La Superintendencia, las concesionarias eléctricas y la buena fe

A partir de 2008 las empresas concesionarias de distribución eléctrica que operan en la Región Metropolitana, Chilectra y Compañía General de Electricidad (CGE), emprendieron un cambio masivo de medidores de consumo en distintas comunas como, a modo de ejemplo, San Joaquín, La Granja, Cerro Navia, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda y Huechuraba. Dicho cambio de medidores fue anunciado como una modernización del servicio que entregan estas empresas concesionarias, el que contaba decían ellas con la debida autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y lo mejor de todo -según el discurso oficial- es que esta mejora era absolutamente gratuita para los usuarios. Muchos ingenuos estaban felices con esta muestra de Responsabilidad Social Empresarial.

Como en general las personas no se oponen a la llegada de la modernidad, para algunos tan esquiva, consintieron en que les cambiaran sus viejos equipos por estas nuevas maravillas de la tecnología de punta, denominados pomposamente “medidores electrónicos de lectura remota con display”. Estos equipos se instalan generalmente en postes de alumbrado público, al exterior de las viviendas, mientras que al interior de éstas se coloca un display que en teoría permite controlar la electricidad que cada usuario consume.

Craso error: a partir de la instalación de los nuevos equipos de medición los incautos usuarios sufrieron en forma generalizada alzas brutales y hasta burlescas en sus cuentas de electricidad, las que naturalmente no tienen relación alguna con sus patrones históricos de consumo de energía.

Como vivimos en un Estado de Derecho, según dicen alegremente los que controlan el poder, los indignados usuarios se organizaron y a través de sus organizaciones comunitarias presentaron muchos reclamos ante Chilectra y la CGE y como dichas concesionarias les señalaron que todo estaba correcto, recurrieron ante el órgano regulador, la SEC, con las antiguas y las nuevas cuentas en mano para acreditar las groseras diferencias en los cobros. Reclamaron además porque tomaron conocimiento que los nuevos medidores no contaban con la certificación obligatoria exigida por la normativa vigente, que dice: “Los medidores sólo podrán ser instalados si han sido previamente revisados, calibrados, sellados y certificados, y serán controlados, a partir de ese momento, por cualquier organismo o laboratorio de certificación autorizado por la Superintendencia para tal efecto.” (Artículo 124 del Decreto N° 327 de 1997, del Ministerio de Minería, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos).

La inefable SEC, dictó el Oficio Circular N° 4793, de 18 de agosto de 2009, en que, a pesar de constatar que los aludidos medidores no contaban con la certificación obligatoria, ni tenían la autorización de ella para operar, resolvió no sancionar a las empresas infractoras, argumentando que las anomalías detectadas provendrían de un “error de interpretación” en que las empresas concesionarias habrían incurrido “de buena fe” (sic), conformándose con impartirles instrucciones para que regularicen los medidores a más tardar el 31 de marzo de 2010. Es decir, como se aprecia, el ente fiscalizador fue muy comprensivo con las empresas fiscalizadas y lo sigue siendo, puesto que hasta la fecha no se han regularizado las anomalías incurridas de buena fe. La verdad es que no divisamos en qué error de interpretación pudieron incurrir Chilectra y CGE, cuando el tenor de las normas violadas es meridianamente claro y menos aún como se podría relacionar la buena fe con lo anterior.

Los usuarios, absolutamente disconformes con el contemplativo actuar de la SEC, fueron a la Contraloría General de la República, órgano del Estado que vela por el cumplimiento de las normas legales en los procedimientos administrativos, y éste en su Dictamen N° 64.091 de 27 de octubre de 2010, inexplicablemente validó la actuación de la SEC, rechazando por lo tanto la denuncia de los sufridos usuarios del servicio público entregado por esas empresas privadas. Pero en ese dictamen la Contraloría General de la República le advierte al ente regulador SEC  “que resulta impropio que la decisión acerca de ese reclamo por la autoridad se contenga en el mencionado oficio circular Nº 4.793″  y además le indica  “que la superintendencia deberá disponer que se practique una investigación que le permita formarse juicio completo y dictar la resolución que sea procedente, aspecto que dicha repartición estatal deberá tener presente en lo sucesivo.” En consecuencia, la Contraloría General procede paternalmente con la SEC al manifestarle cómo debe desempeñarse en su relación con los fiscalizados.

En resumen, la SEC y la propia Contraloría, se apiadaron de esas 2 empresas concesionarias con el manido argumento de la presunta buena fe, con lo cual verificamos que en el sector de las distribución eléctrica sucede lo mismo que en el sector de la construcción inmobiliaria, lo que estamos denunciando desde hace tiempo.

Así las cosas, las grandes empresas, tanto chilenas como extranjeras, ya saben que sus irregularidades, omisiones e ilegalidades, cuando sean detectadas, solo recibirán un simple y alicaído reproche de la Administración porque ellas -santas y blancas palomas-  siempre proceden de buena fe, mentira incorporada en el léxico de la institucionalidad chilena.

Por Patricio Herman

Fundación «Defendamos la Ciudad«