: “los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado”.
15 de enero de 2006: la Corporación Nacional del Medio Ambiente (Conama) autoriza a través de la resolución Nº 24 la ejecución del proyecto Pascua Lama.
Octubre de 2009: Comienza la construcción del proyecto minero Pascua Lama
26 noviembre de 2009: Fiscalización a la minera. Se constata la ausencia de un control fronterizo y migratorio. También la obtención de agua ilegal en puertos no autorizados. Resultado: un sumario abierto, sin consecuencias en las faenas por ahora.
El Ciudadano, en la edición de julio de 2009 presentó con nombres y apellidos, los politicos que en posición de autoridad, utilizaron su influencia como intendentes, gobernadores, y líderes de opinión en las comunidades del Huasco para obtener la benevolencia de la ciudadanía en el Estudio de Impacto Ambiental (ocasión en que ni siquiera se les explicó qué objetivos y beneficios tendría su participación). Si quiere conocer algunos nombres, Soledad Alvear, Alfonso Dulanto, Yasna Provoste, José Antonio Urrutia, entre otros.
AFECTADOS
La principal afectada es la comunidad de Huasco, en la III Región de Chile y en mayor medida quienes necesitan de los recursos hídricos existentes en la Cordillera. En la charla, Cuenca señaló la importancia de los glaciares presentes en la Cordillera, y enfatizó que no eran sólo tres (Toro 1, Toro 2 y Estrecho, son los de mayor tamaño). Además de los residuos o externalidades que las faenas mineras producen daño en la zona que los circunda. Existen dos comunidades en pie de guerra: Chollay -por el río Tránsito- y El Corral por el río San Félix, ubicadas a 35 km y 55 km de distancia, respectivamente.
En la actualidad, el armazón de seguridad que tene el complejo minero no permite el acceso a campesinos que realizan la llamada veranada (traslado de ganado de una zona a otra para alimentarlos).
La Comunidad Diaguita también están alerta. El 11 de mayo de 2007 fue acogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denuncia interpuesta bajo el título “los Diaguitas versus el Estado de Chile” que exige medidas cautelares, pues el “El Estado Chileno no ha sido capaz de asegurar el cumplimiento de los derechos ancestrales de los Diaguitas Huascoltinos sobre tierras donde se emplaza el megaproyecto Pascua Lama, que son propiedad ancestral de la comunidad”, afirma.
CONCERTACIÓN DE PARTIDOS POR… EL LUCRO PERSONAL
Jorge Lavandero, ex senador de la República, hace hincapié en las cifras genera el negocio en la edición citada de El Ciudadano. Al menos $41 millones de dólares y con $3 millones de dólares en inversión. Con un costo de entre US$ 20 y US$ 50 la onza, venderán a casi mil dólares cada una de ellas.
Lavandero, confidenció además que en conversación con Ricardo Lagos cuando era candidato a la Presidencia, compartieron un helicóptero. “En la ocasión le dije que desde que tenía 24 años había luchado en el Parlamento para recuperar esta riqueza (el cobre), para todos los chilenos. Él me miró y me dijo, Jorge, el cobre no está en mi agenda. Yo me quedé realmente asombrado. Dos meses después me enteré que Luksic lo había llevado en su avión particular 2 veces a Los Pelambres y que le había financiado la campaña”, aseveró.
Atilio Barrios, recordó los compromisos asumidos por la Concertación, tras el “arribo de la democracia”: Preservar la soberanía de los Recursos Naturales; en cuanto al Cobre, “Defensa del patrimonio nacional”, regulación de los ritmos de producción, entre otras para concluir “tenemos tantos recursos y nunca invertimos en tecnología y nos limitamos a producir concentrado. El regreso a la Democracia no fue más que una gran decepción”, afirmó el economista. Barrios, también planteó la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso nacionales, otra de las propuestas no cumplidas por la Concertación.
Alejandro Sule por su parte, se mostró indignado ante el comportamiento de la clase política que lo circundó cuando fue Diputado por la VI Región del Libertador Bernardo O’ Higgins, en el período 2006 a 2010. Asegura que “pagó su noviciado” y por eso ahora, libre de cargo, participa en movimientos ciudadanos. “Fueron mis propios compañeros de partidos quienes ‘me aserrucharon el piso’ por eso ya no pertenezco al partido”. Sule indicó además, la necesidad de financiar la política para que no haya corrupción en ella, como lo hacen los países desarrollados.
En palabras de Lucio Cuenca, los temas de gestión de los recursos estratégicos del país están bajo la jerarquía del desarrollo de la institucionalidad ambiental, que está centrada en la evaluación de proyectos y elaboración de normas. “Pero los temas de gestión de los recursos, como el agua, la energía, la actividad forestal, los suelos, la minería, no están a cargo ni de la política, ni de la ley ambiental del país”, señaló Cuenca.
Por David Abrigo Bilbao
El Ciudadano
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