Universidad San Sebastián señalada por la Contraloría por ilegalidades

En la mañana del lunes 15 de noviembre, un grupo de organizaciones ciudadanas dio a conocer el reciente dictamen de Contraloría, en el cual se evidencian diversas ilegalidades cometidas en el proceso del proyecto inmobiliario-educacional de la Universidad San Sebastián, que se ejecuta en la esquina de las calles Bellavista y Pío Nono, comuna de Recoleta.

Acción Ecológica, Ciudad Viva, Defendamos la Ciudad, Junta de Vecinos Nº 35 de Recoleta y la Junta de Vecinos Nº 13 de Providencia, en Conferencia de Prensa dieron a conocer a los periodistas asistentes el dictamen Nº 65.893, del 4 de noviembre de 2010, emitido por la Contraloría General de la República, resolución lapidaria que acredita las malas prácticas en el proceso administrativo que concluyó con la emisión de un permiso de edificación del año 2008, otorgado por el Director de Obras de Recoleta a una sociedad inmobiliaria controladora de la Universidad San Sebastián.

El permiso contraviene las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En el dictamen aludido también se deja en claro que la Corema de la Región Metropolitana, a esta fecha, no cumple con su rol fiscalizador en materia ambiental. Ante este cuadro demostrativo del desorden institucional, los grupos ciudadanos le pedirán a la Contraloría que traslade todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que este órgano, que cautela el interés fiscal, decida el camino a seguir.

Al mismo tiempo se le solicitarán a los dos diputados del distrito que llamen a una comisión investigadora para que fiscalice el lenitivo actuar de los Seremis de Transportes, Sergio Stephan Orellana (s); Vivienda y Urbanismo, Marisol Rojas; Director de la Conama, Ignacio Torto Labbé, y Presidente de la Corema, Fernando Echeverría, teniéndose en cuenta que la Cámara de Diputados carece de atribuciones para fiscalizar a los municipios.

Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad, expresó que las irregularidades son varias y en esta ocasión se referirían sólo a las más gravitantes que son:

1) El proyecto se emplaza en la manzana completa conformada por las calles Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono, terreno que tiene dos zonas distintas, una de las cuales, la que enfrenta Bellavista, permite construcción en altura y la que está hacia el norte, es decir, la que va hacia Dardignac, sólo permite la construcción con altura media, pero la Dirección de Obras, vulnerando el artículo 2.1.21. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, facilitó la construcción de tres torres habitaciones de 20 pisos cada una en la zona que no los admite. Una de esas torres ya está terminada y las otras dos todavía no se inician.

2) La alcaldesa de Recoleta, a instancias de funcionarios de rango medio, firmó un Decreto Alcaldicio por un permiso precario que favorece a esa corporación sin fines de lucro, así se llaman las universidades privadas en Chile, con el cual se construyó una rampa sobre y bajo el bien nacional de uso público, calle Pío Nono que opera como acceso al estacionamiento privado bajo tierra, que utilizan los usuarios de esa universidad, instalación que también se explota comercialmente con los clientes de los restaurantes del sector, pasándose por alto la Ley de Concesiones que obliga a los municipios a llamar a licitaciones públicas.

3) El proyecto en ejecución es clandestino, porque no cuenta con una calificación ambiental favorable de la Corema Región Metropolitana, ello por cuanto el artículo 8º de la ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, ordena que para iniciarse las obras de los proyectos que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) se debe contar con una calificación ambiental favorable, lo que no acontece en la especie y, por ello, la Contraloría instruyó a la institucionalidad ambiental para que curse las sanciones de rigor, lo que también está pendiente».

Luis Mariano Rendón, de Acción Ecólogica, manifestó que «resulta impresentable que una corporación de educación universitaria, esté demostrando este tipo de comportamiento, al margen de la ley. Nos preguntamos qué tipo de enseñanzas pueden entregar a sus alumnos en el plano teórico, si en la práctica no tienen escrúpulos en pasar por alto la normativa ambiental y de ordenamiento territorial”.

Y agregó que también resulta “una coincidencia muy inquietante, que esta Universidad aparezca con vínculos al mismo partido político que ha tenido en sus manos la alcaldía de Recoleta (UDI), precisamente el Municipio que ha entregado los permisos cuestionados».

Josefa Errázuriz, de Ciudad Viva, por su parte señaló que «el proceso de fiscalización ciudadana no es nuevo, se ha desarrollado durante varios años y las reparticiones responsables de ejercer los resguardos y protección del bien común, en este caso, han actuado con dejación y complicidad por omisión con los intereses privados”.

La activista señala que “las denuncias reiteradas efectuadas ante la Seremi de Vivienda, Bienes Nacionales y aún Contraloría, más otros entes fiscalizadores han sido ignoradas y sus respuestas sistemáticamente dilatadas permitiendo que los proyectos de construcción y ocupación del espacio público terminen consolidándose como hechos consumados, colocando el poder económico por sobre los derechos ciudadanos».

Gerardo Lanzarotti, de la Junta de Vecinos Nº 35, de Recoleta, aportó que «la monstruosidad expresada en este proyecto deja ver a los organismos fiscalizadores encargados de proteger los derechos de los ciudadanos, en la más flagrante disposición de favorecer a los grandes poderes económicos del país. La Contraloría ya no puede instruir a la Dirección de Obras de Recoleta en orden a que invalide el permiso de edificación viciado porque ya han transcurrido más de dos años desde la fecha de su emisión y por ello esperamos que envíe a la brevedad los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que éste inicie las acciones judiciales pues los vecinos que viven en el sector exigen detener ahora la construcción de las dos torres faltantes. En paralelo, creemos que es el momento apropiado para que el Gobierno envíe señales claras a los titulares del negocio con la idea de que proyecto respete en su totalidad la legalidad vigente».

Finalmente, Juan Eduardo Donoso de la Junta de Vecinos Nº 13 de Providencia expresó que «es un proyecto brutal e invasivo, que además de sus múltiples irregularidades, no consideró en absoluto el tipo de barrio en que se instalaba, un barrio patrimonial de casas de baja altura. Muy diferente ha sido la responsable actitud del inversionista del Patio Bellavista, la Universidad Andres Bello o el Instituto Profesional AIEP, proyectos que sí respetaron las especiales características del barrio”, enfatizó.

Luis Mariano Rendón, de Acción Ecológica; Josefa Errázuriz, de Ciudad Viva; Gerardo Lanzarotti, de la Junta de Vecinos Nº 35 de Recoleta; Juan Eduardo Donoso, de la Junta de Vecinos Nº 15 de Providencia, y Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad.

Texto -de origen externo- incorporado a esta web por (no es el autor):