Hace algunos días he sido interpelado junto a otros colegas por una “Carta a los historiadores e historiadoras” de la Agrupación de Familiares y Amigos por la Libertad de los/as Presos/as del 14 de agosto de 2010, en que se nos llama a los “historiadores e historiadoras que en otros tiempos y en otros momentos ya han alzado su voz y lanzado sus palabras para que vuelen por el viento de la justicia histórica, aquella que muchas veces no se encuentra en los fallos de los altos tribunales, pero que sí puede bañar con su brisa las conciencias de miles de personas que antes de simplemente aceptar la realidad impuesta, le dan un espacio de vida a la duda y el cuestionamiento”. Se nos convoca a que, una vez más, pongamos nuestras palabras y acciones al servicio de la justicia histórica encarnada en una causa ciudadana actual (1).
Coincido en lo más sustantivo con los integrantes de la Agrupación de Familiares y Amigos por la Libertad de los/as Presos/as del 14 de agosto cuando señalan que “históricamente, el Estado chileno, se ha puesto al servicio de sectores muy privilegiados y minoritarios de su sociedad, a quienes ha perpetuado en el poder y llenado de todos los beneficios que la explotación sobre otros pueda generar; pero no es menos cierto, esa bolsa de riqueza sólo se ha logrado constituir por encima de un larga y triste franja represiva”. Represión que ha costado miles de vidas de hombres y mujeres de las clases populares, los pueblos originarios y contestatarios de diverso tipo que han constituido el “enemigo interno” contra el que este Estado ha dedicado sus mejores esfuerzos para contener, reprimir, y si es preciso, aplastar de manera inmisericorde. Solo precisaría que más que “ponerse al servicio” de los sectores privilegiados de la sociedad chilena, el Estado republicano ha sido su instrumento y construcción para la defensa de esos intereses minoritarios.
A las masacres de obreros, campesinos, pobladores, estudiantes y mapuches se han agregado a lo largo de dos siglos de vida republicana las restricciones de todo tipo a las libertades individuales y colectivas, los estados de excepción, las leyes represivas y excluyentes, las dictaduras y asonadas militares, los poderes omnímodos de ciertos aparatos de Estado y de sus representantes, la violación de la legalidad por parte de esos mismos personeros, la “configuración extra constitucional de la institucionalidad” (vía decretos con fuerza de ley y otras mediadas abiertamente inconstitucionales), y de manera general, el autoritarismo convertido en norma de gobierno y cultura política dominante. Estos han sido rasgos permanentes de la construcción del Estado en Chile.
Solo la irrupción de las clases y grupos dominados en ciertos momentos de la historia ha matizado ese panorama, logrando mediante un alto costo humano conquistar frágiles espacios democráticos y ver cumplidas ciertas reivindicaciones que, una y otra vez, se han visto amenazadas y anuladas por las políticas de las clases dominantes cuando estas han estimado que sus concesiones y retroceso táctico había llegado demasiado lejos.
Entonces no debería extrañarnos que en el Chile actual –cuyo marco político fue el fruto de una negociación a espaldas de la masa ciudadana entre representantes de la dictadura pinochetista y dirigentes de la oposición moderada a ese régimen- las limitaciones a las libertades democráticas y los actos ilegales de autoridades y agentes del Estado sean pan de cada día. Cualquier observador medianamente perspicaz puede darse cuenta que el “enemigo interno” sigue siendo el objetivo principal del celo represivo del Estado chileno. Así como en el siglo XIX este “enemigo interno” estuvo personificado por los “rotos alzados” y en el siglo XX por los anarquistas, comunistas, “subversivos”, “marxistas” y ”extremistas” de variada índole, desde 1990 lo han sido también los “subversivos”, junto a “terroristas”, “anti-sociales” y “delincuentes”, conceptos elásticos y acomodaticios que se aplican de manera separada o en amalgama, según las coyunturas y designios del poder, a mapuches, okupas, anarquistas, jóvenes populares y variadas categorías de izquierdistas o, simplemente, a personas o grupos que manifiesten comportamientos disruptivos frente al actual orden social.
El carácter de la transición chilena –“amarrada” y vigilada por los poderes fácticos y con desmovilización social alentada por el bloque concertacionista que gobernó el país durante veinte años- ha dado como resultado una democracia restringida, tutelada y de baja intensidad, que ha mantenido y reforzado las bases del modelo de economía y sociedad neoliberal. Las decenas de personas ejecutadas por las fuerzas represivas del Estado en “enfrentamientos” y en movilizaciones sociales en estas últimas dos décadas, la fuerte represión a las manifestaciones de protesta social, la inveterada costumbre policial de torturar, vejar y abusar de su poder, y la actuación igualmente abusiva e ilegal de policías y fiscales que recurren a montajes para incriminar y condenar a sus perseguidos (como si tuviesen que llegar a toda costa a una “cuota” de condenados para afirmar sus grises carreras profesionales), la intervención descarada de altos representantes del poder político (como el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter) en montajes policíacos en concomitancia con los servicios de espionaje e inteligencia de una potencia extranjera (los Estados Unidos) para acusar y condenar a inocentes (como el pakistaní Saif Khan), son elementos congruentes con el carácter de la transición política que se dio en Chile en la fase de declive de la dictadura, el tipo de Estado, de democracia y de modelo económico y social que existe en la actualidad. Al igual como lo fue, no hace mucho tiempo, la solicitud de ayuda del entonces ministro del Interior concertacionista Edmundo Pérez Yoma a los servicios de inteligencia de la misma potencia imperial para combatir la “subversión” mapuche, como ha quedado al descubierto por los documentos secretos norteamericanos publicados por Wikileaks.
La democracia tutelada, restringida y de baja intensidad así lo exige. Primero fueron los “subversivos” de los años 90, ahora son los mapuches, anarquistas, “terroristas” y “delincuentes”. Mañana serán otros los que encarnarán al “enemigo interno”. La amalgama reduccionista, reiterada y machacada por los políticos del sistema y los medios de comunicación, siempre da buenos resultados. Al menos mientras no exista suficiente masa ciudadana con sentido crítico y reflexivo.
Ante esto, surgen muchas interrogantes: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos que logramos percibir estas realidades y que no disponemos de los recursos del poder económico y político? ¿Cómo impedir tanto abuso y prepotencia del poder del Estado y sus representantes?, ¿Qué caminos escoger para que nuestras acciones sean útiles y no meros ejercicios testimoniales?, ¿Cómo evitar que nuestros propios actos sirvan a los propósitos de quienes se proponen criminalizar y judicializar las protestas sociales? ¿Qué hacer para que las libertades se amplíen y no disminuyan?
La respuestas son ciertamente complejas y diversas, pero tengo la convicción de que solo la lucha democrática, intransigentemente democrática, de la mayoría oprimida, explotada y perjudicada de diversas maneras por el actual sistema puede ser el punto de partida de futuros proyectos de emancipación. La movilización militante con apoyo social por la defensa del debido proceso, por el respeto de las garantías judiciales y de los Derechos Humanos de los presos y detenidos, por el respeto a la presunción de inocencia hasta prueba de contrario, por salvaguardia del honor de los acusados, y contra los montajes policiales y judiciales, son algunos de los combates que hoy se pueden dar en esa perspectiva. El reciente ejemplo de los presos políticos mapuches, sus organizaciones, familiares y redes militantes, con el apoyo de las comunidades de los territorios ancestrales del Wallmapu, nos indica el camino. Y aunque el desenlace de esa lucha aún no está claro, ya hay indicios de que los montajes de los fiscales en la Araucanía comienzan a desmoronarse. Otros montajes –como el del “caso bombas”- pueden y deben ser objeto de la crítica demoledora de la inteligencia y movilización ciudadanas. En esas luchas, los historiadores e historiadoras, al igual que otros intelectuales que no se han convertido en “científicos asépticos” o en consiglieri estipendiados del Príncipe, deberían hacer oír su voz.
Por Sergio Grez T.
Santiago, 25 de diciembre de 2010.
1) El involucramiento público y colectivo de ciertos historiadores e historiadoras en los combates del tiempo presente viene sucediendo de manera regular en Chile, a lo menos desde 1999. Tres manifiestos de historiadores referidos a la dictadura militar, los Derechos Humanos y la historia de Chile Contemporáneo (enero de 1999, diciembre de 2004 y abril de 2007), tres Declaraciones de historiadores e historiadoras en apoyo al pueblo mapuche (enero de 2008, agosto de 2009 y septiembre de 2010) acompañadas de sendas movilizaciones callejeras, y el actual desarrollo de un Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales en la Educación chilena, a partir de una Declaración de Historiadores y profesores de Historia y Ciencias Sociales (22 de noviembre de 2010) como reacción inmediata a las medidas de recorte de las horas de estas materias en la Enseñanza Básica y Media anunciadas por el ministro de Educación Joaquín Lavín, prueban que ello no ha ocurrido solo “en otros tiempos” sino que ha sido una constante que se deriva de nuestras concepciones de la Historia, del deber social de los historiadores y de su rol como agentes del pensamiento crítico.
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