Muchos dentro y fuera de Reino Unido se preguntan cuando empezará oficialmente el país a desvincularse de la Unión Europea (UE), tras decantarse los votantes británicos por esa opción -conocida informalmente como Brexit- en el referendo del pasado 23 de junio.
Eso solo podrá suceder cuando el gobierno de Londres invoque el ya famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece el mecanismo de salida de la UE para todos los Estados miembro del bloque.
Académicos, expertos en asuntos legales y algunos políticos creen que ese mecanismo no puede ser activado automáticamente por el primer ministro en representación del gobierno porque este carece de las atribuciones constitucionales para hacerlo.
Sostienen que el Parlamento británico (que cuenta con una mayoría de miembros opuestos al Brexit) debe aprobar una ley que de luz verde la salida de Reino Unido de la UE.
Pero como destaca el periodista experto en asuntos legales de la BBC Clive Coleman, a estas alturas parece «inconcebible» que el Parlamento británico vaya en contra de la decisión tomada por los ciudadanos en la votación del 23 de junio y se niegue a autorizar al primer ministro para que comience el proceso de «divorcio» del resto de Europa.
El bufete
Entre los que defienden un rol prominente en el Brexit para el Parlamento se encuentra el bufete de abogados Mishcon de Reya, con base en Londres, que representa a un grupo de hombres de negocios y académicos que no han sido identificados.
Se han puesto en contacto con el gobierno de Londres para «garantizar» que el proceso formal para que Reino Unido salga de la UE no comience sin un debate legislativo.
Defienden que sería ilegal que un primer ministro active el artículo 50 sin una amplia discusión y votación parlamentaria.
Y aseguran que los pasos deben ser tomados con mucho cuidado, porque una vez que activado el proceso legal de salida hay un límite de dos años para negociar los términos del abandono de Reino Unido de la UE.
Incertidumbre
Tras el referendo del 23 de junio, David Cameron alimentó la incertidumbre con el anunció de su renuncia como primer ministro, fijada para octubre próximo.
Analistas opinan que Cameron no quiere pasar a la historia como la persona que ejecutó la salida británica de la UE.
Durante las semanas previas al referendo, Cameron llegó a decir que, en caso de imponerse la opción del Brexit, acudiría en persona a Bruselas para retirar a Reino Unido de la UE, algo que no parece que vaya a suceder.
Ante estas idas y venidas, el despacho Mishcon de Reya señala que cualquier primer ministro que inicie el proceso sin una ley parlamentaria actuaría de forma ilegal porque estaría anulando la Ley de Comunidades Europeas aprobada en el Parlamento británico en 1972 y que consagra la pertenencia de Reino Unido a la UE.
El bufete insiste en que sólo una ley específica puede anular otra ley.
Es más, la firma legal mantiene desde hace semanas correspondencia con funcionarios del gobierno para pedir garantías sobre este proceso y asegurar la participación del Parlamento.
La necesidad de una ley de este tipo podría, en teoría, permitir a una mayoría parlamentaria el bloquear el Brexit, aunque con el consecuente costo político de ir contra una decisión tomada en las urnas.
Hay quienes opinan que una eventual «escala técnica» del Brexit en el Parlamento puede dar más tiempo a los promotores de revertir la decisión adoptada por los votantes el 23 de junio.
Más de 3,5 millones de personas firmaron en los últimos días una petición para repetir el referendo en Reino Unido.
«Certeza legal»
Kasra Nouroozi, socio del despacho de Mishcon de Reya, afirmó que sus gestiones apuntan a «asegurar que el gobierno siga el proceso correcto para tener la certeza jurídica de la protección de la Constitución de Reino Unido y la soberanía del Parlamento en estas circunstancias sin precedentes».
«El resultado de la consulta no está en duda, pero necesitamos un proceso que siga la ley de Reino Unido para ponerlo en práctica», añadió Nouroozi.