SQM y litio causas de interés nacional. Por Hugo Fazio

Diputados comunistas y Sergio Aguiló de Izquierda Ciudadana presentaron un proyecto de ley que “declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)”, enviado para su consideración a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. En cuanto al litio persigue “fijar expresamente un mandato normativo de mayor amplitud que oriente la política del Estado en función del resguardo del patrimonio de los chilenos y el desarrollo de un horizonte estratégico que sirva a las necesidades de las mayorías”.

Desde 2015 la cotización del litio, en un lapso de caída en los precios de la generalidad de las materias primas, experimentó un notorio ascenso. En 2015, aumentó su precio en 28%, para hacerlo durante el primer trimestre de 2016, con 47%, en relación a la cotización promedio del año pasado según Benchmark Mineral Intelligence. Este momento favorable en su cotización hace aún más urgente desarrollar una política nacional de explotación del litio.

La alta demanda tiene como uno de sus factores principales la fabricación de vehículos eléctricos que exigen cantidades crecientes de litio para ser empleados en las baterías con que funcionan. Goldman Sachs estima que esta presión de demanda se triplicaría hacia el año 2025. En un mercado, en que los acuerdos se producen directamente entre compradores y vendedores, no como acontece con otros recursos primarios, la mayor adquisición se efectúa por China, para ser utilizada en baterías de buses y otros vehículos. Estos autos eléctricos, según datos de Mantos Copper, demandan también cuatro veces más cobre que los vehículos diésel.

La presentación de la decisión sobre SQM se fundamentó en que la Constitución establece que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas (…), no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieron situadas. Nadie puede ser privado de sus propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales de dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

Reivindicar la responsabilidad del Estado en el futuro de SQM es un paso necesario. En septiembre de 2013, durante el régimen de Piñera, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) efectuó imputaciones en el caso Cascadas por el funcionamiento de un “esquema coordinado” en “contra el interés de las sociedades Cascadas”, generando utilidades para quienes fraguaban estas operaciones. En enero de 2014 se efectuaron formalizaciones de sus responsables y en septiembre de 2014, ya durante el actual gobierno, la SVS procedió a aplicar un conjunto de multas que sumaban US$113 millones, siendo la más elevada de US$69,54 millones impuesta a Julio Ponce. En ese momento alertamos que el “tema de fondo, aún no abordado” era “prohibir o regular fuertemente el mecanismo empleado de Cascadas, conducente a que aprovechándose de recursos pertenecientes a terceros se controlan enormes recursos (…) facilitando los juegos especulativos”1 . Sin embargo, nada se hizo en esta esfera y aún demuestran los hechos Julio Ponce sigue manejando la sociedad minera a partir de su control de este mecanismo.

La impugnación de la multa de la SVS se trasladó a los tribunales de justicia donde sigue efectuando presentaciones intentando revertirla. Paralelamente, se encuentra en curso la investigación penal, actualmente a cargo del fiscal Andrés Montes, que se encuentra abierta desde hace varios años sin tener hasta el momento ningún acusado. Julio Ponce ha sido interrogado en varias oportunidades guardando silencio. El Mercurio ha señalado que el exsuperintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, manifestó al ser citado a declarar “que se configuraría también el delito de uso de información privilegiada, contradiciendo la versión que él mismo había dado cuando era superintendente, cuando le bajó el perfil a aquella hipótesis” (10/05/16).

En 2015, a partir del caso Penta, empezó a hablarse de la “arista Soquimich”, la cual estalló con fuerza en el segundo trimestre de ese año cuando el Servicio de Impuestos Internos presentó a la Fiscalía Nacional Económica una masiva denuncia cuyos ”fundamentos surgieron – señaló – a partir del análisis de antecedentes presentados ante el Servicio por la propia empresa SQM (…) y de los obtenidos en diversas diligencias por funcionarios fiscalizadores de la subdirección jurídica”. La investigación condujo a poner al descubierto la estructura de financiamiento transversal creada desde la empresa controlada por Julio Ponce, actuando como gestor Patricio Contesse en ese momento su gerente general, a quien se le sindicó como responsable de todo, lo cual por su dimensión era imposible.

Ello conducía necesariamente a plantearse dos interrogantes de fondo, que aún siguen sin resolverse y tampoco se hará si se queda solo en sancionar a determinados participantes en estas operaciones. El primero de estos interrogantes fue: ¿cómo era posible que Julio Ponce continuase dirigiendo Soquimich después del escándalo de los manejos especulativos de las sociedades Cascadas? El cuestionamiento a Julio Ponce fue tan fuerte que le obligó a dejar primero la presidencia de SQM y luego sus cargos en las sociedades Cascadas, pero manteniendo plenamente vigente hasta hoy el mecanismo de control, que conducía al segundo interrogante: ¿cómo se permitía la existencia de holdings cuya estructura nace desde paraísos fiscales? Estos cuestionamientos siguen plenamente vigente. El proyecto de ley presentado conduce a resolverlos. Un avance de este carácter solo es posible concretarlo, como acontece con las transformaciones de fondo, si es hecha suya por grandes corrientes ciudadanas. Es la experiencia vivida con la nacionalización del cobre.

Es inadmisible que después de un cuarto de siglo de terminada la dictadura siga Soquimich siendo controlada por Julio Ponce Lerou, y se permita incluso nominar a su hermano como miembro del directorio mientras busca convertir en ingresos líquidos todo o parte de su estructura de control2 . La designación de Eugenio Ponce propuesta por Pampa Calichera, empresa controlada por Julio Ponce, solo puede entenderse como un giro a la posición obligada del que fuese yerno de Pinochet de retirarse del directorio frente a las fuertes demandas efectuadas en ese sentido particularmente por inversionistas extranjeros. Igualmente, en el mismo sentido llamó la atención que se nominase como vicepresidente de los directorios de Pampa Calichera y Oro Blanco a Patricio Contesse Fica que formaba parte de dichos organismos y que abandonó el directorio de SQM junto con Julio Ponce .Ello demuestra que los vínculos entre el que fuese yerno de Pinochet y los Contesse continúan siendo estrechos.

Formulaciones se han efectuado en la dirección de resolver esta situación, pero faltaba una propuesta concreta. En este sentido se pronunciaron en mayo de 2015 los abogados democratacristianos Ramón Briones y Hernán Bosselin, teniendo presente los financiamientos entregados por la minera no metálica a una amplia red de vínculos políticos y hacia las estructuras de poder. “El financiamiento de las campañas electorales y otros rubros políticos a través de vías torcidas y manifiestamente ilegales –escribieron-, no ha tenido por objetivo fines de beneficencia. (…) los dineros transferidos a la actividad política y que no dicen relación con el giro o actividad propia de dichas sociedades –agregaron- ha tenido como única finalidad lograr influencias indebidas a todo nivel. Los hechos ocurridos en torno a la empresa Soquimich que se están conociendo y que develan una intervención desconocida por su profundidad en el ámbito político tanto ejecutivo como legislativo, hacen de suyo necesario -concluyeron-, que el Estado de Chile aplique una condigna solución respecto de lo allí ocurrido, considerando que se trata de una empresa cuyo origen fue estatal y cuya riqueza se encuentra en el suelo chileno. Soquimich debe ser expropiada porque así lo exige el interés nacional” (07/05/15)3

Otro tanto hizo el senador Alejandro Guillier, siendo presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado4 .”SQM –escribió- es un caso emblemático. La empresa –añadió- tiene vigente una concesión entregada por Corfo para la explotación del litio (…). Sin embargo, existe un juicio entablado por la Corfo contra la empresa por no pago de las rentas convenidas e, incluso, protagonizar alevosos intentos de apropiación de los acuíferos de los salares en explotación. A la luz de lo conocido, resulta de toda lógica –concluyó- (…) que las actuaciones de sus ejecutivos y accionistas (…) debieran ser razón suficiente para caducar dicha concesión. Sería un golpe de alto impacto público, violó las normas tributarias y los estándares éticos y jurídicos básicos por lo cual no puede seguir controlando el litio, un recurso definido como estratégico y cuya protección y control por el Estado cuenta con amplio apoyo ciudadano” (26/05/15). En la defensa de la soberanía nacional y un activo papel del Estado se pronunció también la Comisión del Litio creada por la presidenta Michelle Bachelet.

Desde el momento que se efectuaron estos pronunciamientos transcurrió un año sin que nada se haya hecho. La opinión pública no puede menos que vincularlo a la red de personeros financiados directa o indirectamente por Julio Ponce y el gestor de estos recursos Patricio Contesse. Por estos hechos la Fiscalía Nacional continúa efectuando nuevas formulaciones.

Ante el enjuiciamiento del papel desempeñado por Julio Ponce, del que fuese su gerente general, Patricio Contesse, y de los miembros de mayoría del directorio que él siempre ha nominado, personeros que recibieron sanciones pecuniarias acordadas por la SVS, o los juicios y condenas que proyecta la Fiscalía Nacional para los responsables y participantes de la red de relaciones políticas cuestionadas, Soquimich ve más que difícil su proyección en Chile. Por eso, está invirtiendo en Argentina, donde adquirió el 50% de Minera Exar a la canadiense Lithium Americas Corp. Ambas empresas anunciaron una inversión conjunta estimada entre US$500 millones y US$600 millones con el objetivo de alcanzar en su explotación una producción de 40.0000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. Soquimich informó que trabaja en este proyecto desde comienzos de abril del presente año, mientras en el país seguía su conflicto con Corfo por el no cumplimiento de los contratos que le permiten explotar las ricas pertenencias del Salar de Atacama.

Por ello era necesario plantearse soluciones de fondo y allí aparece necesariamente el de quién controla SQM y la explotación que se hace de recursos naturales, entre ellos del litio que continúa efectuándolo mientras prolonga la resolución de su conflicto con Corfo que tiende a ser de una larga duración. Se precisaba, entonces, una iniciativa política que coloque al litio y a SQM en el marco de una perspectiva nacional, como se hace en la iniciativa de ley presentada al Congreso por los parlamentarios comunistas y Sergio Aguiló.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, se cruzó de inmediato frontalmente frente a la propuesta. “Le contesto derechamente –respondió a los periodistas-: no está en los planes del gobierno de Chile expropiar ninguna empresa. Así de claro” (05/05/16). Se excluye hacerlo independientemente de que ello corresponde al interés nacional y su controlador Julio Ponce asumió su presidencia designado en 1979 por su suegro cuando comenzó a dar los pasos para hacerse de su propiedad, lo cual actualmente efectúa con una estructura cuyo hilo nace en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

Mientras tanto siguen apareciendo querellas del SII por delitos tributarios cometidos en el financiamiento transversal de SQM. En ellas además de receptores de los recursos figuran, junto al exgerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, sus actuales mayores ejecutivos, el nuevo gerente general, Patricio de Solminihac, y el vicepresidente de Administración y Finanzas, Ricardo Ramos, los cuales continúan ejerciendo sus funciones a pesar de encontrarse sometidos a sucesivas formalizaciones. La nueva querella en su contra es por declaraciones de impuestos maliciosamente falsas o incompletas en los años tributarios 2012 y 2013, al registrar y declarar facturas no afectas o exentas de IVA (07/05/16). Igualmente se presentó querella a estos ejecutivos en la acción legal efectuada formalizando a la exasesora de Pablo Longueira, Carmen Luz Valdivielso por la facilitación de boletas falsas a varias empresas, entre ellas SQM.

Este financiamiento transversal fue reafirmado en una investigación efectuada por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI cumpliendo con una instrucción dada por la fiscal del caso SQM, Carmen Gloria Segura. El documento da a conocer testimonios entregados por Patricio Rodrigo, que fuese vocero de Patagonia Sin Represas, en los cuales se constata que personalmente a nombre del PPD participó “en suscribir un contrato con SQM Salar” y que los recursos recibidos, ascendente a $57 millones entregados entre agosto de 2011 y junio de 2012, “mayoritariamente fueron destinados a lo que se nos había solicitado, que era prestar apoyo al partido (…) y como tales fueron depositados en su cuenta” (14/05/16).