La Reina, la Prensa, los cortesanos y los súbditos

En  regímenes  políticos como el parlamentario o el  semipresidencial la querella de parte de una autoridad contra los medios de comunicación carecería de importancia e impacto – a Mariano Rajoy no se le ocurriría querellarse por las múltiples acusaciones de la prensa; lo mismo ocurre en el caso de la Infanta Cristina; el Presidente de Francia, Francois Hollande, no se lanza contra los medios de comunicación a pesar de las denuncias respecto a su vida privada -, pues a ningún ciudadano se le ocurriría decir que la libertad de prensa estaría en peligro por una simple querella judicial por el eventual delito de injurias y calumnias.

El asunto de la querella de Presidenta de la República contra la Revista Qué Pasa ha cobrado importancia entre los pocos oligarcas que forman parte de la opinión pública chilena. Los súbditos paulatinamente se han  ido desenchufando de la política – la prueba es tan manifiesta que ni siquiera se toman la molestia de concurrir a las urnas para la elección de sus representantes -.

Intentamos explicarnos por qué de esta querella surgen tantas opiniones, comentarios,  juicios y prejuicios en este pequeño mundillo de cortesanos. A mi modo de ver, la respuesta se encontraría en el fondo del sistema político, pues en Chile reina una monarquía absoluta en que el Presidente o la Presidenta cuentan con más poder que el mismísimo rey Luis XVI, junto a su esposa, María Antonieta. Si algún periodista alude al rey o la reina en el poder en asuntos que tocan directamente a su honor, el sistema absolutista comienza su declive.

Si recurriéramos a la búsqueda de uno de los actores principales de la Revolución Francesa, no cabe duda de que se centra en la opinión pública – baste repasar la historia para darnos cuenta de que los líderes revolucionarios fueron abogados, oradores de renombre y, sobre todo, periodistas -. En el Archivo Nacional de Francia existe una sección denominada El infierno, que contiene todos los panfletos pornográficos destinados a María Antonieta, cuyo propósito era el de fomentar el odio del pueblo contra la reina, a quie3n acusaban de lesbiana, ramera y de otros apelativos impublicables.

“El asunto del collar” fue un escándalo que explotó en 1785 a raíz de una estafa de algunos nobles que aprovecharon la vanidad  del cardenal  Rohan, un personaje codicioso y ambicioso –  más ávido de poder que Sebastián Piñera – pues ansiaba la amistad de la reina para lograr el cargo de Primer Ministro; inteligentemente, el matrimonio Valois dela Motte aconsejó al cardenal que le obsequiara a la reina un  collar, adquirido en más de 60.000 Libras de la época; posteriormente, esta pareja contrató a una prostituta para que se disfrazara de María Antonieta y tuviera un encuentro amoroso con dicho cardenal. El affaire fue descubierto y el rey Luis XVI envió a juicio al cardenal quien fue conducido a la cárcel, en presencia de toda la corte. El asunto se empantanó en un largo juicio en que el cardenal de Rohan terminó libre de polvo y paja, y el rey y la reina desprestigiados ante sus súbditos. Por cierto que el caso “del collar” no guarda ninguna relación con la situación actual de la  Presidenta, sin embargo, no faltan quienes  se quieren aprovechar de la  libertad  de prensa para desprestigiar a la Primera Mandataria por el solo hecho de defender su honor.

En el tema de la libertad de prensa es importante distinguir el derecho de los periodistas a tener una opinión y el poder enorme de los propietarios de los medios de comunicación  que imponen una línea editorial, muchas veces reñida con la verdad – baste leer el diario La  Segunda, La Tercera y El Mercurio para darse cuenta cómo siempre están mintiendo y, no pocas veces, conspirando contra un rey o un gobierno que pone en peligro los intereses de la clase a la cual sirven como buenos valet de los poderosos. En muchas ocasiones, el director de  El Mercurio ha sido “la eminencia gris” del gobierno de turno. (No debemos olvidar el rol jugado por las tapas de La Segunda durante el período de la  dictadura).

La libertad de prensa debe distinguirse  de la libertad de las empresas periodísticas, como también la libertad política debe distinguirse de la económica – esta última, perfectamente compatible con la ideología de la dictadura -. La libertad de prensa, por consiguiente, es un derecho fundamental en una democracia, y no puede ser conculcada por ningún poder del Estado, por muy absoluto que sea, y toda ley que pretenda amordazarla o restringirla constituye  un atropello a este derecho humano fundamental.

Es difícil separar a la Presidenta, dotada de  poderes monárquicos, de una ciudadana común que ejerce sus derechos. El problema de fondo, como lo hemos anotado anteriormente, reside en el absolutismo de la monarquía presidencial, y basta que se cuestione al Presidente-monarca electivo para que el sistema político, en general, se resienta y pierda cuotas de credibilidad y legitimidad.

La crisis no sólo se ubica en las castas de poder, sino también en un sistema oligárquico que funciona sobre la base de cortesanos – señores feudales -, cuya esencia es el individualismo, incluso, el culto a la personalidad, alimentado por egos pantagruélicos, que hacen imposible toda tarea colectiva en beneficio de la sociedad.  Este sistema de castas feudales-oligárquicas hace que los partidos políticos no sean más que marionetas al servicio de líderes de muy bajo calado intelectual y moral.

Esta modalidad oligárquica de hacer política permite explicar por qué en menos de 30 días tres dirigentes personalistas renunciaron a su partido – Pepe Auth, al PPD, René Saffirio, a la Democracia Cristiana, y José Antonio Kast, a la UDI -; ninguno de ellos, hasta ahora, ha sido seguido por algún militante, lo que prueba que son actitudes personales, no pocas veces sospechosas de un cierto oportunismo que justifican con razones ideológicas el paso dado. Por el contrario, el MAPU y la Izquierda Cristiana (de los años 60 y 70, quebraron con el partido-madre por fuertes discrepancias ideológicas).

Las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que la podredumbre del régimen político monárquico, feudal y oligárquico está mostrando signos de agonía, y que ojalá la nueva Constituyente, por medio del diálogo ciudadano, permita la construcción una República virtuosa.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

03/06/ 2016