Camila Vallejo, presidenta de la Fech: “No existe un sistema de educación superior público en Chile”

Camila Vallejo, nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Fech es la segunda mujer que asume ese cargo en la historia de la organización estudiantil. La militante de las Juventudes Comunistas, califica la “revolución educacional” elaborada por el Ejecutivo como un retoque al sistema actual, que profundiza el ya muy avanzado proceso de privatización de la educación chilena. De revolución, nada, según ella.

Por otro lado, analiza el complejo proceso que están viviendo las universidades públicas, describiéndolo como una continua escalada de desregularización, donde públicas y privadas se lanzan a competir en una desigual «igualdad de condiciones».

Este es un breve examen que hace la nueva dirigencia de la Fech respecto a la educación en nuestro país.

-¿Cuál es el análisis de la situación educacional actual que hace como presidenta de la Fech?

-Nosotros, como estudiantes, tenemos un diagnóstico común. Creemos que la última reforma importante que se hizo fue la del ’81, promulgada en dictadura, y que más allá de pequeñas modificaciones y profundizaciones del modelo, no se ha hecho ningún cambio pensado desde el mundo social, no ha existido ninguna instancia donde todos fuéramos partícipes del proceso.

El sistema que tenemos ha abierto las matrículas, ha expandido el acceso, pero esto no ha venido acompañado de calidad ni de equidad ni tampoco de una discusión seria respecto a la educación pública. Se ha tendido a una desregulación, a una descentralización por parte de las autoridades, donde se ha instalado como principal actor al mundo privado.

-¿Cuáles son las consecuencias de esta irrupción del mundo privado para las universidades tradicionales o públicas?

-Existe una gama gigantesca de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica que carecen de una regulación efectiva por parte del Estado, por lo que hacen lo que quieren. Producto de esto ha habido un desfinanciamiento muy profundo de las universidades estatales. Han caído en lógicas mercantiles como captar los mejores puntajes para recibir financiamiento, acudir a préstamos de servicio, auspicios, etcétera, con su consecuente pérdida de sentido de lo que su carácter público significa. Por eso hoy nos encontramos con universidades públicas que funcionan como privadas. Paradójicamente, esta realidad ha sido utilizada para demandar un trato igualitario entre públicas y privadas, y ese es justamente el paradigma que se ha instalado en este Gobierno, que no es nuevo y que se arrastra desde Brunner, en el sentido de que lo que se va a premiar es la competitividad, la eficiencia. Con base en esos principios, entonces, cualquiera puede entrar a concursar por la repartición de los recursos.

-¿Qué papel han jugado los gobiernos de la Concertación, qué incentivos han hecho para mejorar la educación pública?

-Ninguno. Todo esto partió con la reforma en los ochenta y de ahí en adelante lo único que ha habido han sido pequeñas modificaciones, pero por sobre todo profundizaciones del sistema. Estamos claros que este financiamiento a la demanda, a través de convenios de desempeño, por ejemplo, está formulado con base en la lógica de la competitividad, siempre defendido por el marco de la “libertad de enseñanza”. Entonces, las familias tienen la libertad de elegir a qué institución ingresan sus hijos. Eso es lo que hay que financiar, independiente del carácter de esa institución. Por eso el crédito con aval del Estado, las becas, etcétera.

Hoy en día, esto es más marcado. A través de las leyes de presupuesto de la Nación se está aplicando por decreto, de facto, una reforma. Se está innovando en el hecho de ampliar recursos que eran exclusivos de las universidades del Consejo de Rectores hacia universidades privadas, ampliando la lógica del crédito con aval del Estado, que agrava la situación de endeudamiento del estudiante, por sobre los fondos solidarios, que tienen un interés mucho menor. O las becas hacia las pedagogías, que se van a instituciones privadas.

-¿Ustedes como Federación van a continuar la lucha por las demandas estudiantiles bajo el estandarte de un sentido público como marco diferenciador entre las universidades?

-Hay un punto en ese concepto. Nosotros sabemos que desde la derecha se  instala esto también, o sea ellos defienden que hay que financiar a los estudiantes que entran a una universidad con cierta misión pública, y a estas universidades a su vez. Pero realmente no se ha dado el debate de fondo de lo que nosotros entendemos por carácter público, porque si tú ves a la Universidad de Chile, tampoco lo cumple. Hoy en día no existe un sistema de educación superior público. Nosotros entendemos el sentido público como un espacio público, como una plaza a la cual todos tienen que tener acceso. Las universidades que son públicas son aquellas que no discriminan en el acceso, que son representativas de la composición socioeconómica del país. No puede estar representado solo un segmento de la población en la educación superior.

Por otro lado, defender un sentido público también significa asegurar que esos segmentos de la sociedad que ingresan a la universidad puedan ser participantes activos de la discusión nacional, cómo se gestiona y decide el rumbo de las políticas públicas, y eso tiene que ver directamente con un gobierno democrático, lo cual es correlativo de ciertas condiciones que hoy en día ni siquiera se dan dentro de las universidades del Consejo de Rectores. Es asegurar el pluralismo, de que todas las visiones puedan tener un espacio dentro del debate.

-¿Incluso si son de derecha, los cuales son representantes de los grupos político-económicos que han mercantilizado la educación?

-Sí, incluso, porque tú tienes que asegurar que haya un debate dentro de la universidad. Tú no puedes discriminar porque una persona es de derecha, y tampoco la Federación lo hace, eso está en sus estatutos. El hecho de asegurar el pluralismo, de dar cabida a todas las visiones, es parte esencial de una institución pública. No reconocerlos atenta contra los derechos de los ciudadanos. Si tú aseguras la participación de toda la comunidad y que allí se genere una disputa que refleje quienes son la mayoría que apuesta por un sistema educativo particular, estás finalmente consolidando la democracia. Para esto es fundamental una representación triestamental que perfile los lineamientos de lo que la educación debiera ser, asegurando condiciones mínimas como el carácter público de las instituciones educativas.

-¿Cuál es su evaluación de este nuevo gobierno, presidido por Sebastián Piñera, que no solo representa a la derecha económica, sino también a una derecha ideológica fuertemente cargada por el aspecto religioso, específicamente en la cartera de Educación, donde se ve representado el Opus Dei?

-Yo creo que hay dos hitos fundamentales que demuestran la intencionalidad y para dónde va el Gobierno hoy en día. Uno es la ley de presupuesto, que da cuenta de cómo va a ser la reforma. Y por otro lado, la asignación al Senado Universitario de Harald Beyer y Álvaro Saieh, dos personeros que son representantes del mercado en la educación, que han propiciado el sistema mercantil dentro del sistema educativo, que están ligados a la dictadura y que poseen grandes empresas en nuestro país. Estos hitos inciden en la forma de pensar el desarrollo institucional de la educación superior; el Ejecutivo es realmente el responsable de la implementación del sistema educativo que se llevará a cabo. Esa intromisión, por tanto, no es casual. Hay una intención por parte de los autoridades de insertar este paradigma, esta visión ideológica de cómo tienen que operar las universidades. Es, finalmente, la consagración de un gobierno corporativista que refuerza una ideología de libre mercado dentro de las lógicas educacionales, como por ejemplo la competencia. Esto eventualmente comenzará a generar ruido dentro del sistema.

-¿Cuáles son las consecuencias de la “revolución educacional” anunciada hace unas semanas por el ministro Joaquín Lavín?

-Básicamente, una profundización del sistema. Este paquete de medidas no es una revolución, solo una consolidación de la privatización en la educación. Por un lado, con todo el tema de la semaforización de los colegios y los liceos de excelencia solo se ahonda en la segmentación y discriminación de los estudiantes más pobres, porque en realidad estos liceos solo benefician al uno por ciento del estudiantado, radicalizando aún más las diferencias entre integrados y excluidos.

Por otro, la preponderancia de las horas de lenguaje y matemáticas en detrimento de otras materias como historia, además del reflejo de la hegemonía tecnócrata dentro de la forma de gobernar, es también una reproducción ideológica donde se esteriliza las capacidades críticas de los jóvenes, prevaleciendo un modelo social donde se privilegia el saber leer y escribir sin saber dónde se está parado.

Por Sebastián Fierro Kalbhenn

El Ciudadano