La Concertación debe explicaciones (XVII)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno por qué en sus veinte años de gobierno conservó y legitimó un sistema educacional que prioriza el afán de lucro y produce una gran segmentación de la población en relación a este servicio tan fundamental para la realización cultural y económica de las personas.

Si bien es cierto que los gobiernos concertacionistas aumentaron significativamente el gasto público en educación, conservaron las estructuras impuestas por la dictadura respecto a la municipalización de la educación pública y la generación de un sistema escolar con fines de lucro subvencionado por el Estado; las que han proporcionado una enseñanza de mucho menor calidad que los colegios particulares pagados.

Esto ya se constataba a fines de la década de los 90. Así, un estudio del PNUD de 1998 concluía que “las tasas globales de cobertura (satisfactorias) no dan cuenta, sin embargo, del acceso muy desigual del sistema educativo” y que también “la desigualdad de oportunidades se refleja en la calidad del sistema educativo. Las mediciones (Simce) que evalúan el rendimiento escolar en el cuarto y octavo año de educación básica muestran una correlación entre nivel socioeconómico y rendimiento escolar. En el cuarto básico, entre 1989 y 1996, los alumnos del quintil más pobre aumentan su rendimiento en 42%. Ello les permite solamente alcanzar los logros obtenidos por el quintil más rico en 1989, que entretanto incrementó sus logros en 23%. Las diferencias en la infraestructura (tipo de aulas, soportes tecnológicos) y de capital cultural (socialización familiar, tamaño de los cursos, calidad de la enseñanza) aumenta la brecha con los grados de escolaridad. En octavo básico, las desigualdades son todavía más llamativas. Los alumnos del quintil más bajo aumentan su rendimiento en 11,55% entre 1989 y 1996 (entre 44,76 y 49,93), pero no alcanzan el nivel que ya tenían inicialmente los alumnos del quintil más alto (que suben 4,21%; entre 60,16 y 62,69)”. (PNUD – Desarrollo humano en Chile. 1998. Las paradojas de la modernización; pp. 177-8)

Es más, los gobiernos de la Concertación continuaron las políticas de la dictadura que afectaban específicamente a la educación pública. Así, los colegios públicos representaban en 1981 el 78% de la matrícula; lo que bajó a 59% en 1990 y a 51% en 2003. (Ver Manuel Riesco – Trabajo y previsión social en el Gobierno de Lagos; en Hugo Fazio y otros – Gobierno de Lagos: balance crítico; Edic. Lom, 2005; p. 52). Peor aún, “el monto de las subvenciones entregadas a colegios municipales aumentaron de 239 mil millones a 778 mil millones (pesos de 2002); es decir, se multiplicaron por 3,2 veces en el mismo período. Los colegios particulares subvencionados, que atendían a menos de un tercio de los alumnos de enseñanza básica y media en 1990, recibieron en cambio casi la mitad del incremento total de subvenciones otorgados por el Mineduc (Ministerio de Educación) entre esa fecha y 2003 (aumentaron de 130 mil millones en 1990 a 597 mil millones en 2003, es decir, se multiplicaron 4,6 veces)”. (Riesco; p.53)

Por otro lado, “los colegios y liceos públicos fueron desperdigados en cientos de municipios, sin que se construyera paralelamente una institucionalidad de regulación adecuada. Los directores nombrados por la dictadura fueron protegidos por cláusulas de inamovilidad. Su presupuesto ha sido siempre claramente insuficiente, hasta el punto de que muchas de las corporaciones municipales que los administran mantienen elevados déficit corrientes y abultadas deudas de arrastre; y muchos no pueden cumplir siquiera con las cotizaciones previsionales del profesorado”. (Riesco; p. 53)

Agrava lo precedente la constatación del presidente de la comisión que designó el gobierno de Bachelet para estudiar una reforma de la educación, Juan Eduardo García Huidobro, en el sentido que “desde el 2000 se ha venido multiplicando el número de sostenedores (de escuelas con fines de lucro subsidiadas por el estado) pero ha disminuido el número de alumnos, entonces tenemos cada vez escuelas más chicas y caras y cada vez más demandas al Estado”. (El Ciudadano; 7-1-2009)

Todo lo anterior, en conjunto con la gigantesca desigualdad en la distribución del ingreso, se ha traducido en la consolidación de una feroz segmentación en la educación recibida por las diversas clases sociales. Así, a la gigantesca brecha que han seguido indicando sistemáticamente las pruebas Simce, hay que agregar que “en Chile hay miles de niños que desertan (del sistema escolar) antes de octavo básico” (García Huidobro; op. cit.); que el 76,6% de la fuerza de trabajo no ha terminado la enseñanza media y que el 72% de aquella es semi-calificada o no calificada. (Ver Marcel Claude – El retorno de Fausto. Ricardo Lagos y la Concentración del Poder Económico; Edic. Política y Utopía, 2006; p. 160)

Además, la aprobación de la Ley General de Educación –suscitada como reacción a la “revolución pingüina”- no modificó ninguno de los rasgos esenciales que impuso la dictadura por medio de la Loce. Aquella ha estipulado solamente una mayor regulación del mismo sistema vigente; a través de la creación de una Superintendencia de Educación y de una agencia que velaría por la calidad de la educación, así como de mayores requisitos para ser empresario educacional (“sostenedor”) con fines de lucro. Como lo señala el mismo García Huidobro, con la nueva ley (LGE) “la lógica neoliberal… se mantiene inalterable”. (El Ciudadano; 7-1-2009)

Las manifestaciones de notable júbilo de los liderazgos concertacionista y aliancista con ocasión del acuerdo por la LGE –de la que fuimos testigos los televidentes en su momento- no permitirían tampoco una eventual explicación del liderazgo concertacionista de que simplemente tuvo que conformarse con un acuerdo tan pobre, dado que el cambio de la Loce requería un quórum de 4/7 que no tenía…

Por Felipe Portales

25 de noviembre de 2010

Fuente: www.elclarin.cl