En una sala de tribunales de Buenos Aires se dictó sentencia en el megajuicio contra 18 militares por el denominado Plan Cóndor, la operación ilegal conjunta llevada a cabo por gobiernos miitares sudamericanos en las décadas de los 70 y 80 para perseguir y ultimar opositores a nivel trasnacional.
En BBC Mundo les presentamos una guía rápida y simple para entender el llamado Plan u Operación Cóndor.
Qué era el Plan Cóndor
Se tiene la fecha exacta de su creación: 28 de noviembre 1975, en Chile, en el marco de una reunión de seguridad presidida por Manuel Contreras -jefe de la policía secreta chilena- y en la que participaron militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, de la parte acusadora en el juicio, se trataba de «un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del 70 hasta iniciados los años 80 para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña».
De esta manera, personal de los servicios de seguridad de esos países cruzaron sin obstáculos las diferentes fronteras, cometiendo asesinatos, secuestros y torturas.
Según las investigaciones y denuncias, su accionar no se limitó a las seis naciones mencionadas: se extendió a Italia y Estados Unidos.
Precisamente, el papel de EE.UU. ha sido muy controvertido, con diversas organizaciones de derechos humanos señalando que ese país -en especial la CIA- estuvieron en el montaje desde el principio.
El fallecido escritor inglés Christopher Hitchens, en su libro «Juicio a Henry Kissinger», habla de la responsabilidad no sólo del exsecretario de Estado de EE.UU., sino del involucramiento de agentes del FBI.
Esto aún no ha sido demostrado en un juicio y los protagonistas lo niegan. Lo que es indudable es que un plan así sólo era posible en el marco de la Guerra Fría y el fervor anticomunista de los regímenes militares en América Latina.
Uno de los principales puntos de operación del Plan Cóndor fue un centro clandestino de detención y tortura situado en Buenos Aires y conocido como Automotores Orletti (el nombre que ostentaba a la entrada, entre los militares lo denominaban El Jardín).
Allí torturaron y desaparecieron al menos a 200 personas, entre ellas el hijo del conocido poeta argentino Juan Gelman.
Las víctimas
Dependiendo de la fuente, las muertes provocadas por el Plan Cóndor se cuentan desde varios cientos hasta 60.000 (algunos incluyen a la totalidad de los 30 mil desaparecidos durante la llamada «guerra sucia» en Argentina).
Entre los casos más conocidos que se atribuyen a esta operación está el asesinato con coche bomba en Washington de Orlando Letelier, ex ministro estrella del gobierno de Salvador Allende.
También se incluye la desaparición y posterior asesinato del hijo y la nuera de Juan Gelman.
Mientras el joven Marcelo Ariel Gelman fue asesinado en Buenos Aires (sus restos fueron hallados en 1989), su esposa, María Claudia -quien estaba embarazada-, fue llevada a Uruguay. Allí, antes de que la mataran, dio a luz a una niña que fue entregada en adopción.
En 2000, tras de años de búsqueda, Juan Gelman logró ubicar a su nieta. Como parte del Plan Cóndor también se incluyen los llamados «vuelos de la muerte» en el que personas eran arrojadas vivas al mar o al río desde aeronaves.
El archivo del terror
Detalles del Plan fueron apareciendo a cuentagotas con el regreso de la democracia a Sudamérica. Pero en 1992 se produjo un diluvio de información.
En diciembre de ese año, un antiguo exiliado paraguayo -con la ayuda de un juez- descubrió en una estación de policía de un suburbio de Asunción los completísmos archivos que los militares de Paraguay habían acumulado sobre el plan, así como documentos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
Estos documentos no sólo sirvieron para conocer al dedillo las entrañas del Plan Cóndor, sino para las numerosas causas judiciales que se llevaron -y llevan- a cabo contra los implicados.
Algo que se ha mencionado en el juicio de Argentina es que, al contrario de muchos otros realizados en todo el mundo por crímenes de lesa humanidad, en éste se posee una enorme documentación, no sólo por los Archivos del Terror, sino por los papeles desclasificados por EE.UU. durante el gobierno de Bill Clinton.
Los juicios
Con las acusaciones y juicios por el Plan Cóndor se puede hacer un «quién es quién» de los regímenes militares de Sudamérica en los años 70 y 80, pues entre los señalados se encuentran ex jefes de estado de facto de Argentina (Rafael Videla y Reynaldo Bignone), Chile (Augusto Pinochet) y Paraguay (Alfredo Stroessner).
En Italia, en 2013 empezó un juicio -aún no concluido- contra 32 militares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la desaparición y muerte de 33 ciudadanos italianos y 20 uruguayos.
Sin embargo, acusaciones e incluso juicios no significan condenas. Largamente vinculado al caso, Augusto Pinochet siempre negó estar vinculado al plan. Y en 2005 la Corte Constitucional chilena decidió que no podía ser juzgado por el caso por sus problemas de salud. Falleció en 2006
En Paraguay -luego del descubrimiento de los archivos del terror- se intentó enjuiciar a Stroessner, quien estaba exiliado en Brasil, a salvo de cualquier persecusión judicial. Allí murió también en 2006.
Algo similar ocurrió en Argentina, donde en 2001 se le inició un proceso a Rafael Videla por el Plan Cóndor, pero en 2010 fue condenado a cadena perpetua por la desaparición de 31 detenidos y en 2012 a otros 50 por el robo de niños nacidos de prisioneras en centros de detención clandestinos. Murió en una cárcel común en 2013.
El juicio en el cual se dictó veredicto este viernes empezó ese mismo año, poco antes de la muerte de Videla, y en el banquillo de los acusados se encontraba uno de los pocos jefes de Estado de un régimen militar involucrado en el caso Cóndor que aún están vivos: el argentino Reynaldo Bignone.
Junto a él estaban otros 17 hombres acusados de secuestro, tortura y desaparición forzada.
Siete -entre ellos Videla- han muerto en los tres años que han transcurrido desde que empezó la causa. Los otros once esperan el veredicto de la justicia.