Estado chileno arriesga medidas cautelares en su contra por represión en Rapa Nui

Hoy vence el plazo de respuesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio al Estado de Chile, para que éste se manifieste respecto a los violentos hechos ocurridos el viernes recién pasado en Rapa Nui, que dejaron alrededor de 30 heridos. La solicitud fue presentada por los abogados de la Indian Law Resource Center y persigue decretar medidas cautelares que prohíban el accionar de fuerzas policiales contra el pueblo pascuense.

El documento indica expresamente que los manifestantes padecieron de un “desalojo colectivo violento” y acusa al Gobierno de emplear “fuerzas armadas y medios represivos en respuesta a las solicitudes” de los grupos de protestantes de Isla de Pascua.

Si bien la comisión habría enviado una notificación previa en noviembre que no fue tomada en cuenta por el Gobierno -donde se exigía fundamentar los desalojos de los terrenos ocupados por los rapanui– Francisco Marín, representante de la familia Hito y parte de la prensa rapanui, cree que “en algún momento tendrán que responder, a menos de que Chile quiera dejar de integrar la Comisión de Derechos Humanos o volver a ser acusado por organismos internacionales”, dice.

Por su parte, la Unión de Jefes Indios de Columbia Británica ya envió un comunicado condenando los desalojos. Además, varios medios de Hawai –isla con la que los pascuenses comparten raíces- informaron detalladamente sobre los episodios del viernes pasado.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que “el diálogo es lo más importante”, pero también informó que seguirán actuando para finalizar la toma de terrenos, ya que, “si hay Tribunales de Justicia que dictan órdenes de desalojo a requerimientos de fiscales, nuestras fuerzas de Carabineros, con el respaldo de nuestro Gobierno, van a hacer cumplir esas órdenes”.

En concordancia a esto último, el Ministerio del Interior decidió duplicar el contingente policial, trasladando a 92 carabineros hacia la Isla, quienes llegaron el sábado junto al intendente de Valparaíso, Raúl Celis. Éste ha sido más explícito en su apoyo al accionar de la policía, llegando a declarar hoy a Cooperativa que “estamos muy contentos con la forma en que se ha procedido con los desalojos en la isla, porque solamente ha sido necesario utilizar una vez la fuerza pública, con el respaldo de los tribunales”.

En aquella única ocasión, más de 30 personas quedaron heridas, uno de gravedad, Roberto Carlos Ika Pakatari, quien hoy tuvo que ser hospitalizado porque sus heridas se han agravado con el pasar de los días. De todos modos, hasta el momento, se desocuparon seis terrenos, reduciéndose el total de tomas de 18 a 12.

Además, varios de los isleños heridos han relatado la experiencia del día viernes como uno de los peores momentos que les ha tocado vivir. “Nunca en nuestra perra vida nos habían tratado tan mal”, dijeron hoy a The Clinic online.

Asimismo, Leviante Akari, el presidente del Parlamento Rapa Nui, declaró que la policía actuó con serias intenciones de asesinar a alguien. “Si yo te disparara, amigo periodista, qué estoy haciendo… ¿Qué te estaría haciendo? Te estaría tratando de asesinar. No sé. Supongo que sería para robarte tus cosas… tu celular. Yo tengo ocho disparos en la espalda. A mí me dispararon con una escopeta calibre 12. Munición de guerra. Nada de balines de goma”, dijo.

Por último, varios políticos han denunciado el desalojo. El senador socialista y presidente de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), Juan Pablo Letelier, llamó a Hinzpeter a “instruir a las fuerzas policiales a respetar la integridad de las personas y los derechos de los pueblos originarios”.

Además, aseguró que es “un hecho sumamente grave que desata un conflicto de grandes proporciones”, dijo en referencia a otros abusos cometidos por el Gobierno hacia los indígenas del país.

DEMADAS POR TIERRAS ANCESTRALES

Desde julio de este año, los pascuenses comenzaron su proceso de recuperación de tierras que habrían sido dados en préstamo a autoridades para que realizaran obras que beneficiaran a la isla pero que, sin embargo, comenzaron a ser entregadas a particulares.

Según cuenta Francisco Marín, “en Hanga Roa, el territorio está ocupado por agentes externos a los pascuenses. Esto se debe a la Ley Pascua, promulgada en 1970, por la cual se llegó a un acuerdo entre isleños y Gobierno para instalar servicios estatales que ayudaran al desarrollo de Rapa Nui, sólo por 20 años. Sin embargo, ese tiempo ya pasó y muchos de esos servicios ahora son privados, como Entel, los que no se encuentran pagando ni un peso por sus terrenos”, dice.

De este modo, el 27 de julio comenzaron los actos de recuperación: El clan Tuki, encabezado por Ana Lola Tuki de 84 años, ocupó la casa-oficina que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene frente a la Gobernación de Rapa Nui. Ese fue sólo el comienzo de una serie de tomas que incluyeron el turístico Hotel Hanga Roa, administrado por la familia Schies. Éstos últimos aseguran que “muchos se han dado al pillaje” y que “en la isla hay un estado de anarquía general”.

Fotografía: Bandera Rapa Nui, símbolo que representa una canoa evocando los viajes de los primeros colonizadores polinesios de la isla.

Por Mijaíla Brkovic Leighton

El Ciudadano