Anoche, tras haber sido postergado infinitas veces, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que durante la presente jornada ingresará a tramitación el proyecto de ley que modifica el sistema de educación superior.

En la ocasión, la Jefa de Estado sostuvo la necesidad de “reconocer que este sistema tiene limitaciones, genera profundas discriminaciones, su desarrollo ha topado techo y exige cambios”.

“En nuestra propuesta, las Universidades del Estado tienen un rol especial. La ley fortalece su gestión y les da un apoyo preferente, porque están llamadas a ser el ejemplo de la diversidad, la equidad, y del servicio al desarrollo del país”, sostuvo.

En esa línea, Bachelet agregó que “hoy damos un paso más, un paso clave, en nuestra gran reforma de la educación: estamos enviando al Congreso el Proyecto de Ley de Educación Superior”. La Mandataria señaló que las prioridades deben estar “en la equidad, la calidad y la pertinencia de los establecimientos de educación superior”.

“No podemos esperar que los problemas sean resueltos sólo por el mercado; porque la educación no es un bien de consumo que se pueda administrar como un mero negocio. Es una tarea nacional que exige un rol fundamental del Estado para que, en diálogo con la sociedad y con la colaboración de todos los actores, hagamos los cambios que se requieren”, agregó.

Pilares del proyecto

En su discurso televisivo Bachelet aseguró que a través de esta reforma “se consagra y refuerza el carácter mixto de nuestra educación superior, donde conviven instituciones estatales con instituciones privadas, en un ambiente de autonomía y pluralismo”, cuestión que no hace sino sepultar la aspiración de contar con educación pública de calidad.

En otro aspecto, la Mandataria se refirió a la creación de una nueva institucionalidad, con una Subsecretaría y una Superintendencia y un Consejo de la Calidad, “con la fuerza para exigir el cumplimiento de estándares de excelencia que las familias esperan”. Lo que no dijo la Presidenta es que el ministerio de Educación ya posee todas esas facultades, lo que hace innecesaria una nueva institucionalidad.

“En tercer lugar –agregó–, para promover el desarrollo de universidades e institutos y, sobre todo, para asegurar que sea el talento y no el dinero lo que permita el acceso a la educación superior, estamos proponiendo un marco claro de financiamiento público. Ése es el sentido de la gratuidad de los estudios superiores”.

“Miles de estudiantes ya han podido comprobar que la gratuidad llegó para quedarse. Ahora, queremos que quede establecido por ley que no hay vuelta atrás, que Chile conquistó un derecho permanente que se irá concretando gradualmente”.

“Mientras avanzamos a la gratuidad universal, mantendremos los apoyos estudiantiles e institucionales hoy existentes. Además, se establecen definiciones y medidas claras para que se cumpla la ley que prohíbe el lucro. También, proponemos un mejor sistema de acceso, más justo, y una revisión del actual sistema de acceso a través de la PSU”.