A Comisión Mixta proyecto que sanciona la colusión

Tras la votación que aprobó el proyecto sobre colusión, salvo el artículo referido a entregar exclusividad de la acción penal a la Fiscalía Nacional Económica, la presidenta de la Comisión de Economía, diputada Maya Fernández (PS), quien además integrará la Comisión mixta, sostuvo que «el proyecto es un avance, porque castiga en forma más severa las prácticas desleales de competencia en los mercados, en particular la colusión».

«Nos parece importante porque además define un nuevo régimen de control de operaciones de concentración o fusiones, se define la protección de los derechos de los consumidores; se establece una nueva facultad de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), para estudiar la evolución competitiva de los mercados; y fija sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones», dijo.

Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS), respecto del rechazo a la norma sobre la atribución exclusiva de la acción penal por parte de la FNE, sostuvo que el reparo a esta norma (que derivó el proyecto a la comisión mixta) «pasa porque no consideramos aconsejable que se le entregue esta atribución a una sola persona, sin ningún control».

«Esto nos parece grave, porque puede convertir en letra muerta todas las medidas que se están implementando. Por eso queremos equilibrar este tema y asegurar que quienes se coludan sean castigados efectivamente», concluyó el diputado Soto.

En tanto, el diputado DC Fuad Chahin, quien también integrará la mixta, señaló que «lo que hizo el Senado fue matar y desvirtuar el ejercicio de la acción penal, pretendían terminar con la posibilidad de perseguir criminalmente a los coludidos y nos parece indispensable corregirlo en una Comisión Mixta».

Añadió que consideran inexplicable que sólo sea el Fiscal Nacional Económico «el que pueda, discrecionalmente, decidir si ejerce la acción penal en contra de los coludidos y que lo tenga que hacer sólo después del fallo ejecutoriado del tribunal de libre competencia».

El legislador cuestionó lo que podría pensar la opinión pública, si luego de despachada la ley, se presentara un nuevo caso como el del papel confort, «y resulta que si el hecho de presentar o no una querella en contra de los responsables va a depender exclusivamente del Fiscal Nacional Económico y, además, sólo podrá hacerlo después de 4,5 o 6 años, que es lo que se demora un juicio del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Es decir, van a poder eludir la acción de la justicia, van a poder irse del país, sacar sus capitales, hacer su vida afuera; un chiste».

Asimismo, el diputado Sergio Espejo (DCI, miembro de la Comisión de Economía, valoró las normas aprobadas, pero coincidió en resolver en una Comisión Mixta la acción penal. «Estamos estableciendo multas proporcionales al daño y al beneficio, estamos controlando las operaciones de concentración o fusiones, estamos estableciendo controles a la participación cruzada en la propiedad de empresa; por eso, no tendría sentido entonces que, cuando después de años estamos logrando establecer acciones penales, los mecanismos para garantizar la prisión de quienes se coludan no sean los más eficaces».

El diputado Daniel Núñez (PC), presidente de la Comisión investigadora sobre la colusión en el mercado del papel tissue, sostuvo que este es un proyecto muy importante para el país, pues «está en la preocupación cotidiana de los chilenos, porque permanentemente estos casos de colusión afectan el bolsillo de las familias más modestas. Nos parece valioso que el Gobierno de la Presidenta Bachelet se la haya jugado por atacar la colusión».

Para el diputado Núñez tampoco es positiva la norma que entrega la exclusividad de la acción a la FNE, porque «hay un riesgo de que el día de mañana el fiscal económico sea cooptado por poderes políticos y económicos, lo que puede generar una inhibición en su acción penal. El segundo tema es incluso más importante, porque hay un principio de igualdad ante la ley. Si hoy estamos castigando severamente a quien comete un robo, a quien comete un delito, a propósito de la recién aprobada agenda corta, no podemos impedir que el Ministerio Público actúe en delitos que son tanto o más graves. Los delitos de cuello y corbata son tan graves como un robo o como portonazo. No queremos que haya ninguna norma que favorezca la impunidad, que permita un trato discrecional y beneficiosos, un privilegio a los poderosos».

Desde la bancada PPD, el diputado Ramón Farías, manifestó que este proyecto «busca establecer penas de hasta 10 años de cárcel en caso de existir atentados a la libre competencia. Nosotros consideramos que éste es un gran avance legislativo que busca que aquellos delincuentes de cuello y corbata sean sancionados con penas acordes a la gravedad de sus acciones, las cuales han afectado a muchos chilenos y chilenas». No obstante, coincidió que el Senado cometió un error en los cambios al cuestionado artículo 64.

Por su parte, el diputado Daniel Farcas, quien también formará parte de la Comisión Mixta, explicó que «con este artículo se quiere convertir al Fiscal Nacional Económico en un juez. Por eso acogemos el llamado que ha hecho el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para que sean los Tribunales quienes dictaminen si aquellas personas que atentan contra el libre mercado, que impiden la competencia a las pymes y generan un daño a los consumidores, van a tener efectivamente sanciones penales».

Delación compensada

Desde la oposición, los diputados José Manuel Edwards (RN) y Jaime Bellolio (UDI) pidieron no debilitar la delación compensada en la Comisión Mixta, luego del rechazo del artículo sobre la exclusividad en la acción penal.

A juicio del diputado Edwards, «hasta el año 2003 había pena de cárcel pero nunca encontramos a ningún cartel, fue imposible desbaratarlos, porque para que podamos realmente ponerle coto a las colusiones, tienen que haber dos ingredientes importantes: Primero, una pena dura y segundo, una delación compensada; esto es, hacer inestable el cartel en la medida de que uno de los miembros del cartel nos entregue la información para poder desbaratarlo».

«Si los juicios-continuó-tanto de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), como el Ministerio Público son paralelos, eso no asegura que el mecanismo de delación compensada nos ayude a encontrar a estos delincuentes de cuello y corbata; y por lo tanto, creemos que es un error lo que ha hecho hoy día la Cámara de Diputados de rechazar el artículo 64, que asegura la secuencialidad y de esa manera, asegura que la delación compensada, para que podamos pillar a estos delincuentes, funcione»

A su vez, el diputado Jaime Bellolio, agregó que el que sea la FNE la que persiga estos delitos «responde a un sistema creado en 2003 que ha funcionado y, hoy día, lo que estamos haciendo es aumentar las penas, que no haya impunidad para aquellos que cometen estos actos ilícitos de colusión, que dañan a las personas y además dañan la confianza en el sistema, que los culpables vayan a la cárcel».

«Para que efectivamente esas personas vayan a la cárcel y que no sea sólo challa, necesitamos un sistema súper sólido. Lo que venía aprobado desde el Senado era justamente un sistema sólido, donde el estándar de las pruebas para garantizar que una persona vaya a la cárcel estaba clarísimo. Y la votación de hoy, contra lo que venía del Senado y contra lo que planteaba el Gobierno, introduce una grieta en que no queda claro cómo vamos a desbaratar esos carteles», concluyó el legislador.