A inicios de semana, una serie de denuncias de los medios de comunicación apuntó a cuestionar la participación y el tratamiento de las actas de los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA) que hoy empujan el proceso constituyente, impulsado por el Gobierno.
La advertencia, formulada por uno de los miembros del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO), enfatizó que sólo 1.300 cabildos -de los más de 15 mil que están inscritos actualmente- serían validados y considerados para la elaboración del texto final del gobierno, debido a una serie de deficiencias que presenta la web vinculada al sistema (www.unaconstitucionparachile.cl) al momento de subir las actas.
Fue el presidente del CCO, Patricio Zapata, quien aseguró que “habrá algunos que se van a efectuar, pero no tendremos el acta, y no vamos a poder dar fe de eso”. Bajo sus estimaciones, más del 60% de los encuentros que se llevan a cabo en todo el país no podrían ser validados.
La información generó tal revuelo que el Consejo Ciudadano de Observadores tuvo que publicar una declaración pública al respecto, dada a conocer esta mañana. En ella, los miembros del Consejo señalan que, a la fecha, la plataforma web registra cerca de 15 mil ELAS inscritos, cuyo plazo límite para el envío de actas será hasta el próximo 28 de junio.
«Al día de hoy, se registran cerca de 5500 ELAS realizados y 3300 actas enviadas 1, cifra que se explica, en parte, por las complicaciones que ha presentado la plataforma web para subir las actas, tal como fue señalado por el CCO en su Acuerdo N°10», especificaron.
La situación generó la solicitud de parte del CCO al Gobierno de adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que «todas y cada una de las actas que sean subidas a la plataforma web– o que sean remitidas de forma que permita su validación- serán debidamente procesadas y sistematizadas, con el objeto de que su contenido incida tanto en la agenda de los cabildos provinciales y regionales como en las Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución».
Desmintiendo las publicaciones de los últimos días, el Consejo reiteró que ningún miembro ha señalado que «cierto porcentaje de ELAS será automáticamente excluido o desestimado del proceso, como afirmaron algunos medios». Además, aseguraron que instarán al Gobierno para que todas las opiniones recogidas en los Encuentros Locales Autoconvocados sean consideradas y tengan incidencia.
En la sesión ordinaria donde se votó el acuerdo estuvieron presentes Patricio Zapata (Presidente), Lucas Sierra, el periodista Patricio Fernández, la dirigenta sindical Ruth Olate y Benito Baranda, entre otros (revisa aquí quiénes integran el Consejo).
La mirada de una integrante del Consejo Ciudadano de Observadores
Pese a las aclaraciones, el proceso sigue entregando pocas garantías a los mismos participantes y generando diversas dudas respecto a la incidencia que realmente tendrá el texto final, denominado Bases Ciudadanas, en la elaboración de la nueva Constitución.
A pesar de las dificultades de la misma plataforma y de los pocos intentos del mismo Ejecutivo por integrar a la mayoría de la ciudadanía en la iniciativa, el interés por la participación ha sido mayor de lo esperado.
En opinión de Ruth Olate, dirigenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular y miembro del Consejo Ciudadano de Observadores, la experiencia ha sido gratificante.
«Creo que vamos bien encaminados a pesar de que nadie daba un peso por el Consejo, se pensaba que era más decorativo, pero de paso a paso hemos ido marcando presencia y creo que han hecho un buen trabajo para poder llevar la Constitución adelante«, recalcó.
Lo más interesante de la iniciativa, dice, es que es una de las pocas oportunidades que ha tenido la ciudadanía para poder manifestar su postura ante la nueva Constitución. «Nadie debería restarse, aunque muchos dicen que el proceso ya está cocinado y que la Constitución ya está hecha. No sabemos si eso es así, pero si realmente es como dicen, ahí vamos a estar denunciando que se nos engañó y que no es justo. Si nos quedamos en la incredulidad no conseguimos nada», enfatiza.
Desde su perspectiva, los temas que generan mayor interés en la ciudadanía respecto a la elaboración de la nueva Carta Magna se vincula al problema de las pensiones y las AFP’s, las demandas por educación y salud como derechos garantizados. «Yo creo que todo esto tendrá sentido y si no, vamos a patalear», advierte.
A la «espera» de la Asamblea Constituyente
La realización de los Encuentros Locales Autoconvocados ha recibido diversas críticas, especialmente por su carácter no vinculante. Luego de años de campaña y discusiones acerca de la Asamblea Constituyente, cuyo mecanismo fue finalmente descartado por Bachelet, la ambigua incidencia de este proceso ha generado rechazo en la ciudadanía, aunque no ha anulado totalmente las ganas de participar.
Felipe Bruzzone, del Movimiento por la Asamblea Constituyente de Valdivia, organizó su propio ELA y ha participado de la organización de al menos otros cuatro cabildos. Al realizarlo, dice, «se genera un fenómeno de empoderamiento que yo no había visto antes en situaciones similares».
Desde su experiencia, los temas constitucionales generan distancia en un principio, por lo que se hace más necesario e interesante abordarlos. Pese a la incredulidad inicial en el proceso, asegura que durante las últimas semanas las organizaciones sociales han decidido sumarse masivamente a los encuentros, pero no es suficiente. «Esto termina el 28 y no debe haber participado ni el 10% de la población», recuerda. Esto, pese a que el mismo Consejo pidió que el proceso se extendiera hasta julio, lo que finalmente no fue aceptado por el Ejecutivo y se optó por sumar sólo 5 días para la realización de encuentros.
Desde su organización, apuntaron a enfrentar los encuentros de manera crítica y propositiva, ocupando la instancia para fortalecer lazos y propiciar la discusión sobre los derechos. Sin embargo, especifica: «Nosotros creemos que el procedimiento legítimo es una asamblea constituyente y y así esperamos que ocurra en 4 ó 6 años más, no sabemos cuánto tiempo será, pero esto como proceso de acercamiento y pedagogía, resulta».
Para Bruzzone, es evidente que la mayor preocupación de la ciudadanía participante se enfoca a la defensa de los derechos colectivos y sociales, como la salud, el trabajo, la vivienda y la educación. Hasta ahora, la experiencia da cuenta del inusitado interés de los chilenos y chilenas por participar de la elaboración de una nueva Constitución en un proceso que, sin embargo, no entrega mayores garantías, ni permite ilusionarse en grande.
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