El asesinato de la indigenista y activista medioambiental Lesbia Urquía, impactó a la opinión pública el jueves, una vez que se supo que las autoridades de Honduras y el COPINH habían confirmado el hallazgo de su cadáver tirado en un vertedero cerca de Macala, en el departamento de La Paz.
Lesbia Yaneth Urquía Urquía había sido una «ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del consesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz», como la describen sus compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en un comunicado oficial.
Junto con Berta Cáceres y otros muchos actores del COPINH, Lesbia Urquía participaba de la organización para hacer valer la voz de los indígenas en la toma de decisiones sobre la construcción de megaproyectos como plantas hidroeléctricas y mineras, que son promovidos y avalados por el Gobierno de Juan Orlando Hernández y parlamentarios del Partido Nacional hondureño.
Una historia de muertes
Berta Cáceres era una destacada activista vinculada al mismo movimiento ambientalista y había sido galardonada con el Premio Goldman (el «Nobel Verde») en 2015, pero fue asesinada hace 4 meses por hombres que asaltaron su casa y le dispararon, sólo una semana después de haber recibido toda clase de amenazas –incluidas las de muerte– por oponerse a que la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca (Desarrollos Energéticos SA, DESA con respaldo de la compañía china Sinohydro) se aprobara sin previa consulta libre a las comunidades locales.
Esta vez, se trató de Lesbia, quien también trabajaba como líder comunitaria y que, entre otras causas, defendía nuevamente la participación de la comunidades indígenas Lenca, en la decisión de aprobar o no la represa hidroeléctrica Aurora I, en el municipio de San José, La Paz.
En 2010, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) cedió permisos a la Empresa Inversiones La Aurora S.A. de C.V. por un período de 30 años para la construcción del megaproyecto en territorio indígena Lenca. Según informa Environmental Justice Atlas, esta hidroeléctrica, como en el caso anterior, fue aprobada sin consulta previa a las comunidades indígenas.
El derecho a la consulta previa es un proceso que está garantizado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, y ratificado por Honduras en 1995, el cual asegura que la defensa de bienes comunes y territorios ancestrales sean tomados en cuenta al momento de dar curso a proyectos que involucran la extracción de recursos y la intervención en territorios sagrados.
Pero en la realidad, el Gobierno hondureño, como otros estados, ha estado pasando por alto este convenio con leyes que no son coherentes con sus principios y que permiten una serie de atropellos a los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas. Las autoridades oficiales han avalado desalojos territoriales y mecanismos brutales de persecución y censura; formas de amedrentar que tienen como medida extrema el asesinato.
El caso de Lesbia Urquía, junto al reciente crimen de Berta Cáceres, se suma a los 111 asesinatos de activistas ambientales registrados en Honduras entre 2002 y 2014 (una cifra que podría ser mayor). Global Witness califica al país como el más peligroso para el activismo medioambiental y señala que entre las mujeres latinoamericanas que han muerto por esta causa, unas tres cuartas partes han sido hondureñas.
Aunque la prensa oficialista de Honduras intenta ocultar las claves de estas muertes a la opinión pública, ambos asesinatos ocurrieron en medio de la tramitación para la construcción de grandes centrales hidroeléctricas y en circunstancias que apuntan a la persecución política y los mecanismos represores propios de un Estado dictatorial; una realidad que es constantemente denunciada por el Copinh y diversas organizaciones que velan por los derechos humanos a nivel mundial.
El cuerpo de Lesbia Urquía fue encontrado dos días después de que el gobierno sostuviera reuniones con la comunidad en el municipio de Marcala; proceso que está en conflicto con la demandas de parlamentarios del Partido Nacional por suspender las consultas previas, libres e informadas.
La lista negra
El diario británico The Guardian informó en junio de este año que meses antes de su muerte, Berta Cáceres aparecía en una lista negra distribuida entre las unidades de fuerzas especiales hondureñas con entrenamiento de Estados Unidos.
Cruz también señaló que varios otros miembros de esa unidad han desaparecido y se teme que estén muertos. «Si me iba a mi casa, me mataban.Diez de mis ex colegas están desaparecidos. Estoy 100% seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por los militares», contó Cruz al medio británico.
Annie Bird, directora del grupo Rights and Ecology, una organización que registra y denuncia los abusos a los derechos humanos cometidos en Honduras, explica: “El testimonio de Cruz sugiere que hay escuadrones de muerte que tienen a la oposición política como objetivo,pero el sistema de justicia está tan quebrado y directamente controlado por figuras implicadas en la corrupción, que no hay nadie que pueda investigar con credibilidad».
El jueves, la Secretaria de Seguridad de Honduras publicó un comunicado oficial lamentando la muerte de la ciudadana Lesbia Janeth Urquía y comunicando que de acuerdo a las primeras investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y unidades de inteligencia, Lesbia presentaba profundos golpes en su cráneo provocados por un «objeto contuso» y que el motivo probable del asesinato era «el robo de su bicicleta profesional». Luego, recalca que la policía se compromete a investigar e identificar a los asesinos.
El crimen de Berta Cáceres sigue impune. En el marco de las investigaciones, la Fiscalía hondureña arrestó a un ejecutivo de la compañía DESA, a dos militares y dos sicarios. El caso de Berta es especial, porque su figura fue mundialmente reconocida en vida, pero las desapariciones en Honduras ya son un patrón y aún quedan muchos crímenes sin un debido proceso justo. Al parecer, en el contexto de un Estado que persigue a las minorías y favorece los intereses de grandes compañías, el país no verá esta justicia en el corto plazo.
El Ciudadano
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