En los últimos días hemos recibido una lluvia de informaciones y publicidades sobre el proyecto Hidroysén, acontecimiento que era de esperarse en un proyecto que involucra tanto dinero e intereses. En nuestro país en los últimos años se ha profundizado en discusiones acerca de los impactos ambientales, sociales y económicos de distintos proyectos públicos y privados, pero poco se ha hablado de los impactos políticos a nivel país que acarrean.
Para comenzar con la discusión se hace necesario nombrar que el proyecto Hidroaysen es la propuesta energética privada más grande en estos momentos en el país, involucrando la construcción de 5 mega-represas en los ríos Baker y Pascua, dos de los más prístinos de nuestro país. Iniciativa impulsada por una alianza entre Endesa (de la italiana Enel) y Colbún (chilena). Desde el comienzo de la propuesta de este proyecto hace casi 5 años, se levantaron los cuestionamientos sociales, ambientales y económicos. Cuestionamientos que hoy se han hecho masivos al presentarse un 57,8% de rechazo al proyecto por parte de la ciudadanía. Porcentaje que en una elección presidencial democrática no dejaría espacio a discusión sobre qué propuesta sería la ganadora.
Hace algunos días, el servicio de evaluación ambiental de la región de Aysén envió un tercer informe de observaciones al estudio de impacto ambiental presentado por la compañía. Informe que, si bien se mostraba como una voluntad política (de manifiesto con los dichos de personeros del Gobierno) de no rechazar el proyecto y allanarle el camino a su aprobación, no contaba con pruebas tan claras e indiscutibles de intervención política en la evaluación de carácter técnico. Hoy las dudas tienen bases y testigos. En una declaración pública firmada por el sindicato de trabajadores de Conaf región de Aysén y el sindicato nacional de profesionales de la misma institución, publicada el día 2 de diciembre, se denuncian las presiones por parte de la dirección ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal para que los profesionales y técnicos que estaban evaluando el EIA de hidroaysén no se manifiesten negativamente, siendo que el proyecto transgrede manifiestamente la legislación vigente. También se nombra en la declaración la edición por parte de Conama de los informes técnicos emitidos por Conaf referentes a la Adenda nº1 presentada por la empresa. Edición que censura y saca de contexto las observaciones del organismo técnico.
Estas presiones, denunciadas por funcionarios con ética y profesionalismo, dejan de manifiesto un cuestionamiento profundo a la credibilidad de las instituciones. Supuestamente la evaluación de impacto ambiental responde a argumentos técnicos y no políticos.
Otro acontecimiento digno de nombrarse es el otorgamiento de derechos de agua por parte de la Dirección General de Aguas a Hidroaysén esta semana. Dichos derechos de aprovechamiento de aguas habían sido denegados en el gobierno anterior por presentar irregularidades en su petición. La decisión de la actual DGA involucró la anulación del decreto…
Los anteriores hechos y situaciones, siendo sólo algunos de los que han tenido lugar en estos 5 años , requieren de una ampliación del debate que hasta ahora se ha dado con respecto al proyecto Hidroaysén, ya que hay una dimensión de impactos que no se le ha dado la importancia que tiene. Dichos impactos son los que se están generando desde ya, hacia la democracia de nuestro país, involucrando la pérdida de confianza en la insitucionalidad nacional, por medio de las presiones evidentes para alterar planteamientos técnicos, así como la formulación y reparo de decretos y normativas a la medida del proyecto. Impactos que pueden llegar a ser tanto o más nocivos para nuestra sociedad que los impactos ambientales o sociales.
¿Estamos dispuestos como ciudadanos y sociedad en general a asumir estos costos?
Este nivel de intervención de las instituciones, presiones políticas, y maniobras comunicacionales para validar este proyecto, recuerda el modus operandi de la cossa nostra en Italia y otros grupos que manejan influencias de esta forma.
La base de la democracia es el respeto a la decisión de la mayoría así como la confianza en el actuar de las instituciones. Base de la que hoy no hay garantías en el proceso de evaluación del proyecto Hidroaysén.
Por Manuel Ruiz Aravena
Medicina Veterinaria
Universidad Austral de Chile
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