«Notifíquese: Hoy comienza la ofensiva», decía el lienzo que un grupo de estudiantes consiguió desplegar esta mañana en el Patio de los Cañones de La Moneda, luego de burlar la seguridad del palacio. Como declararon los manifestantes, la protesta se llevó a cabo en respuesta al mensaje presidencial del 21 de mayo, luego de que tanto secundarios como universitarios no vieran satisfechas sus demandas.
En la práctica, la ofensiva anunciada se ha traducido en la toma de al menos siete establecimientos educacionales de la capital, según informa Diego Arraño, vocero de la Aces. Estos son el Liceo Carmela Carvajal de Prat, Liceo Tajamar, los liceos 7 de Niñas de Santiago y de Providencia, Instituto Nacional Barros Arana (INBA), Liceo José Victorino Lastarria y el Liceo de Aplicación, que decidió reiniciar la ocupación luego de que el viernes 13 de mayo pasado fuera violentamente desalojado.
«Nosotros dijimos que si es que la Presidenta no decía nada íbamos a reorganizar la lucha y un claro ejemplo de eso es que ya hay siete colegios en toma», señala Diego Arraño.
“Si la Presidenta el 21 de mayo no responde ante las exigencias del movimiento estudiantil, a 10 años de la Revolución Pingüina y 5 del 2011, nos parecería una falta de respeto. Hoy se está planteando una gratuidad parcelada, cuando todo el mundo sabe que es educación gratuita para cada uno de los estudiantes de Chile”, señaló a El Ciudadano Gabriel Iturra, vocero del Confech, días antes del mensaje de la mandataria.
Por su parte, el vocero de la Aces sostuvo igualmente que “si la Presidenta llega a firmar el proyecto de Ley de Nueva Educación Pública, nos vamos a radicalizar. Si el 21 de mayo no habla sobre una gratuidad universal, de los problemas en la educación y las reformas, nos vamos a radicalizar”.
Entre las principales demandas de los estudiantes está la desmunicipalización efectiva y el retiro del proyecto de ley de Nueva Educación Pública, que implicaría que los establecimientos sean administrados por “Servicios Locales de Educación descentralizados”, cuando los secundarios exigen que vuelvan completamente al Estado. También se cuenta el fin a las pruebas estandarizadas SIMCE y PSU, pues son consideradas discriminatorias, sesgadas y excluyentes, y una gratuidad universal en la educación pública.
Daniel Labbé Yáñez