Crisis en la CIDH: Organizaciones latinoamericanas llaman a sus gobiernos a hacerse cargo del problema financiero

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfrenta una de las peores crisis financieras de su historia. Este organismo principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% del personal y que no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibir fondos, para poder renovarlos. Asimismo, la Comisión que fue un puntal en las denuncias a las violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras latinoamericanas, se ha visto obligada a suspender la realización de las visitas previstas para este año, así como de los Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre. La falta de financiamiento, apuntan organizaciones de la sociedad civil reunidas hoy en Santiago, se debe a que la CIDH se ha convertido en una piedra en el zapato para el avance del modelo neoliberal de los países de la región.

EFICACIA DE LA CIDH VA EN CONTRA DEL MODELO NEOLIBERAL

Según Nancy Yáñez Fuenzalida, Codirectora del chileno Observatorio Ciudadano, esta crisis no sólo es económica si no que también política: «La crisis de la CIDH es una crisis fundamentalmente política porque vulnerabiliza los mecanismos de reparación donde puede recurrir la sociedad civil para la defensa de sus derechos y creemos obedece a una acción concertada por parte de los Estados de la región, fundamentalmente como producto de la misma eficacia de la CIDH en la protección de las personas, vulnerabilizados por el control del modelo económico que se ha estandarizado en nuestras sociedades. La situación de los derechos humanos en la región se torna más crítica, con desapariciones forzosas, despojo de territorios a los pueblos indígenas, criminalización de los defensores de los derechos humanos, en una latinoamérica que está siendo impactada por la Industria Extractiva y que ha sido respaldada por los Estados para preservar un modelo económico globalizado. En ese contexto las CIDH  y la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen instancias insustituibles para proteger los derechos de las personas y los pueblos en todos los países», indicó Yañez.

LA CIDH CONTRIBUYE A PREVENIR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Por su parte, Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, apuntó: «En el caso de Argentina, el rol que ha tenido la CIDH ha sido fundamental para la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras. La visita de la CIDH en el año 1979 donde denunciaron el desaparecimiento forzoso de personas, detuvo la masividad de las desapariciones. Informes a la Convención Americana aportaron para la transición a la democracia, empujando y promoviendo una agenda de justicia por los crímenes a lesa humanidad cometidos en varios países. También es fundamental el trabajo de la CIDH en el contexto de los conflictos armados en centroamérica en el caso de denuncias de violaciones y cumple un rol muy importante en las post transiciones de las sociedades latinoamericanas para fortalecer la democracia y las agendas de políticas públicas que tienen que ver con libertad de expresión, pueblos indígenas y temas de género. Acá estamos hablando de 20 millones de dólares de financiamiento anual, repartido entre 34 países, por lo que está claro que es un tema político. Entonces, la CIDH sigue siendo fundamental para la defensa de los derechos y podemos decir que esta es la crisis más grave que enfrenta la CIDH tanto política como económicamente y cabe preguntarse si los Estados se van a comprometer en el funcionamiento de un sistema que opere para monitorear las violaciones a los derechos humanos pero también para contribuir a prevenirlas. Una CIDH debilitada no es bueno para los pueblos, los Estados deben decir si les importa que exista o nó y si no es así que se hagan cargo políticamente de esa decisión».

También, desde el Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca, el profesor Gonzalo Aguilar reafirmó el compromiso de la academia con la CIDH: «Hacemos un llamado a los Estados a que cumplan con su deber, el CIDH pertenece a todos los pueblos del continente y se hace necesario su existencia», indicó.

LOS ESTADOS PERMITEN QUE NO HAYA JUSTICIA CUANDO NO FINANCIAN A LA CIDH

Para la abogada peruana María José Veramendi Villa, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y a nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú y Justiça Global de Brasil, la esperanza de justicia para miles de latinoamericanos está en juego: “La inminente pérdida de casi la mitad del personal de la CIDH, es un serio agravio para la protección de los derechos humanos en la región y refleja la falta de voluntad política de los Estados miembros de la OEA con la Comisión Interamericana. Miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio han depositado su confianza y sus últimas esperanzas de justicia en la CIDH y en el Sistema. Es el caso de las personas intoxicadas por metales pesados en La Oroya, Perú, quienes, tras haber presentado su denuncia en 2006, aún esperan un informe de fondo. También están las comunidades que han perdido su modo de vida a causa de la construcción de la represa Belo Monte en Brasil, quienes pese a la inauguración de la represa continúan esperando que el caso avance en la Comisión y se haga justicia por la violación a sus derechos. Al no financiar adecuadamente un órgano que ellos mismos crearon, los Estados ponen un obstáculo más para que estas personas accedan a la justicia. Los Estados miembros tienen una responsabilidad con el Sistema Interamericano. Esperamos que cumplan con ella, no a través de discursos y resoluciones de buenas intenciones, sino con acciones concretas e inmediatas de financiamiento», resaltó la abogada.

Finalmente, las organizaciones civiles  hacen un llamado a los Estados miembros de la OEA a que, en tanto la Asamblea General atiende esta situación, hagan inmediatamente una contribución voluntaria de emergencia que permita a la CIDH mantener a su personal, realizar las visitas que tenía previstas, así como llevar a cabo sus periodos de sesiones de julio y octubre.