El uniformado y miembro del Gope, Miguel Jara Muñoz, que disparó por la espalda al comunero Jaime Mendoza Collío, fue acusado por el Fiscal Militar de violencia innecesaria con resultado de muerte. El abogado querellante en la causa, Lorenzo Morales, explicó que «quedamos muy conformes con lo resuelto». Fiscalía logró acreditar montaje de Carabineros para encubrir el crimen.
Tras comprobarse que personal del Gope de Carabineros involucrado en la muerte del comunero Jaime Mendoza Collío, realizó un montaje para ocultar responsabilidades en este crimen de 2009, el fiscal Militar de Malleco, Rodrigo Vera Lama, solicitó 15 años de cárcel como condena para el autor material: el funcionario de Carabineros, Miguel Patricio Jara Muñoz (en la foto). Esta sentencia en primera instancia, debería ahora pasar a la Corte Militar de Valdivia, donde un juez castrense decidirá si acepta o reduce esta condena.
El funcionario de Fuerzas Especiales fue acusado de «violencia innecesaria con resultado de muerte», al disparar en medio de una acción pacífica de recuperación de tierras en la comuna de Ercilla. El acusado se defendió primeramente, señalando que actuó en defensa propia, sin embargo las pericias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) dieron cuenta de un montaje por parte del personal involucrado en el hecho, tendiente a manipular el sitio del suceso y las evidencias.
«Las pruebas eran contundentes y lo que pudieron ellos expresar como defensa era bastante feble y en definitiva el cabo Jara ni siquiera tenía irreprochable conducta anterior. Todo esto redundó en que él sea acreedor de la pena máxima para este tipo de delitos, además se estableció la inhabilitación perpetua para él ejercer cargos públicos y finalmente solicita la destitución de las filas de Carabineros», señaló el abogado querellante en la causa, Lorenzo Morales.
El profesional, desde un comienzo, avaló la tesis de un montaje para encubrir el asesinato del joven miembro de la comunidad Requem Pillan, denunciada a pocos días de su crimen por la familia y quienes acompañaban a Mendoza Collio aquel fatídico día. Esta tesis también la manejó el abogado Jaime Madariaga, quien en un comienzo representó como querellante en la causa a la familia del comunero abatido. Morales añadió además que «la tesis -que es la legítima defensa- es inverosímil, pues ahí está el peritaje que establece que no hay residuos de ninguna especie en las manos de Jaime, es decir, él no manipuló ningún arma de fuego en el día de los hechos».
PERITAJES DE LA PDI
Tres peritajes realizados por la PDI resultaron lapidarios para el funcionario de Carabineros. Uno de ellos revela que los impactos de perdigones que tenía el casco y el chaleco antibalas del carabinero del Gope fueron posteriores al incidente. El informe precisa que el chaleco tiene impactos de perdigones en el interior, en la zona que cubre la espalda. Para tal hecho hay sólo dos explicaciones. Una de ellas es que los proyectiles tuvieron que atravesar al policía por el abdomen o el tórax para luego alojarse en la parte interna del chaleco que cubre la espalda, lo que no ocurrió porque el efectivo no tiene lesiones.
Y la segunda explicación es que los impactos al casco y al chaleco fueron realizados después del disparo por la espalda que le quitó la vida al comunero. Este antecedente echó por el suelo la versión entregada por el jefe de la IX Zona de Carabineros de la época, general, Cristian Llévenes y que fue respaldada por el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, respecto a que el efectivo del Gope utilizó su arma de servicio para responder a un ataque con arma de fuego. Jara Muñoz sostuvo que fue emboscado, que le dispararon en cuatro ocasiones y que en una de ellas se puso en posición fetal cuando no pudo arrancar, recibiendo todos los perdigones en el casco y en el chaleco.
El mapuche recibió un impacto de un proyectil que ingresó por la espalda y salió por el tórax, según estableció también un informe de la Brigada de Homicidios de la PDI y que luego fue confirmado por la autopsia practicada al cadáver de Jaime Mendoza (en la foto) en el Servicio Médico Legal de Angol. El comunero cayó muerto en una hijuela cercana al fundo desalojado, en tierras de la comunidad Juan Cabrapan. Otro peritaje realizado en el Laboratorio de Criminalística de la PDI en La Serena reveló que en las manos de Jaime Mendoza no había restos de pólvora, lo que concluyó que no efectuó disparos antes de ser abatido.
«CIERTA CUOTA DE JUSTICIA»
«Quedamos muy conformes con lo resuelto y ahora habrá que esperar hasta el jueves el pronunciamiento del Tribunal Militar de Valdivia, donde se resolverá finalmente», subrayó el abogado Morales. Según el profesional, aunque la pena sea rebajada por el Tribunal Militar de Valdivia, la pena mínima a la que podría acceder el funcionario policial sería de cinco años de presidio efectivo, muy distinta a la pena recibida por el funcionario policial involucrado en el crimen de Matías Catrileo. En este caso se solicitaron 10 años y 1 día de presidio y fue condenado sólo a 3 años y 1 día de pena remitida. En la actualidad, dicho funcionario policial (Walter Ramírez Inostroza) continúa en servicio activo.
«Los mapuches perdieron a una persona que vivía en Bajo Malleco, que de alguna manera, los dos anteriores que habían muerto, había habido cierta impunidad y en este caso por fin llega una cierta cuota de justicia para el pueblo mapuche», añadió Morales. En tanto, en la localidad de Cañete, donde se encuentra defendiendo judicialmente a mapuches en un juicio oral, el ex juez Juan Guzmán señaló que esta será una pena ejemplar para el comportamiento de los funcionarios policiales. «Me parece que es una pena ejemplar que le va a hacer bien al país y le va a hacer bien además al cuerpo de Carabineros especialmente, para demostrar la moderación que deben tener los funcionarios policiales», indicó.
Desde su comunidad en Ercilla, conforme y con la esperanza de que se haga justicia con los que «mandaron a matar» a su hijo, se mostró la madre de Jaime Mendoza, Rosa Collio. Acompañada de su nieto Jaime Mendoza, de 3 años, aseguró que estaban conformes como familia con el dictamen del fiscal militar, pero que aún falta que se busquen las responsabilidades de otros carabineros involucrados en el crimen, ello en clara alusión al recién nombrado General de la Novena Zona Policial, Iván Bezmalinovic, quien estuvo a cargo del violento operativo de desalojo en grado de coronel aquel día.
Al respecto, el senador del MAS, Alejandro Navarro, fue enfático en subrayar la responsabilidad funcionaria del Alto Mando de la institución policial. «En caso de una condena, el general Iván Bezmalinovic (en la foto) debe renunciar a su cargo. No queda otra salida, por la responsabilidad funcionaria como jefe del operativo, como responsable de sus funcionarios, a quienes se protegió con la falsa tesis de la legítima defensa». «El caso tendrá duras consecuencias no sólo contra los carabineros que falsearon pruebas, sino que también en contra del Alto Mando», apuntó Navarro.
Consultado al respecto por Radio Cooperativa, el General Director de Carabineros, Eduardo Gordon, hizo un llamado a esperar la ratificación de la pena por parte de la Fiscalía Militar. Gordon aseguró que dicha condena obedece a una «propuesta que hace la fiscalía por lo tanto hay que esperar las resoluciones que tengan los tribunales, correspondiente al respecto. Toda persona tiene derecho a un debido proceso», sentenció. Asimismo, expresó no estar en conocimiento «de materia de montaje. Carabineros no hace montajes, como institución nosotros no planificamos montajes».
Fuente: www.azkintuwe.org