En estos días ha circulado la noticia de que un criminal que ofició como presidente de este país (Colombia) ha sido citado por la firma de abogados de los Estados Unidos, Conrad & Scherer, a declarar en el caso que se adelanta contra la empresa carbonera Drummond por el asesinato de 111 humildes colombianos. Los abogados de la mencionada oficina de abogados, que representan a los familiares de los trabajadores asesinados, quieren indagarle al ex presidente (Álvaro Uribe) sobre las actividades de los grupos paramilitares, de lo que sabe respecto de los nexos de multinacionales con esos grupos y acerca de los vínculos del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)con los crímenes cometidos por los paracos.
Esta noticia recuerda la participación directa de empresas multinacionales en la financiación, organización y patrocinio de criminales a sueldo, en alianza directa con sectores de las Fuerzas Armadas, que durante los últimos 25 años han perseguido y asesinado a miles de colombianos, considerados por esas empresas como “enemigos” de la sagrada propiedad privada y de la inversión extranjera. Al respecto valga recordar la responsabilidad de la Chiquita Brands, la Coca-Cola, la Drummond, la Nestlé y muchas otras empresas en el asesinato de trabajadores, dirigentes sindicales y líderes sociales.
Esto lo han hecho tanto las multinacionales afincadas en la ciudad como las que operan en el campo, porque ellas parten de la lógica de que las riquezas de nuestro suelo y subsuelo les pertenecen por fuerza mayor, y en concordancia, amparadas por el Estado colombiano, pueden utilizar todas las formas de lucha para preservar sus intereses y mantener sus ganancias: crear ejércitos privados a su servicio, asesinar dirigentes sindicales, contaminar el medio ambiente, destruir ecosistemas, dañar fuentes de agua, patrocinar medios de comunicación y periodistas que les laven su imagen corporativa, sobornar a miembros del Ejército y el Estado para que actúen a favor de los empresarios “que proporcionan trabajo y riqueza al país”, como dice la propaganda oficial en los medios de comunicación…
Lo significativo del caso radica en que no se está hablando de una impunidad criminal de las multinacionales como si fuese cosa del pasado, sino de un comportamiento que tiene una impresionante actualidad, si se considera que el proyecto estrella del santismo en el poder es entregarle hasta el último rincón del país a las multinacionales para que escarben nuestro suelo y subsuelo y se lleven todo lo que encuentren allí.
En este sentido, los crímenes corporativos contra la gente y el medio ambiente propalados por las multinacionales se van a generalizar en el presente y en el futuro inmediato, porque nada indica que en términos de impunidad las cosas hayan cambiado en Colombia. Antes por el contrario, lo que ahora se observa es la apología de la inversión extranjera como la pócima milagrosa que nos va a sacar del atraso y nos va a conducir al desarrollo económico y a la “prosperidad democrática”. A eso es a lo que en el régimen uribista se le denominó la confianza inversionista, un eufemismo con el cual se encubrió la más vergonzosa y vil postración y entrega del país a los intereses de las empresas multinacionales y de los países imperialistas y que ahora el santismo refrenda con su pretensión de convertir a Colombia en un país minero cuya regla de oro, según el punto 92 del programa de gobierno del oligarca del Jockey Club, “es atraer más inversionistas de talla mundial, con ‘reglas del juego’ que garanticen la estabilidad a largo plazo…”
En lenguaje coloquial, la tal estabilidad a largo plazo sólo quiere significar que la implantación de enclaves mineros a lo largo y ancho del país viene acompañada de la noción de seguridad inversionista que manejan las multinacionales y que consiste simplemente en impedir todo intento de organización y cualquier forma de protesta organizada contra la explotación de la gente y la expoliación del medio ambiente.
Para evitar la protesta y la resistencia lo primero que se hace es limpiar la tierra de incómodos ocupantes, campesinos, indígenas y afrodescendientes, labor criminal en la que las fuerzas armadas estatales y paraestatales cumplen el papel de avanzada. Luego, cuando se inicia la explotación y entran en funcionamiento los enclaves, la violencia se convierte en el instrumento para someter y callar a los inconformes y para que los pocos trabajadores que emplean los enclaves acepten la explotación sin chistar ni jota. Por si hubiese algunas personas que denuncian la destrucción de los ecosistemas, para ellos también se emplean instrumentos violentos, como el atentando sicarial, con el fin de que dejen a las multinacionales saquear nuestro territorio sin ningún obstáculo a la vista.
La pretensión de convertir a Colombia en un país minero, como Perú o Chile, significa que para respaldar una inversión extranjera que genera muy poco empleo y que no crea riqueza sino que antes la destruye se hace necesario reforzar los dispositivos militares y paramilitares en todo el país. Por ello, puede concluirse que la pretensión de las multinacionales mineras, junto con el Estado colombiano y las clases dominantes de este país, es la de convertirnos al mismo tiempo en un enclave y en un cementerio. Para hacerlo posible, el terrorismo estatal y paraestatal tienen un porvenir asegurado.
Por Renán Vega Cantor
Publicado en Periferia (Colombia), noviembre de 2010.
Fotografía: colombiasincensura.org
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