El conflicto patrimonial indígena permanece latente a lo largo de nuestra geografía. En el norte de Chile, por ejemplo, la cultura andina que agrupa tanto a comunidades de origen aymara, quechua, atacameño y colla, presenta insondables grietas generacionales especialmente en localidades cercanas a la ciudad de Iquique. El conflicto en esta zona enfrenta a jóvenes que valoran su cultural con jóvenes que sencillamente la han dejado de lado. Lo mismo ocurre en Isla de Pascua con el pueblo Rapa-Nui. Aquí, el problema generacional que afecta a todas las comunidades autóctonas del país, se suma a la creciente disensión por la venta ilegal de tierras que el estado chileno efectúo a particulares en desmedro de la comunidad pascuense.
La complejidad del asunto se intensifica, como resultado del abandono, manipulación (montaje) y complicidad (violencia simbólica) de los principales monopolios corporativos destinados a informar a la sociedad en su conjunto. Ello explica la falta de cobertura tanto en lo sucesivo a la huelga de hambre que emprendió un grupo de comuneros mapuches en contra de la aplicación de la ley antiterrorista. Como también en torno a las manifestaciones pacíficas realizadas en Isla de Pascua (por la reivindicación del pueblo Rapa-Nui), a propósito de la devolución de tierras. Para el antropólogo, Rosamel Millamán Reinao, la prensa chilena, en su gran mayoría, hace una representación de la realidad mapuche de pleno conflicto, promovido por fuerzas extranjeras. El investigador, define esta representación como una “remilitarización del territorio mapuche”, sosteniendo que la prensa no ha trepidado en afirmar, el supuesto apoyo del EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) a las organizaciones mapuches, o de intervenciones efectuadas por la ETA (País Vasco y Libertad). A estas acusaciones debemos agregar, la reciente denuncia efectuada por empresarios y ganaderos chilenos, que vincula a miembros de la comunidad mapuche con integrantes de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Delación a la que además, adhiere la presidencia como puede concluirse al revisar una serie de declaraciones practicadas por el propio mandatario chileno.
Observa Millamán, que desde los aparatos del Estado y el poder económico se ha construido el estereotipo del “mapuche violento”, sobre la base del principio colonial vigente que distingue la existencia de dos clases de indios. En primer lugar, los “indios permitidos”, asimilados e integrados a la sociedad nacional y que obviamente no demandan derecho a su identidad. Por otro lado, el “indio incivilizado”, aquel que estaría aliado a grupos “extremistas”, que viven en las comunidades y que están asociados a conductas de “violencia indígena”. Comparten este análisis algunos destacados investigadores en la materia, como el historiador chileno José Bengoa, para quien el terrorismo es y ha sido siempre una construcción del Estado. De igual forma, para el encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, existe una tendencia a “colombianizar” la zona mapuche, discurso que se enmarca en el proceso de investigación que lleva a cabo el fiscal regional de la Araucanía, Francisco Lujbetic, con el fin de aclarar los supuestos nexos entre comuneros mapuches y el grupo guerrillero colombiano.
A pesar de los montajes políticos, los estereotipos discursivos y el reduccionismo mediático del que ha sido víctima el pueblo mapuche, las comunidades originarias no están absolutamente asiladas, a diferencia de lo que pueda pretender el Gobierno con el empresariado. Actualmente la sociedad civil, representada por una amplia gama de organizaciones y personas ligadas al mundo académico-intelectual, al movimiento estudiantil o a integrantes de comunidades locales o vecinales, se erige como la antípoda al “modelo corporativo-industrial” que ha dado curso al proceso de usurpación y comercialización del patrimonio cultural, para librar una singular batalla por la recuperación, preservación y dignificación de lo propio.
Esta solidaridad surge como resultado de una fase de madurez y rearticulación del contra-discurso al modelo neoliberal. La reciente crisis financiera, la escasez de recursos, los conflictos ambientales, el deterioro de las condiciones laborales y del sistema de seguridad social, así como el apoyo unánime expresado por la comunidad internacional hacia los pueblos originarios, le han dado un amplio margen de legitimidad y nuevos aires a este enfoque. Pese a que, como señala el escritor Patricio Manns, en este momento exista una inclinación a criminalizar la protesta social.
En este contexto resulta comprensible que diversos sectores sociales hayan manifestado su absoluto compromiso con la reivindicación de las demandas mapuches. Asociaciones como la Asamblea Nacional de Derechos Humanos; representantes del Colectivo 119; alumnos de la Universidad de Chile; el Frente Amplio por la Defensa de la Salud; la Federación de Profesionales de la Salud (Fenprus); la Fenats Metropolitana; la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central; el Consejo de Desarrollo de Salud Sur; Integrantes del clero de la Iglesia Católica (en ayuno solidario por las justas demandas del pueblo mapuche); la agrupación Mapuche Kilapán; la agrupación de familiares de Ejecutados Políticos; la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago, Cooams; la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Así como el poeta Nicanor Parra, el escritor Pedro Lemebel, el dirigente de la CUT y presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristian Cuevas; el canta-autor Francisco Villa; el actor Daniel Alcaino; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro; o el lonco de la comunidad Huilli Lafkenche, Erick Vargas Quinchamán (por citar algunos casos), se sumaron a la huelga de hambre mapuche abogando por la desmilitarización del territorio mapuche y la no aplicación de la Ley antiterrorista.
Por Cristhián G. Palma Bobadilla
Aportando a la Reconstrucción y Autonomía Mapuche
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