A un año de la Ley Mordaza, las sanciones y el temor frenan la libertad de los españoles

Va un año de puesta en marcha la Ley Mordaza, en España, y la medida ha puesto a la ciudadanía tras un cerco de temor y represión a través de criterios arbitrarios y autoritarios. Ya se han registrado 40 mil sanciones en medio del malestar y las acciones de los españoles –a través de diversos movimientos– y representantes de los medios de comunicación.

El 1 de julio de 2015, y a pesar de las advertencias de importantes organizaciones sociales, e incluso la UE y la ONU, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la Ley Antiyihadista formaron una triada de normas que constituyen la llamada Ley Mordaza, una reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y aprobada gracias a la mayoría del Partido Popular (PP) en el Congreso.

Esta ley tiene como objetivo limitar la acción ciudadana y fortalecer la represión policial y la vigilancia, sustituyendo el principio de culpabilidad por criterios ambiguos, la penalización de mensajes públicos en las redes sociales y la criminalización de protestas pacíficas. Las multas impuestas van desde los 100 a 600 euros, dependiendo de la gravedad de la ofensa, y superadas solamente por sanciones que se aplican a delitos de tenencia y consumo de estupefacientes.

De acuerdo a organizaciones sociales, a principios de 2016 la Ley Mordaza ya había generado 40.000 sanciones; más de seis mil por «faltas de respeto a las fuerzas de seguridad» y cerca de cuatro mil por “desobediencia y resistencia a la autoridad”.  Las redes sociales reportan que 30 españoles son multados cada día por presuntos insultos a las fuerzas de orden, informa Telesur.

Algunos de los argumentos que ponen de manifiesto la arbitrariedad de esta ley son la la amenaza  a la libertad de información, los registros de pasajeros y la legalización de las devoluciones en caliente de inmigrantes (en la frontera y sin posibilidad de buscar asilo).

Contra la libertad de información

Uno de los principales objetivos de esta normativa es limitar la libertad informativa de los medios de comunicación y sus representantes. Los casos de los periodistas Esther Yáñez, Axier López y Mercè Alcocer son algunos de los más emblemáticos. El 27 de abril de este año, la periodista Esther Yáñez fue sancionada con una multa de 601 euros por desobediencia y por no identificarse en un protesta contra el sistema de Hipoteca. El fotógrafo y reportero, Axier López, recibió la misma sanción por compartir fotos de denuncia en Twitter, en un contexto similar. A Mercè Alcocer, periodista catalana, también se le está aplicando la misma multa por presunta desobediencia a la autoridad. Alcocer se rehúsa a pagar y está recurriendo a acciones legales para revertir la resolución.

Otro caso es el de Ana García, del diario La Sexta, quien recientemente fue absuelta de un delito de desobediencia por no entregar su cámara a la policía, con la que había grabado imágenes de una protesta anti desahucios. En ese momento la ley todavía no entraba en vigor, pero el juez advirtió que ni siquiera en ese caso correspondía que la periodista entregada el equipo.

Las imprecisiones en la Ley Mordaza permiten que las personas teman y que la policía se aproveche. Criterios como ‘faltas de respeto a las fuerzas de orden’ o ‘imágenes que pongan en riesgo a la policía’, permiten que el oficialismo político se salga con la suya sin el «obstáculo» del ejercicio más cotidiano y espontáneo de la democracia.

Confundir y paralizar a los ciudadanos

Pero la Ley Mordaza abarca varios aspectos de la expresión política y la acción ciudadanas. Su principal jugada es la de desorientar y desmovilizar a los españoles,  disuadiendo, infundiendo temor y reprimiendo el derecho a la protesta y la denuncia.

Un caso tan ridículo como paradigmático de las formas de ejecución de esta ley, es el de una joven que llevaba un bolso impreso con la imagen de un gato y la sigla ACAB (All cats are beautiful, todos los gatos son bonitos). Los policías pensaron que se trataba de All cops are bastards, por lo que la chica estuvo a punto de ser multada. Si la sanción no se hizo efectiva fue solamente por las denuncias públicas y la evidencia del absurdo. Pero existen muchos otros casos en que las personas deben presentar recursos para liberarse de penalidades que parten por el abuso policial. Casos que van dejando una marca de temor, enviando a la ciudadanía la señal de que no existe verdadera libertad.

“Cuando se invoca la ley parece que se invoca a los infiernos y que caerá sobre esa persona una maldición. La ley genera confusión entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad aprovechan esa confusión. Sin embargo, frente a la creencia de que nos tenemos que aguantar, hay mucho que se puede hacer”, señala Cristina Serván, participante activa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) y de ‘Defender a quien defiende’, una plataforma creada para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos de la Ley Mordaza y que está poniendo en funcionamiento la red Malla, un medio web para que los españoles denuncien y difundan los casos de represión.

Diego Boza, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz y miembro de APDH-A, explica a Kaosenlared: «Los que somos activistas, arriesgamos, pero la ciudadanía media no y eso es lo que están consiguiendo. La Policía está habilitando parcelas de impunidad, y no sólo en las cuestiones más fuertes, como la tortura, sino en la forma de comportarse en el día a día”.

El 5 de abril de 2016,los Diputados aprobaron una propuesta para derogar la Ley Mordaza, que quedó sin efecto por causa de la disolución del parlamento y la convocación de las elecciones generales del 26 de junio.

Pero luego de los resultados de los comicios, se ha sabido que el Partido Popular ofreció al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) modificar la ley con el fin de lograr un apoyo más sustancial para el gobierno de Mariano Rajoy.

El Ciudadano