¿Justicia?, cárcel para culpables: Masacre en Bolivia

Los muertos suman y suman. Como si se tratara de animales asesinados se van encontrando cuerpos en medio de la selva o en las riberas de los ríos. Varios llevan señales de una cruel tortura, otros fueron disparados a mansalva, algunos tienen una cinta del mismo color en la mano derecha, aún existen desaparecidos. Es la masacre de Porvenir, Pando, en el norte de Bolivia.

“A las dos de la mañana nosotros no teníamos armas, el otro grupo tenía bombas, dinamitas y nos lanzaron, nosotros estábamos regresando a Puerto Rico, nos siguieron dos kilómetros y ahí utilizaron armas de fuego, nos paramos en una pampa. Después nos encontraron en Porvenir, no podíamos avanzar, tenían ametralladoras, armas nuevas y mis compañeros escaparon por el monte, caían al río y ahí les daban el tiro. Debe haber 100 heridos y muertos, Había gente embarazada, había niños y niñas que fueron masacrados, cuando cruzaban el río para escapar les lanzaron tiros y las compañeras están ahí en el río, muertas dos señoras y otras dos heridas que estaban a punto de abortar”, es el relato de una dirigente indígena que fue testigo de la masacre.

El hecho sucedió el pasado jueves 11, pero los cuerpos se siguen
encontrando hasta hoy. Inicialmente -en medio de grandes
contradicciones- los medios de comunicación comerciales reportaron
“producto de los enfrentamientos” ocho muertos y 32 heridos, ayer la
cifra subió a 17 muertos y 41 heridos, hoy se habla de un genocidio.

Entre los indígenas asesinados fue encontrado, con dos disparos en el
cuerpo, el secretario ejecutivo de la Central Campesina de Puerto Rico,
Bernardino Tacua, nieto del héroe nacional Bruno Racua.

La mayoría de los asesinados son indígenas lecos o toromonas, entre
ellos aparecen dos funcionarios de la Prefectura de Pando, entidad
controlada por Leopoldo Fernández, aliado del extinto dictador Hugo
Banzer Suárez y hoy de Jorge Quiroga Ramírez.

De acuerdo al testimonio de la dirigente indígena, en la masacre –junto
a funcionarios prefecturales- participaron delincuentes brasileros y
peruanos; la información oficial que manejan organismos del gobierno
nacional confirma la presencia de sicarios extranjeros.

El fatídico día, un grupo de 300 campesinos e indígenas, o más, se
dirigía en camionetas desde sus comunidades hacia Filadelfia y Cobija
para participar en un ampliado de apoyo al gobierno y en contra de la
denominada media luna; sin embargo, no pudieron continuar debido a que,
indicaron, en la vía, empleados de la Prefectura de Pando y el Servicio
Departamental de Caminos hicieron una zanja y prepararon barricadas con
ayuda de maquinaria pesada.

Cuando los colonos se aprestaban a avanzar a pie fueron emboscados y
masacrados. Todo estaba organizado.

Estado de sitio

El Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural con el objetivo de
pacificar la región del norte del país, investigar los hechos suscitados
en la masacre y dar con los culpables materiales e intelectuales declaró
estado de sitio en el departamento de Pando. Hasta hoy, la medida de
excepción no cumplió sus objetivos, por la oposición existente en la
zona y por la resistencia civil que fue declarada.

El ministro de salud, Ramiro Tapia que se encuentra en la zona de
conflicto reconoció que él y otros representantes de esta cartera que
llegaron con insumos médicos para atender a los heridos de la masacre no
pudieron salir del aeropuerto de Pando debido a que, “todavía es
peligroso porque aún hay ráfagas de tiros esporádicos”.

“No hemos llegado al hospital (Roberto Galindo), no es muy lejos, pero
hay gente, francotiradores, en diferentes lugares y no se puede hacer un
tránsito libremente para hacer este tipo de atención”, aseveró.

El control militar y policial de Pando ocasionó el deceso del pastor
evangélico Tony Rivera y del soldado Ramiro Tiñini, ambos fallecieron
por armas de fuego.

Con el control casi total de las actividades por parte de los
uniformados, una comisión humanitaria se trasladó a Porvenir para
verificar la dramática situación.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo en la sede de gobierno, que
los muertos en Porvenir pueden superar la treintena, aunque no
proporcionó mayores detalles.

Aseguró que los hechos en Pando superan lo ocurrido en octubre de 2003
en El Alto, cuando 68 personas fueron asesinadas durante el gobierno de
Gonzalo Sánchez de Lozada. “En comparación de la población de El Alto y
la población de Pando se van a dar cuenta de esto que decimos”.

Exigió al Congreso Nacional garantizar una investigación transparente e
imparcial de lo sucedido y calificó al prefecto de Pando, Leopoldo
Fernández, de un genocida culpable de la masacre y de un delito de lesa
humanidad.

El vicepresidente del Comité Cívico de Cobija, Ricardo Shimokawa,
desmintió que se haya contratado sicarios para atacar a los campesinos
y, acusó, a los oficialistas de “armar y trasladar gente pagada”.

Comentó que tienen como prueba una convocatoria de los campesinos en la
que se pide a las bases a marchar con armas a la capital del
departamento. “Oiga, por el amor de Dios. Los sicarios fueron
contratados por el gobierno. Estábamos desarmados. Todo es absurdo”.

El representante cívico, aliado del prefecto Fernández, pidió la
presencia de observadores internacionales para que “vean lo que
realmente está ocurriendo en esta ciudad”.

Diferentes sectores sociales, demandan “cárcel para el prefecto
Fernández” porque ya no confían en los estratos judiciales que aún sigue
controlados por funcionarios ligados al gobierno del ex presidente
Sánchez de Lozada. La impunidad debe acabar y este caso debería ser el
inicio de una “revolución” en la justicia boliviana.

Diálogo sin condiciones

Aunque el prefecto Leopoldo Fernández señaló que resistirá el estado de
sitio, ya existe una orden de detención por no acatar la medida de
excepción.

El Consejo Nacional Democrático (CONALDE) conformado por los prefectos y
cívicos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Pando determinó apoyar
a Fernández incluso con la presencia de esas autoridades en Cobija,
actividad que quedó trunca porque les prohibieron el ingreso.

En una reunión de emergencia, realizada en las últimas horas en Santa
Cruz, el CONALDE advirtió anoche al presidente Evo Morales Ayma que si
se produce un muerto o herido más en Pando, frenará de inmediato el
diálogo que se reinició el viernes en La Paz.

El primer punto señala que ‘denuncian ante la comunidad nacional e
internacional que pese a que el representante del CONALDE, Mario Cossío,
se sentó a dialogar con el vicepresidente Álvaro García Linera, el
gobierno continuó con su plan de ocupación militar y violenta en Cobija’.

Demandan ‘que se inicie una investigación seria, que establezca las
responsabilidades sobre el genocidio contra el pueblo pandino; que
cuente con la participación de los poderes públicos del país y de
organismos internacionales que garanticen la imparcialidad.

El segundo punto es una advertencia de que ‘si hay un solo muerto o un
herido más en las circunstancias actuales (enfrentamientos) se producirá
un rompimiento de toda posibilidad de diálogo’.

Y el tercero es el anuncio de que los gobernadores y prefectos de los
departamentos del CONALDE decidieron trasladarse a la ciudad de Cobija
para expresar la solidaridad y el apoyo al pueblo de Pando.

En las próximas horas debería reiniciarse el proceso de diálogo entre
representantes del oficialismo y oposición.

Aunque un diálogo condicionado no tiene resultados concretos, tanto el
gobierno como los prefectos, hacen esfuerzos para que a través de esta
vía se encuentren soluciones duraderas a la difícil situación.

Se trata de lograr acuerdos en un pacto fiscal, otro constitucional y la
posible inclusión de las autonomías en el nuevo texto constitucional.

¿Golpe cívico prefectural?

Desde hace 21 días, varias regiones del país, sobretodo las ubicadas en
Tarija y Santa Cruz, están semiparalizadas; alrededor de 71 empresas e
instituciones estatales fueron tomadas o, mas bien, saqueadas; algunos
aeropuertos están controlados por los sectores de la oposición y por lo
menos existen 35 puntos de bloqueo de caminos.

‘Estamos ante una banda de terroristas y de asaltantes que están
desplegando un golpe de estado cívico empresarial; sus objetivos son
desconocer la Constitución y para ello no importa cualquier medio, están
dispuestos incluso a matar a bolivianos’, denunció el vicepresidente
Álvaro García Linera.

De acuerdo al oficialismo se pretende acabar con el gobierno de Evo
Morales Ayma y paralizar el proceso de cambio.

García Linera indicó que no se tomaron instituciones, sino ‘se ha
robado, se ha saqueado, se ha expropiado a los bolivianos y a las
bolivianas en cada una de las entidades que han sido asaltadas
criminalmente por bandas, por pandillas de ladrones, de delincuentes
financiados y promovidos por los comités cívicos de los departamentos de
Santa Cruz, de Tarija, de Pando y de Beni’.

Explicó que no contentos con haber robado y asaltado al pueblo
boliviano, haber destruido instalaciones públicas, estos grupos
delictivos cometieron actos de terrorismo en contra de la
infraestructura energética de los bolivianos, ya que han sido
dinamitadas, cerradas y saboteadas las válvulas que regulan el flujo
energético y gasífero.

Frente a la ofensiva criminal de un golpe de estado
terrorista-cívico-prefectural, dijo que el gobierno está implementando
las medidas necesarias para defender la democracia, para defender la
unidad del país y para defender a cada uno de los ciudadanos.

“Que sepan los golpistas que vamos a usar todos los medios necesarios,
todos los recursos necesarios para garantizar el abastecimiento de
energía y de alimentos para los bolivianos, si hay necesidad de importar
lo haremos, si hay necesidad de garantizar resguardo lo haremos’, dijo.

Además, advirtió que ‘tienen que saber que tarde o temprano la fuerza de
la Constitución Política del Estado va a imponerse sobre ellos’.

Como nunca antes ocurrió en la vida democrática del país, se produjeron
violentos enfrentamientos entre bolivianos.

Producto de choques entre oficialistas y opositores, en Tarija
resultaron 88 personas heridas, en Pando se reportan más de 44 y, en las
últimas horas en Santa Cruz, 18 heridos.

Varios medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa,
fueron víctimas de la violencia.

Ante esa situación, la Organización de Estados Americanos (OEA), la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), MERCOSUR, la Oficina de Bolivia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y,
otras, condenaron los actos de violencia en Bolivia.

Los 10 países que conforman la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR)
se reúnen de emergencia en Santiago de Chile para analizar el caso
boliviano.

En una decisión de profunda defensa a la soberanía nacional y, sobretodo
a la dignidad de los bolivianos y bolivianas, el Presidente de la
República, Evo Morales Ayma, determinó expulsar al embajador de Estados
Unidos en este país, Philip Goldberg.

“Sin miedo al imperio, hoy declaro al señor Goldberg persona no grata,
pido a nuestro canciller enviar hoy al embajador (una nota) haciendo
conocer la decisión del bobierno, de su Presidente, para que
urgentemente retorne a su país”, expresó el Jefe de Estado.

Al calificar al embajador norteamericano como “gente separatista”,
Morales Ayma recordó que Golberg antes de estar en Bolivia influyó en
Bosnia, Kosovo y la violencia desatada en la ex Yogoeslavia.

Vida antes que muerte

El Presidente de Bolivia, que participa en los actos de homenaje por los
198 años del aniversario de Cochabamba, aseguró que ‘donde está el
imperio no hay ningún desarrollo, ni superación, ni dignidad’.

Explicó que su decisión de declarar a Goldberg ‘persona non grata’ no
significa que Bolivia desee romper relaciones con EEUU ni ‘con nadie’,
pero que el embajador norteamericano se encontraba conspirando contra su
gobierno al haber realizado reuniones reservadas con los prefectos y
políticos de la oposición.

Agregó que no importan las consecuencias que pueda sufrir un país como
Bolivia, por esa determinación, pero lo más importante es la defensa de
la soberanía nacional.

A tiempo de señalar que Bolivia se encuentra en un proceso de cambio,
sin retorno, explicó que ayer oficialmente, en esta ciudad donde entregó
ambulancias a los municipios de este departamento, se arrancó la campaña
para aprobar la Nueva Constitución Política del Estado. “Quiero que
sepan que empezamos el proceso para refundar Bolivia”, dijo el Primer
Mandatario de la Nación.

Evo Morales Ayma, dijo que a pesar de todas las acciones racistas,
separatistas, violentas e ilegales que se realizan en algunas regiones
de la denominada media luna, el gobierno nacional priorizará el diálogo
a la violencia.

El Movimiento al Socialismo (MAS) y el Gobierno de la Revolución
Democrática y Cultural tienen entre sus principios básicos, entre su
ideología y programa, la defensa de la cultura de la paz a la violencia,
el consenso al enfrentamiento, la unidad ante la división, la cultura de
la vida ante la muerte…

Por Alex Contreras Baspineiro
Periodista y escritor boliviano, ex vocero de gobierno.