La Concertación debe explicaciones (XVIII)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno por qué en sus 20 años de gobierno mantuvo y consolidó un sistema universitario crecientemente mercantilista y lesivo para la educación pública, particularmente para la Universidad de Chile.

Recordemos que la dictadura -a través de la Ley General de Universidades de 1981- abrió las puertas a la educación superior con fines de lucro. Además, desmanteló el carácter nacional de la Universidad de Chile y fue crecientemente disminuyendo sus aportes a las universidades del Estado.

Los gobiernos de la Concertación, sin perjuicio de aumentar sus aportes directos a la Universidad de Chile, continuaron con las mismas políticas esenciales de la dictadura en materia de educación pública. Así, de acuerdo al economista Marcos Krenerman, entre 1990 y 2005 las matrículas en la educación superior subieron en un 269,4%. Sin embargo, mientras en las universidades privadas se incrementaron en 1.000%, en las universidades públicas lo hicieron solo en 142,1%. De este modo, mientras en los países de la OCDE un 75% de los estudiantes recibía educación superior de carácter público, en Chile lo hacía un 25%. (Ver María Olivia Monckeberg. El negocio de las universidades en Chile; Edit. Random House Mondadori, Santiago, 2007; pp. 330-1)

A su vez, la disminución de los aportes del Estado –directos e indirectos- a la Universidad de Chile ha convertido a ésta en una virtual universidad privada. Así, a 2007 los aportes públicos que recibía se estimaban entre solo un 20 a 25 por ciento del total de su presupuesto. (Ver Monckeberg; p. 329) Asimismo, Chile se ha convertido en uno de los países del mundo con menor gasto público en educación superior en proporción a su producto nacional (0,3%), contrastando con el 1,1% efectuado en promedio por las naciones de la OCDE. (Ver Monckeberg, p. 330)

Obviamente que esta realidad ha desnaturalizado fuertemente también el carácter de nuestras universidades públicas. Las ha empujado a convertirse en verdaderas empresas con fines de lucro, obligándolas en muchos casos a aceptar financiamientos de grandes grupos económicos lo que les ha limitado su credibilidad e independencia -particularmente en regiones- a la hora de efectuar investigaciones que pueden afectar los intereses de dichos grupos. Además, las ha colocado en difíciles dilemas éticos respecto del propio Estado, como se vio en el caso MOP-Ciade con la Universidad de Chile, en el “que se traspasaron recursos desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) al Ciade (Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo) de la Facultad de Economía el que, a la vez, entregaba a través de consultores sobresueldos a funcionarios del Ministerio. La operación de ‘triangulación’ reportaba al Ciade –y se supone que a la Universidad- un ingreso por efectuarla”. (Monckeberg, pp. 355-6)

Por otro lado, el gasto de los estudiantes y sus familias en educación universitaria ha llegado a ser en Chile –proporcionalmente- el más alto del mundo. Así, a 2007 aquel alcanzaba ¡al 1,8% del PIB! (Ver Monckeberg, p. 330), lo que significaba en términos reales dos veces más que en Corea del Sur y tres veces más que en Japón, Estados Unidos y Australia, de acuerdo a informes del Banco Mundial y la OCDE. (Ver La Tercera; 5-4-2009)

Además, si tenemos en cuenta que el crecimiento de la matrícula universitaria y su distribución en las diversas carreras no tiene absolutamente nada que ver con algún diseño de planificación de la educación superior, sino que responde simplemente al “libre mercado”; es evidente que la saturación ya existente de la demanda de profesionales –que ciertamente se profundizará vertiginosamente en las carreras “de pizarrón”- hará que miles de ellos tengan una cesantía asegurada y que el conjunto de la sociedad despilfarre crecientemente recursos escasos.

Pero ciertamente que el liderazgo de la Concertación no solo ha demostrado un viraje ideológico en la mantención de las políticas universitarias “libremercadistas”; sino que también ha participado en la profundización de dicho “negocio”. Así tenemos –al año 2007- a connotados miembros de dicho liderazgo participando como dueños, directores o rectores de universidades privadas con fines de lucro. En concreto a los ex parlamentarios, ministros o embajadores Ernesto Schiefelbein y Roberto Muñoz Barra (Universidad Autónoma de Chile); Alex Figueroa (Universidad Bolivariana); Jorge Schaulsohn y Mariana Aylwin (Universidad Uniacc); Jorge Arrate (Universidad Arcis); Genaro Arriagada (Universidad de Las Américas); Esteban Valenzuela y Marcia Covarrubias (Universidad de Rancagua); Sergio Molina y Sergio Fernández Aguayo (Universidad Viña del Mar); José Antonio Gómez (Universidad del Mar); Eduardo Rodríguez Guarachi (Universidad Diego Portales); Jaime Ravinet (Universidad Mayor); Gutenberg Martínez, Francisco Cumplido, Hugo Lavados, Oscar Pizarro y Edmundo Hermosilla (Universidad Miguel de Cervantes) y Francisco Huenchumilla (Universidad Regional San Marcos). (Ver Monckeberg, pp. 599-620).

Por Felipe Portales

16 de diciembre de 2010