Parlamentarios realizan lobby para ayudar a condenados por vulneración a los derechos humanos

Durante las últimas semanas se han presentado tres proyectos de ley que permitirían otorgar beneficios carcelarios a reos que cumplen penas de diferentes tipos. Las mociones se diferencian por hacer énfasis en la edad y la condición de salud, por el estado de permanencia y por razones humanitarias.

Los parlamentarios de la Cámara Alta llegaron al acuerdo de que los tres proyectos ingresen y sean vistos primero por la Comisión de Derechos Humanos y luego por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

La primera de estas mociones fue presentada el 8 de junio por los senadores Manuel José Ossandón. Eugenio Tuma y Lily Pèrez. Esta iniciativa permitirla la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos humanitarios a favor de personas condenadas gravemente enfermas. El proyecto no establece límite de edad, ni tiempo mínimo de condena cumplida.

Las otras dos mociones fueron presentadas por los senadores Francisco Chahuán, Iván Moreira y Baldo Prokurica, y apuntarían a establecer modificaciones a los articularlos 86 y 87 del Código Penal. Estas enmiendas permitirían consagrar el cumplimiento alternativo de las condenas cumplidas por los adultos mayores y de personas que padezcan una enfermedad grave, invalidante o terminal.

Además de estas iniciativas y según informa El Mercurio, se habría presentado una solicitud a la Presidenta, a la ministra de Justicia y al director nacional de Gendarmería con el objetivo de adoptar las medidas administrativas necesarias para el cabal cumplimiento de los principios del Derecho Penal Humanitario, a reos que se encuentren cumpliendo penas privativas de libertad y que sean aquejados por enfermedades graves o incurables, “sin distinción de ningún tipo”.

Este documento habría sido firmada por 19 senadores de la República, tanto del oficialismo, como de la oposición.

El senador del MAS y presidente de la Comisiòn de Derechos Humanos, Alejandro Navarro, reconoció en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, que estos proyectos apuntan sobre todo a liberar a las personas que actualmente cumplen penas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Dictadura de Augusto Pinochet.

“Esto apunta directamente a generar condiciones para beneficios ligados a ex militares que cumplen condenas en Punta Peuco, por lo mismo creo que este es un trámite que difícilmente va a ver la luz en el gobierno de Michelle Bachelet, hay demasiadas discrepancias”.

El lobby

Según consigna la información oficial del registro de audiencias de la Comision de Derechos Humanos del Senado, el 9 de mayo se realizó una reunión con el sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes. La sesión tenía por objetivo escuchar a Montes quien dió a conocer su propuesta para que los condenados mayores de edad o enfermos terminales, cumplan presidio domiciliario.

La reunión se efectuó sólo semanas después de que el sacerdote jesuita concediera una polémica entrevista a El Mercurio donde aseguró que quienes están recluidos en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, estarían sufriendo una injusta discriminación debido a las condiciones del cumplimiento de sus condenas.

“Con esa gente nadie quería ensuciarse las manos: ni el Ejército, ni los políticos, ni la derecha, y, obviamente, los que habían sido víctimas tenían una terrible razón para rechazarlos”, afirmó.

En esa oportunidad además, el sacerdote declaró: “Probablemente Punta Peuco tiene mejores condiciones, pero tampoco es un hotel cinco estrellas. Tiene enormes controles y tiene incomodidades propias de una cárcel. Por lo pronto, no se pueden mover, hay horarios rígidos, no salen. Ahí no se aplica el régimen de beneficios y salidas que existe en otras cárceles, lo cual es bastante duro. Así como muchos consideran que en esa cárcel hay mejores condiciones de vida, es necesario reconocer que en cuanto a beneficios se discrimina al revés; las condiciones son más duras”.

El senador Navarro reconoció que la Comisión que preside tuvo una reunión con el sacerdote: “El padre Fernando Montes concurrió a la Comisión invitado por el senador Ossandón, por la senadora Lily Pérez y la senadora Van Rysselberghe. Para resumir, el padre ha señalado y nos informó que él fue un defensor de los derechos humanos, que acogió a mucha gente perseguida por el general Pinochet. Y manifestó su opinión en atención a tener una valoración de los derechos humanos, de los violadores de derechos humanos. Esa fue su reflexión en general, una reflexión filosófica, moral, más que jurídica”.

Por otra parte, el 16 de mayo los senadores Navarro, Letelier, Matta y Prokurica (en representación de Ossandón) asistieron a una audiencia concedida por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. Los temas a tratar fueron los Centros de Protección de Menores del Sename, y los enfermos terminales que cumplen condena en recintos penitenciarios.

Pese a que el registro oficial señala que, efectivamente, que esta reunión se realizó, y que dichos temas fueron abordados, el presidente de la Comisión negó que se hubiera conversado sobre el asunto de la entrega de beneficios carcelarios con Dolmetsch.

“La reunión con Hugo Dolmestch tuvo que ver con el Sename, no tuvo relación con este proyecto de ley porque en esa fecha no había ni un proyecto de ley. Fue en relación al informe de la Corte Suprema a la función del Sename y al informe de Mónica Jeldres”, afirmó Navarro.

Pese a lo anterior, este sábado en entrevista con El Mercurio, Hugo Dolmetsch afirmó que comparte las iniciativas destinadas al otorgamiento de los cuestionados beneficios.

“Sé y comprendo que esto ha de significar un dolor para las personas que aún sufren por la pérdida de sus seres queridos, pero la sociedad no puede vivir estancada sólo en los dolores y es bueno y sano avanzar positivamente buscando la reconciliación (…) Yo creo que las cosas tienen que tener su término. Ya tuvieron su término: la gente ha sido condenada. Entonces, no puede haber pago permanente, para siempre”, sostuvo.

Sobre las gestiones que ha realizado la Comisión de Derechos Humanos en esta materia y sobre la participación de parlamentarios de la Nueva Mayoría, Alejandro Navarro aseguró que él no ha puesto su firma en ninguna de las mociones presentadas hasta ahora.

Sin embargo, explicó que como presidente de la Comisión tiene el deber de acoger y tramitar las peticiones que busquen la defensa de la derechos humanos de todas las personas sin distinción, por lo que va a dar espacio para el debate de los tres proyectos de ley.

“Yo creo que los derechos humanos son indisolublemente ligados a todas las personas, independiente de su condición, y lo vamos a tramitar. Otro es el debate de cada uno de los proyectos de ley y en particular de beneficios”.

Delitos comunes versus delitos de lesa humanidad

Resulta fundamental dejar en claro que ninguno de los proyectos de ley distingue entre reos comunes y reos condenados por delitos de lesa humanidad. Esta falta de distinción y la manifiesta y explícita intención de dejar la puerta abierta para otorgar beneficios carcelarios a violadores de los derechos humanos, resulta a lo menos complicado desde el punto de vista del derecho penal internacional.

Respecto a la posibilidad de que estos proyectos se tramiten y que eventualmente sean aprobados, por una parte, o que el Ejecutivo acoja la solicitud firmada por 19 senadores, por otra, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que resulta inaceptable.

“El terrorismo de estado tiene su particularidad fundamental en que es el Estado quien comete estos crímenes en contra de los ciudadanos a quienes debe proteger. Partir de la premisa de que no se va a hacer distingo entre esto y los delitos comunes cometidos por particulares, es un retroceso inaceptable respecto de lo que ha sido esta tesis mundial de lo que significan los crímenes de lesa humanidad”.

En la misma línea, Lorena Pizarro argumentó que en términos generales, la situación carcelaria chilena es violatoria y atentatoria de los derechos de las personas, por lo que no se trata de oponerse a establecer gestos humanitarios a personas de mayor edad que están cumpliendo condena o hacia personas que tienen una situación terminal de salud.

“Aquí estamos hablando de peligrosos delincuentes que entre otras cosas jamás han colaborado con la justicia, que han tenido penas bastante benevolentes y además han cumplido condena en cárceles especiales con unos juicios bastantes tardíos en el tiempo. Ellos vivieron muchos años en la impunidad, sus condenas han sido bajísimas y además hoy día tenemos que enfrentarnos a que se les quiere entregar beneficios carcelarios”.

Sobre las gestiones del Senado, los proyectos de ley, oficios, reuniones y las declaraciones de Hugo Dolmetsch y Fernando Montes, Lorena Pizarro señaló que resultan sumamente sesgadas.

“Esto es muy complicado, la gente puede cumplir 70 años, 80 años, pero eso no los exculpa de la magnitud de lo que son los crímenes de lesa humanidad. No me imagino que cuando persiguieron a los criminales nazis -y muchos de ellos murieron en la cárcel- alguien se haya cuestionado la justeza de ese accionar, porque lo que se hacía era poner un ejemplo a la humanidad para las normas de prisión de estos hechos”.

“Hoy día además de esa impunidad, con bajas condenas, con cárceles especiales, ellos buscan dejar libres a los pocos que hemos logrados condenar. Lo que han hecho es un lobby disfrazado. Usan todo el poder de ese andamiaje para asegurarle impunidad a los violadores de derechos humanos. A nosotros no nos llegan a hablar cuando se refieren a estas acciones humanitarias. Aquí estamos hablando de sujetos que jamás han colaborado, responsables de terribles crímenes y nadie se pregunta qué pasa con los sobrevivientes o familiares”, concluyó Pizarro.

Derecho Penal Internacional y los verdaderos problemas del sistema carcelario

De acuerdo a información proporcionada por Gendarmería, el número de mayores de 65 años que se encuentra recluido en los centros penales a nivel nacional es de 563 personas.

En lo que respecta a la salud, 1.636 internos padecen de hipertensión arterial, siendo la patología más frecuente, 62 están diagnosticados con esquizofrenia y, sin duda lo más llamativo, existe una cifra de 740 personas que están agrupadas dentro del ítem “otros”.

En el caso del penal Punta Peuco existen actualmente 4 internos con cáncer, 11 con diabetes insulino dependientes y 165 agrupados en la categoría “otros”.

Alex Choquemamani, investigador experto en Derecho Penal de la ONG Leasur explica que en principio los condenados contra los derechos humanos, tienen a nivel internacional un especial tratamiento en materia penitenciaria.

Es tipo de ilícitos, que se cometen normalmente en contextos de dictadura, resultan sumamente reprochables precisamente porque no fueron cometidos por personas comunes y corrientes, sino que se trata de sujetos que valiéndose del aparato estatal violaron los derechos fundamentales de las personas.

“La dictadura de Pinochet fue una de las más crudas del mundo, una de las más sanguinarias. Por lo tanto beneficiarlos o dar esta facilidad a quienes estuvieron involucrados, aparentemente de una manera neutra porque no se distingue, sería una mala señal para comunidad internacional y sobre todo para aquellas sociedades democráticas que pasaron por el duro flagelo que es una dictadura”, señala el investigador.

Además, Choquemamani apuntó hacia la experiencia comparada, que sugiere que las condenas por delitos de lesa humanidad deben cumplirse en su totalidad, porque constituyen una gravedad mayor y no solamente se lesionan a una persona, sino que a toda una sociedad.

En términos de normativa internacional, el Estatuto de Roma indica que aquellos condenados por delitos de lesa humanidad no se les deben otorgar beneficios carcelarios, como podría ser esta libertad vigilada, libertad condicionada o una reclusión domiciliaria.

“Mientras Punta Peuco tiene condiciones carcelarias que son las mejores del país y que son como la antítesis de la mayoría de los recintos penitenciarios, como la ex Penitenciaría, la cárcel de mujeres de Santiago y otras regiones. Ahí hay hacinamiento, hay carencia de programas de reinserción, hay poca oferta de capacitación y un largo etcétera. Me parece que se debería empezar por ahí, que son privados de libertad que están olvidados”, señala el experto de Leasur.

Finalmente, el investigador apuntó a la voluntad política para solucionar los problemas de la población penal común y corriente, que constituye cerca del 90 por ciento de los reos del país.

“Son olvidados, son población penal que se vulnera a diario sus derechos fundamentales en democracia. Los diferentes gobiernos democráticos no han encarado con energía, con voluntad política el sistema penitenciario. Lo que ha habido son medidas parches, medidas aisladas. Por ejemplo, en Chile no hay una ley de ejecución de penas, la institución a cargo de la ejecución de las penas es Gendarmería, una institución militarizada. Hay cambios urgentes que no se están considerando. En cambio, se preocupan de una población penal reducida y con mejores condiciones, como los internos de Punta Peuco”, concluyó Choquemamani.

Vía: Radio Universidad de Chile