Presidenta Bachelet entrega un aporte de 95 millones de dólares a TVN

En total, la señal pública dispondrá de unos 66 mil 215 millones de pesos, dineros que de paso, la ayudan a superar su actual crisis financiera, ocasionada por los bajos índices de sintonía, debido a la precariedad de sus contenidos. Una inyección de recursos vista como “salvataje disfrazado” por el ex presidente de la estación Leonidas Montes.

«No creo que esté correcto lo que se está haciendo. Esto parece un salvataje disfrazado y la gracia que siempre ha tenido TVN es que ha competido en igualdad de condiciones con todos los otros actores. Es algo irresponsable y en término de políticas públicas, un mal precedente», dijo Montes a Radio Infinita (emol); a la vez que destacó el hecho que de acuerdo a su propia ley (19.132), y en virtud de su carácter independiente, TVN no puede recibir financiamiento del Estado.

Ya quisiera cualquier empresa –o una humilde comuna, como Til Til o Camarones–, recibir un aporte de capital de 70 millones de dólares de una sola vez, más otros 25 para un proyecto adicional, en total, casi 100 millones dólares ingresado de un plumazo a sus arcas y sin mediar mérito alguno, es decir, dicha cantidad, más que un aporte de capital, es una donación sobre la que habría que poner mayor atención; conocer, por ejemplo, cuál es el origen de esos fondos, si existe un sistema de control, así como saber si parte de esos dineros se destinarán a las consabidas asesorías, o difusión del proyecto que nadie puede explicar.

Hablar de un monto cercano a los 100 millones de dólares podría ser un ejercicio pedestre, considerando que en el mundo del espectáculo hay actores o deportistas que se tutean con esos números. Sin embargo, cuando esa cifra es llevada al plano local, sin duda se trata de un monto inimaginable. Un solo ejemplo, la millonaria comuna de Vitacura, tiene un gasto anual de 74 mil millones de pesos, un poco más de lo que TVN recibirá desde La Moneda (66.215 millones de pesos).

Pero, si se toman en cuenta los paupérrimos ingresos que reciben comunas como Til Til (3 mil millones al año), o Camarones, en la región de Arica y Parinacota (2 mil millones anuales), o la popular Cerro Navia (con apenas 23 mil millones para todo un año), es inevitable sentirse asombrado y acongojado a la vez, en especial cuando surge la duda sobre el uso, el sentido y la trascendencia de tan millonaria capitalización destinada a un medio que, no solo no cumple la función social que le cabe, al ofertar una programación de bajísima calidad y establecer estándares de segregación y censura poco presentables, sino que tampoco posee las competencias para salir de un atolladero tan fácil de superar, como es su baja sintonía.

La suma de ambas monumentales erogaciones –que en moneda nacional representa 66 mil 215 millones de pesos– fue anunciada ayer en La Moneda por la Presidenta Michelle Bachelet en favor de un destinatario que se encuentra en plena crisis, como es TVN, el canal de todos los chilenos. ¿Buena o mala decisión; oportuna o extemporánea? Es una respuesta que tendrá que esperar, al menos, una década.

El anuncio de la Mandataria ocurrió entre dos hechos que tienen el mismo pagador: la hacienda pública. En efecto, durante la mañana de ayer la Cámara de Diputados aprobó un bono de 200 mil pesos para los funcionarios públicos de Atacama, quienes tras una movilización de dos meses –que los trajo desde su desértica región a Santiago y Valparaíso, donde se hicieron escuchar–, consiguieron el despacho de una ley que permitirá la entrega del citado bono a los funcionarios de menores ingresos, así como el compromiso del gobierno de realizar un estudio que determine el costo real de la vida en la región.

Por la noche, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en su calidad plenipotenciaria de coordinador de la contienda, desde la intendencia de Puerto Montt dio a conocer el término del conflicto entre los pescadores de Ancud y el gobierno, a raíz de los negativos efectos de la marea roja sobre la principal actividad productiva de la región de Los Lagos. Fin a un conflicto que se extendió de manera innecesaria por espacio de 18 días –entre los cuales la Presidenta viajó a Europa– y que se tradujo en perjuicio económico para los habitantes de 15 comunas sureñas.

Está claro que el jueves 19 de mayo pasará a la historia de la administración Bachelet como un día especial, tanto que el ministro del Interior, Jorge Burgos, se verá obligado a repensar su lamentable expresión respecto a que su gobierno “no es de billetera fácil”. Es decir, a la luz de los 95 millones entregados a TVN, plata hay. Además, así lo demuestran los tres compromisos que en un solo día suscribió el Gobierno, dos en el plano de la inversión social, y uno en el de la tecnología y la innovación (y de la política, por qué no sospecharlo); de lo contrario habría que preguntarse si acaso la Presidenta está mal influenciada por sus ministros de Interior y de Hacienda, que la llevan a ajustarse el cinturón más allá de la cuenta, o si ella ha caído en el terreno de la desesperación del ahogado, a propósito de la Cuenta Pública que debe rendir este sábado 21 de mayo, frente al Congreso Pleno, oportunidad donde ella espera salir bien parada.

Como una manera de justificar el presente aporte de capital que el Gobierno anuncia para TVN, ayer la Jefa de Estado recordó que con el retorno a la democracia la señal pública recibió en 1991 la suma de 2 mil 197 millones de pesos. Una cifra ínfima comparada con la de este jueves 19, la que supera con largueza ese estipendio de comienzos de los noventa “que permitió al canal volver a florecer con libertad e independencia; gracias a esta reforma –sostuvo Bachelet –, la televisión pública volvió a ser la representación de los chilenos y chilenas, con una estructura corporativa moderna para la época y con los recursos que le permitían trabajar con autonomía e independencia de los gobiernos de turno”.

En esa misma línea, la Mandataria se refirió a la indicación sustitutiva en virtud de la cual se realiza el actual aporte a la capitalización del canal. Bachelet recordó que en el año 2008, durante su primera administración, fue ingresado un proyecto de ley para actualizar la señala estatal, “reconociendo su rol público, ampliando sus deberes, estableciendo requisitos y ampliando las inhabilidades para integrar su directorio, y ampliando el giro de la empresa, entre otras”.

Proyecto que, según la Presidenta, con el paso del tiempo y el avance de la televisión digital, “quedó atrás en términos de necesidades de la industria y de la ciudadanía. Hoy, más que nunca, necesitamos que el canal público cumpla su misión, pero para ello debemos actualizar su institucionalidad y sus recursos”.

La señal estatal recibe la imprtante inyección de recursos cuando pasa por su peor crisis de sintonía de los últimos años.

En relación al nuevo canal educativo y cultural, Bachelet manifestó que él “deberá de emitir a través de una concesión televisiva especializada de carácter nacional, contenidos culturales y educativos en una señal que será administrada por una filial de TVN y que no tendrá publicidad”.

Sobre lo mismo, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, sostuvo que la nueva señal “va reforzar los contenidos culturales y nuestra industria audiovisual, pero también a muchos niños que en todo el país simplemente no tienen la posibilidad de acceder a televisión por cable y a contenidos educativos e infantiles de calidad”, dando por sentado que TVN será capaz de satisfacer esa tarea.

Al cabo, es de suponer que después del generoso aporte anunciado, de manera pública, en TVN lo piensen dos veces antes de continuar manteniendo en su declaración de principios que “Televisión Nacional de Chile es una persona jurídica de derecho público y constituye una empresa autónoma del Estado. Como tal, en el desempeño de un papel de medio de comunicación es independiente, tanto del gobierno como de los distintos poderes públicos”; tesis difícil de sustentar cuando el gobierno de turno se pone con casi cien palos verdes.

También habría que preguntarse si parte –o gran parte– de los 95 millones de dólares destinados a la implementación de la televisión digital y el canal educativo, no serán utilizados para darle continuidad a lo mismo que hoy existe en materia de contenidos: una programación que no toma en cuenta la identidad de los chilenos, identidad solo concebida a partir de la chabacanería verbalizada por una pléyade de ineptos y oportunistas.

Por qué no preguntarse si esos casi 100 millones de dólares desembolsados por Michelle Bachelet –en el marco de dos años electorales consecutivos– no serían mejor utilizados en educación o salud, aunque solo sirvan para financiar una parte de ese gasto.

Por último, los chilenos no solo tienen derecho a una televisión pública de calidad, también tienen derecho a exigirle a esa televisión que incluya el respeto haca ellos como forma de vinculación con su realidad, aunque ello resulte incomprensible para algunos ‘rostros’, como Karen Doggenweiler, que entiende que amordazar a una persona en cámara se condice con la independencia del gobierno de turno. Por el contrario, lo deseable es que parte de la capitalización se destine a capacitar a quienes se ponen frente a una cámara.