Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se reúne con Ministerio del Interior

A mediodía se reunieron hoy representantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep) con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el subsecretario, Rodrigo Ubilla, en La Moneda. En la cita se tocaron diversos temas en torno a seguir adelante con las querellas interpuestas por la agrupación, buscar nuevos profesionales para el Programa de Derechos Humanos y consolidar el apoyo del Gobierno en estas materias, entre otros asuntos.

Alicia Lira Matus, presidenta de la Afep, cataloga la reunión como “importante” y dijo valorar el hecho de haberse reunido, por segunda vez en el año, con el Ministro del Interior a plantear sus exigencias. Sin embargo, señala que van a esperar a ver los resultados de lo propuesto por la autoridad, pues “muchas veces nos adelantamos con el otro Gobierno, y no cumplió”, dice.

Sobre las 357 querellas por ejecutados políticos que está tramitando la agrupación, de las cuales piden que el Gobierno se haga parte, Hinzpeter se comprometió a revisarlas y tomar una decisión una vez que se confirme que se encuentran en el marco del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Así, el Ministro se comprometió a no discriminar entre detenidos políticos y que van a seguir presentando los procesos por las víctimas de las ejecuciones políticas, sin importar la investigación.

Respecto a reponer la interpretación del artículo 93 del Código Penal, según el cual los ministros de la Corte Suprema no podrían votar más la medida de prescripción, el Ministro se comprometió a conversar con el Presidente, Sebastián Piñera, para luego tomar una medida al respecto.

Otro de los tópicos que más preocupa a la agrupación, tiene que ver con que, hasta ahora, el Gobierno no ha repuesto la salida de 6 profesionales del Programa de Derechos Humanos. Si bien la mitad se retiró voluntariamente, existen tres despidos por término de contrato, donde destaca el de Cristian Cruz, abogado que llevó los casos de Víctor Jara y José Tohá, entre varios otros detenidos y ejecutados políticos.

De acuerdo a lo que dijo Hinzpeter, “él no fue despedido, sino que sólo su contrato no fue renovado”. Sin embargo, Alicia Lira insiste en que en el programa “todos trabajan a honorarios, entonces nosotros sabemos que no es esa la razón del despido”.

Por último, Lira recuerda que “es una obligación del Estado hacer verdad y justicia, buscar los mecanismos, porque este no es sólo un problema de gobierno, sino que de sociedad”. Asimismo, menciona que todo el trabajo realizado por ellos tiene la única finalidad de que “se garantice que no se vuelvan a cometer estos crímenes, que nunca más se asesine a personas por razones políticas”, dice.

Por Mijaíla Brkovic Leighton

El Ciudadano