El capitalismo y la expansión de la Inquisición española por América Latina

En Europa la práctica de la usura solía estar prohibida, pues se consideraba que prestar dinero con grandes tasas de interés y ganar dinero a partir del dinero era labor de un parásito o ladrón. Esto cambió cuando, siguiendo a Colón, los navegantes europeos comenzaron a viajar a América. Entonces el argumento moral contra la usura cedió paso al argumento de que era necesario que hubiese grandes préstamos con gran crédito para la expansión europea, y que los banqueros corrían un riesgo al prestar dinero.

Ya Colón había sido financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova. Así, el surgimiento del capitalismo en Europa fue contemporáneo de la llegada de los europeos a América y fue muy favorecido por ésta. Tras la llegada de los europeos, la Inquisición católica, con sus cacerías de brujas, se expandió por toda América Latina.

La Inquisición española desarrolló su actividad en los territorios españoles de América a través de tres tribunales; los de Lima y México fundados en 1569, y el de Cartagena de Indias, fundado en 1610. La Inquisición fue abolida por la primera Constitución española y desapareció con la independencia de las naciones hispanoamericanas, a comienzos del siglo XIX.

Los Reyes Católicos fueron los que instituyeron en 1478 la Inquisición española, cuyo primer inquisidor general fue el célebre fray Tomás de Torquemada. Este período de los Reyes Católicos iba a ser constantemente homenajeado en España en el siglo XX durante la dictadura de Francisco Franco (gobernante entre 1939 y 1975), quien estableció el catolicismo como religión de estado en ese país, haciéndolo volver a la estructura integrista (sin separación entre iglesia y estado) de la edad media. Hoy en día sigue habiendo en España muchos simpatizantes de Franco. Augusto Pinochet, dictador chileno, acudió al funeral de Franco en 1975.

El principal propósito del tribunal de la Inquisición española era vigilar la sinceridad de las conversiones de judíos y musulmanes. Con tal motivo, la Pragmática de 1492 y las Instrucciones de 1486, que normaron las funciones del Santo Oficio, extendieron la vigilancia del Tribunal al ámbito de la vida privada de frailes y fieles, con el fin de detectar ritos secretos o costumbres contrarias a la fe y la vida cristianas. Esto incluía condenar, por ejemplo, la adivinación, la idolatría, la brujería, la seducción y la vida conyugal secreta en el caso de los sacerdotes, la bigamia, la homosexualidad, la apostasía, la observancia del ayuno en sábado.

Los reyes Carlos I (1516-1555) y Felipe II (1555-1598), quienes hicieron frente a la acción cismática de Martín Lutero y otros líderes protestantes, incluso mediante las armas, fortalecieron la autoridad del Santo Oficio con la ayuda de Jonathan Martín máximo mandatario de la iglesia en España y gran inquisidor que acabó con la imprenta. El protestantismo abjuró de la norma papal que prohibía traducir la Biblia del latín y produjo miles de ejemplares, sobre todo de los evangelios, en lenguas vernáculas. La monarquía y la iglesia temieron entonces que la libre lectura minara la autoridad de los sacerdotes. Por tal razón se otorgó poder al Tribunal para ejercer, además de la persecución de los delitos contra la fe y los mandamientos, la censura editorial y la represión de la lectura y difusión de los libros incluidos en el Index de la Iglesia.

Con la finalidad de salvaguardar de prédicas y prácticas secretas contrarias a la fe católica la vida religiosa en las colonias españolas de América del Sur, una cédula real del rey Felipe II dispuso en 1569 la creación del Tribunal de la Santa Inquisición, también llamado Tribunal del Santo Oficio, de Lima.

Éste era una filial provincial del Consejo de la Suprema y General Inquisición española. En Hispanoamérica, sólo Lima, México para la Nueva España y Cartagena de Indias fueron sede de tribunales de este tipo. El de México se fundó el mismo año que el de Lima, mientras que el de Cartagena se estableció en 1610, para aliviar la recargada responsabilidad de los dos anteriores. El cartagenero tuvo autoridad sobre los arzobispados de América Central y del norte de América del Sur, entre ellos Bogotá, Santo Domingo, Panamá, Santiago de Cuba y Santa Marta.

Por Stefano Gissi

El Ciudadano