La noche del viernes pasado, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, envió un instructivo a los 22 ministros del gabinete con las medidas que adoptará el Gobierno en contra de los empleados fiscales movilizados la semana pasada. En el documento se les ordena a los distintos ministerios descontar del sueldo los días de paro a los empleados públicos. Los trabajadores fiscales cesaron sus actividades durante siete días como medida de presión en contra del proyecto de reajuste discutido en el Parlamento, que finalmente fue aprobado fijando un reajuste salarial de un 4,2% para el sector público.
Para Raúl De la Puente, el gobierno adoptó una política de persecución en contra de los trabajadores movilizados, tratando de “apagar el fuego con bencina”. «Si se pretende castigar al funcionario que luchó por lograr un beneficio económico y proteger a aquellos que bien calificados son despedidos, les va a ir mal. La Anef (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales) va a defender a todos esos funcionarios a los cuales hoy día el ministro los amenaza con descontar en sus ingresos que son muy bajos con un reajuste además indigno», subrayó De la Puente.
Además, sostienen los empleados públicos, estas represalias atentarían en contra del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que establece el derecho a negociaciones colectivas. Para los trabajadores del sector, estas medidas serían producto de una política de estigmatización de la protesta social, que busca ilegalizar las reivindicaciones laborales.
Para Marcelo Diaz, diputado del Partido Socialista, el instructivo “da cuenta del poco afecto que el Gobierno le tiene a los funcionarios públicos. Esto no había ocurrido jamás, es inconsecuente con la actitud que habían tenido los propios parlamentarios de la derecha en los tiempos de los gobiernos de la Concertación, que planteaban que reguláramos el derecho a huelga de los funcionarios del sector público. Si uno está convencido que ese es un derecho que deben tener, entonces no aplique los reajustes. La facultad es exclusiva del Gobierno y está represaliando a los trabajadores para, a mi juicio, inhibirlos de futuras manifestaciones; ésta es la política del terror y del castigo”.
El oficialismo salió a defender las medidas adoptadas por el Interior, argumentando que es vital para el Gobierno sostener una “mano dura” en contra de este tipo de movilizaciones, especialmente pensando en el próximo año. Dentro de los cálculos de las autoridades, el 2011 se proyecta como un “año difícil” debido a las reformas que se impulsarán desde el Ejecutivo en carteras como Educación y Salud, que se estima tendrán un amplio rechazo social.
Cristian Monckeberg, diputado de Renovación Nacional, señaló que “el Gobierno está dando una señal clara de que no es gratis paralizar el país, no es gratis utilizar políticamente una discusión que iba a ser técnica, que se debía esperar con tranquilidad y en las instancias de diálogo que corresponden, y fueron millones de chilenos los que se vieron afectados por estas paralizaciones y esos chilenos piden que haya sanciones. Cuando hay un paro que no se justifica porque al final la razón se la dieron al Gobierno”.
Por Sebastián Fierro Kalbhenn
Fotografía: Revista El Periodista
El Ciudadano
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