Proyecto de Educación Superior: La crucial reforma que arrasa en impopularidad

Movimiento Estudiantil

La próxima semana -según ha dicho la ministra de Educación, Adriana Del Piano- entraría al parlamento el anunciado proyecto de Educación Superior que, en teoría, debiera ser la respuesta del Ejecutivo a 5 años de movilizaciones sociales por la educación.

El problema es que, de acuerdo a lo que se ha podido conocer de la iniciativa, esta solo dejaría satisfecho al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Los estudiantes, agrupados en la Confech, y los rectores de las universidades estatales, representados por el CUECH, lo rechazan. Peor aún, lo llegan a destrozar. La impopularidad de la iniciativa es evidente.

Los primeros en manifestar su oposición al proyecto fueron los estudiantes, quienes tras conocer un bosquejo en un esperado encuentro con la ministra Delpiano se reunieron en un plenario en Concepción, donde la respuesta fue contundente. “Nuevamente nos encontramos con esbozos de una reforma alejada de las demandas históricas del Movimiento Estudiantil, dejando de lado reivindicaciones como el fin al lucro, la condonación de la deuda efectiva, la democratización de los planteles educativos, la necesidad de construir una educación pluricultural, por decir algunos”, señaló entonces un comunicado de la Confech.

Si bien las discrepancias con la iniciativa del gobierno son amplias, los estudiantes se han encargado de identificar las principales y, en un documento elaborado recientemente por la Confech titulado Esta Reforma no Reforma, las han expuesto. Por ejemplo, mientras el Movimiento Estudiantil demanda gratuidad universal para todos y todas y la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE), el Ministerio de Educación establece en su proyecto gratuidad condicionada y gradual, junto con mantener las becas, el crédito y el CAE; cuando los estudiantes exigen la eliminación del lucro en la educación superior y que se penalice con cárcel a quien incurra en dicho delito, el Mineduc deja en manos del debate legislativo su tipificación y lo condiciona a la reiteración y magnitud de la falta.

Dirigentes de la Confech en reunión con ministra Delpiano

El fin de la PSU y del Aporte Fiscal Indirecto, y la democracia y participación al interior de los planteles educativos son demandas tampoco resueltas por las propuestas contenidas en el proyecto del gobierno, según plantean los estudiantes, mientras que las exigencias del fin a la precarización laboral, el subcontrato y la educación sexista ni siquiera están considerados en el documento, de acuerdo a lo que expone la Confech.

«Este proyecto de ley se ha hecho para mantener los privilegios de las universidades privadas»

Sin embargo, tanto o más duros que los estudiantes han sido los rectores de las universidades estatales que simplemente parecen haber tomado el proyecto de Educación Superior, arrugarlo y tirarlo a la basura. Lo más complejo de la entrevista dada a La Tercera por Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), que agrupa a 18 planteles públicos, es escoger entre tantos comentarios que  parecen ir martillando la tapa del ataúd de la iniciativa del Ejecutivo.

«Esperábamos una reforma estructural del sistema universitario que terminara con la mercantilización que hay en Chile en materia de educación y eso no se ve en ninguna parte», señala Vivaldi, y agrega: «No sabemos si alguna vez nos hemos reunido con las personas que realmente están a cargo del proyecto, no sabemos quiénes son, no sabemos si estuvimos hablando con los interlocutores correctos. A nosotros nos daban a entender cosas, como por ejemplo que se iba a terminar con el CAE, pero era como para anestesiarnos, nos dimos cuenta que era mentira, que incluso se va a ampliar, y eso es un desastre».

Ennio Vivaldi

Vivaldi sigue: «No hay ninguna medida que tienda a revertir la situación de precariedad de las universidades estatales». «No se menciona un sistema de universidades públicas, esto es mantener la educación de mercado y ratificar el modelo propuesto en 1981. Este proyecto de ley se ha hecho para mantener los privilegios de las universidades privadas (fuera del Cruch). No hay nada sobre aumento de matrícula, flexibilización de algunos trámites», suma.

Sin embargo, también desde los planteles privados ha venido la crítica al proyecto. El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, ha sostenido: «Me preocupa que haya universidades que digan ‘¿Saben? Yo no recibo ningún peso del Estado. Por lo tanto, voy a cobrar lo que quiera’. ¿Y qué vamos a tener? Universidades que forman a la élite socioeconómica, reproduciendo en el sistema universitario el siete por ciento de particulares pagados del sistema escolar», declara.

«El proyecto no cuenta con la aprobación ni el respaldo de nadie del movimiento social»

Frente a la reacción de los rectores del CUECH, Marta Matamala, ex vocera de la Confech y hasta hace poco presidenta de la Federación de Estudiantes de la Usach, sostiene: «Ya era momento que los rectores se sumaran, pensando en que desde diferentes sectores -tanto universitarios, secundarios y funcionarios- hemos venido denunciando que esto no es una reforma estructural, por lo tanto, el que hoy se sumen es una confirmación de las críticas que existen hacia quienes van a administrar la implementación».

Sobre las razones que habrían detrás de este proyecto tan alejado de lo que vienen pidiendo los rectores de las universidades estatales, el rector de la Chile acusa: «Es evidente que  hay mucha gente que por distintos motivos ideológicos y de conveniencia no quiere que haya cambios, porque esto es un negocio fabuloso y vemos la forma como se mueven dineros públicos hacia el sector privado».

Para Vivaldi este escenario se traduce igualmente en un incumplimiento del programa por parte del gobierno. Sostiene que le pidieron al Ejecutivo que cumpliera «con lo que prometió en su programa, cuando se dijo que se iba a fortalecer el sistema de educación pública y eso está escrito. Pero bastó con que vinieran otros a golpear la mesa y se frenó todo. Si triunfa el sistema de mercado va a quedar establecido para siempre y la educación pública se acaba».

A la hora de reflexionar sobre cómo enfrentarán esta situación en el Congreso, Vivaldi plantea que «es fundamental ver qué pasa con los estudiantes» y desliza la necesidad de «formar un frente común con los académicos y los rectores».

Marta Matamala responde: «Me parece que es bastante lógico. Nosotros como Confech, y los funcionarios también, lo hemos venido planteando hace tiempo. Hoy no pueden ser solo los estudiantes y los funcionarios quienes estén llamando no solo a la unificación de la crítica, sino que en conjunto tiene que haber una propuesta que contenga los elementos de quienes sufrimos la mala educación». Y agrega: «Que hoy existan señales de parte de algunos rectores sirve para comprender que el proyecto no cuenta con la aprobación ni el respaldo de nadie del movimiento social».

Daniel Labbé Yáñez