Se pone piso a condiciones de seguridad laboral

Aunque el Gobierno no terminaba a finales de octubre de presentar propuestas, algo se supo en una reunión en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mientras tanto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dio a conocer sus propuestas en un pre informe de su comisión generada para este tema.

Ya no es secreto que el desastre de la mina San José, que dejó atrapados a 33 mineros, visibilizó el tema de la inseguridad laboral que afecta a millones de trabajadoras y trabajadores en Chile.

Un tema que abarca las faenas, las labores agrícolas, técnicas y también profesionales, donde se encuentran deplorables e insuficientes condiciones de trabajo y donde surgen enfermedades laborales que no son asumidas en el país.

Uno de los efectos que produjo toda esta situación, tuvo que ver con la decisión de La Moneda de generar una Comisión Asesora Presidencial para tratar el tema del empleo seguro y hacer propuestas. Claro que partió coja. Porque no incluyó de manera permanente a la representación de trabajadores. Dicho de otro modo, el gobierno de Sebastián Piñera violó una norma establecida y promovida por la OIT, en cuanto a que este tipo de análisis y labores deben ser abordados en el marco del tripartismo, es decir, gobierno, trabajadores y empresarios.

Así que ante eso, la CUT decidió generar su propia Comisión de Salud y Seguridad Laboral, esperando que sus ideas sean consideradas por el Ejecutivo.

Aunque el Gobierno lanzó durante octubre algunas luces, no quería precisar sus planes respecto al tema. Pero en una reunión que hubo en la OIT, sede Santiago, el subsecretario del Ministerio del Trabajo, Augusto Iglesias, dio algunos adelantos, al menos de criterios.

El funcionario dijo que factores que se están considerando son tener una política nacional de seguridad laboral, perfeccionar las leyes en esta materia, tener un nuevo modelo de fiscalización e impulsar la prevención.

Iglesias comentó que uno de los problemas a enfrentar es la mala información e información desintegrada de accidentes y enfermedades laborales, lo que influye en diagnósticos y medidas a tomar.

El Subsecretario dijo que la Comisión Asesora Presidencial para la Seguridad en el Trabajo ya ha realizado 203 audiencias, de ellas 172 en regiones, escuchando a diversidad de actores del mundo del trabajo sobre las condiciones laborales.

Refrendó que las tasas de mortalidad por accidentabilidad laboral son más altas en minería, agricultura, transporte, industria, construcción, comercio y manufactura.

Augusto Iglesias planteó que sobre enfermedades profesionales no hay registros adecuados ni oficiales, más bien subreportes. Comentó que el sistema de salud no separa ni discrimina el origen de las dolencias y así es difícil saber cuándo el origen está en lo laboral.

Se dice que el Gobierno querrá avanzar en el reforzamiento de los organismos fiscalizadores en todo el país y asignar más presupuesto a la seguridad laboral.

PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE LA COMISIÓN CUT

Donde sí se vio un avance sustancial, fue en el trabajo de la Comisión de la CUT, que entregó un informe preliminar pero que entrega ya elementos que consideran a los trabajadores.

Se explicó que en Chile mueren, en promedio, 370 trabajadores al año, que por ello no basta con crear empleos, sino que éstos deben ser decentes, dignos, justos y deben garantizar la vida y la salud de quien lo realiza. Se afirmó, además, que es inaceptable el que una persona deba enfrentar el dilema entre un trabajo precario en condiciones de inseguridad o padecer la cesantía.

Se reportó que más del 30% de la población laboral está desprotegida frente a accidentes y enfermedades ocupacionales, lo cual suma a más de 2 millones de trabajadores. También que las Mutuales destinan sólo el 14% de los ingresos a la prevención.

El documento de la Comisión indicó que existe un subregistro de enfermedades ocupacionales. Y sostuvo que no es creíble que en más de 3 millones y medio de trabajadores ocupados en el año 2009 sólo se registraran 4.171 enfermedades ocupacionales.

En cuanto a propuestas, se planteó desde el equipo generado por la CUT, que el Gobierno y el Parlamento deben dar una señal concreta en materia de Seguridad en el Trabajo y ratificar los Convenios de la OIT, 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, la recomendación 164 y el Convenio 187 sobre el marco promocional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que nos obligan como país a definir una política nacional de seguridad y salud de los trabajadores.

Además, establecer en el Presupuesto Nacional un ítem para fomentar la prevención, asegurar los estándares internacionales de seguridad y fiscalización y promover una cultura en materia de Higiene y Seguridad de la Salud Laboral.

Un punto esencial y que lo ha venido planteando la CUT y los sindicatos hace mucho, es fortalecer la estructura de los Comités Paritarios, otorgándoles fuero laboral a todos los representantes de los trabajadores y legislar para que el Comité Paritario también pueda existir en empresas menores de 25 trabajadores y modificar la decisión unilateral de la empresa para elegir o cambiarse de Mutual.

Se sostuvo también que recayendo en la empresa la primera responsabilidad de garantizar la seguridad y la salud de sus empleados, son los propios trabajadores quienes más conocen de sus riesgos, por lo que la legislación debería contemplar el derecho a que éstos puedan paralizar sus funciones sin perder sus remuneraciones ni poner en riesgo sus estabilidad laboral cuando estimen que la empresa donde laboran está exponiendo su integridad y su salud.

La Comisión creada por la CUT planteó que el Estado tiene que asumir un papel activo y debe contar con un Programa Nacional y Regionales de Prevención de Riesgos de Accidentes y Enfermedades, con metas claras, conocidas por el país, que se evalúen periódicamente y con un Sistema de Información Integrado que dé cuenta de la situación de todas y todos los trabajadores y, a la vez, debe promover un espacio tripartito de participación y de trabajo compuesto por los empleadores, los trabajadores organizados, el Gobierno y los administradores del Sistema.

Por Gonzalo Magueda

El Ciudadano N°90, primera quincena noviembre 2010